Congreso del Estado
Congreso de SLP busca castigar la discriminación por razón de estatus migratorio
Conapred registra que los migrantes son uno de los grupos más discriminados en México
Por: Redacción
José Ramón Torres García, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Poder Legislativo local, presentó una iniciativa que propone prohibir toda clase de discriminación originada por situación o condición migratoria, toda vez que, de acuerdo con datos arrojados por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), señalan que, entre los grupos más discriminados, se encuentran las personas migrantes en tránsito irregular.
“Actualmente nos encontramos ante el mayor fenómeno migratorio tanto a nivel mundial, como en el Estado, la migración incide en la vida de las mayorías de las personas, por diversos factores, como son, económicas, sociales, políticas, familiares o personales que impulsan la migración de personas potosinas a otras entidades o hacia el extranjero”, dijo el diputado.
El panista agregó que este grupo vulnerable tiene las características de no contar con la documentación necesaria oficial, por lo que sufre discriminación estructural de parte del estado porque no cuenta con acceso a la identidad, justicia, educación y servicios de salud; además de que se enfrenta a la violencia y detenciones arbitrarias de parte de las autoridades; e inequidad en la remuneración laboral.
De acuerdo a estimaciones basadas en la Encuesta Intercensal 2015, existen en San Luis Potosí 12 mil 146 migrantes de retorno 
La población migrante de retorno procedente de Estados Unidos, se concentra el 22 por ciento en San Luis Potosí, 8.1 por ciento en Rioverde, 6.6 por ciento en Soledad de Graciano Sánchez, 5.8 en Ciudad Valles y 5.1 en Ciudad Fernández. Y se prevé que los datos aumenten en un 5.0 por ciento de los migrantes con retorno.
La redacción de la iniciativa que propone el diputado Ramón Torres establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la condición o situación migratoria, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”
La iniciativa fue trunada a comisiones para su análisis y dictaminación.
Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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