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Zona Industrial de SLP es víctima de secuestros virtuales de datos
Palo Alto Networks confirmó que San Luis es el segundo estado con más casos de ransomware en el país
Por: Bernardo Vera
Guadalupe Zárate, encargado de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mencionó que la entidad ha registrado casos de secuestro de datos (ransomware) en el que se bloquean bases de datos para pedir en rescate a cambio de liberarlas, esto principalmente dirigido a empresas de la Zona Industrial, por lo que existe acercamiento con empresarios de este sector para dar seguimiento a las denuncias interpuestas:
“Sí, han denunciado penalmente y les damos seguimiento puntual. Todos ellos están protegidos; si hacen un ciberataque están muy bien protegidos, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte para ayudarlos y no incrementan las medidas de seguridad, nuestros sistemas o nuestra red de trabajo va a ser un fracaso y siempre van a estar entrando”, explicó el encargado.
Palo Alto Networks, la firma de ciberseguridad estadounidense, colocó a México como el segundo país de América Latina con mayor número de ataques de ransomware realizados durante el 2021, con un total de 23 acciones de este tipo que tuvieron éxito. De estos, la entidad potosina fue el segundo lugar, al efectuarse tres de estos ataques en el país, de acuerdo a la misma fuente.
Zárate explicó que los ciberataques de tipo ransomware recurren a un cifrado para bloquear los archivos o sistemas informáticos infectados; es decir, no pueden abrir los archivos de la red de trabajo afectada. 
El encargado de la Policía Cibernética especificó que uno de los ransomware más detectados en la entidad potosina ha sido el denominado ‘WannaCry’, e hizo énfasis en la protección de los sistemas informáticos de las empresas mediante antivirus, anti malware y otros mecanismos deben ser estrictos. Apuntó que los ataques de ransomware, al incurrir en una práctica de extorsión, se consideran un delito.
“Todo esto lleva a personas que buscan un lucro con esta actividad, y se le puede equiparar a la extorsión, ya que están pidiendo algo a cambio. En nuestro código penal del estado y federal se estipula así”, agregó.
Guadalupe Zárate mencionó que, a pesar de existir interés de los empresarios para interponer las denuncias sobre estas prácticas, no se han registrado detenidos en el estado o en el país, debido a la dificultad de rastreo de los atacantes, la protección que realizan, y en muchos casos porque suelen radicar en diferentes partes del mundo.
“En San Luis Potosí no ha habido ningún inculpado, y tengo conocimiento que tampoco en el país. Estos delincuentes son personas que estoy seguro no se encuentran en México, pero tenemos la obligación de darle seguimiento hasta encontrar a los culpables”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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