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La bronca de Branca: Crisis en Canaco
Los conflictos internos en la cámara empresarial provocaron que ayer casi se llegara a los golpes
Por: Jorge Saldaña
Ayer por la mañana, la sede local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de San Luis Potosí fue el escenario de un altercado entre consejeros del organismo y Juan Servando Branca, su presidente.
La discusión, de acuerdo a algunas versiones, estuvo a punto de convertirse en una pelea a golpes, lo que no pudo ser confirmado. De acuerdo a los testimonios de los consejeros presentes, el desencuentro fue producto de una triple expulsión de miembros destacados de la mesa directiva por parte de la Comisión de Honor y Justicia del propio organismo.
El dictamen de dicha comisión estableció que desde ayer quedaron expulsados Federico Cuadra Zuñiga, secretario de la mesa directiva; Luis Obregón Cervantes, vicepresidente de comercio, y el vocal Christian Adam Campos.
El propio Juan Servando Branca fue amonestado también, sin embargo, no fue expulsado ni retirado de su encargo.
Los antecedentes de la crisis que vive Canaco San Luis, y que quedó en evidencia durante la sesión ordinaria de ayer, se remontan a las fricciones y desacuerdos entre los miembros en la asignación de las carteras directivas, así como el supuesto “acaparamiento” del que señalan a Juan Branca y su equipo cercano respecto de las posiciones que se otorgan a la iniciativa privada en los consejos y comités tanto de transparencia y compras por parte de los distintos ámbitos e instancias gubernamentales.
Crucial para entender el conflicto es el caso de la también reciente expulsión de Fernanda Álvarez Montejano, ahora ex presidenta de jóvenes Canaco.
Fernanda Álvarez había denunciado a principios de este año, a través de sus cuentas de redes sociales, ser víctima de discriminación y violencia psicológica en Canaco, e incluso, de acuerdo a sus declaraciones en medios, también interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer adscrita la FGE en los mismos términos.
Los argumentos que Álvarez Monteja no expuso en su momento fueron que por ser una rival fuerte para competir por la presidencia de Canaco , la mesa directiva decidió denunciarla ante la Comisión de Honor y Justicia (integrada por ex presidentes y ex consejeros) acusándola de no usar los canales indicados en los estatutos del organismo empresarial para exponer sus inconformidades.
La Comisión entonces, y una más formada ex profeso por el propio Juan Servando Branca a la que se le denominó “Comisión de equidad y paridad de género”, deliberaron en conjunto la expulsión de Fernanda, la amonestación a Branca y finalmente ayer la expulsión también del secretario, vocal y vicepresidente de comercio del organismo.
Cuestionado vía telefónica, Juan Servando Branca negó que durante la sesión extraordinaria se haya llegado a los golpes, aunque aceptó que “hubo voces que no estuvieron de acuerdo con la resolución de las comisiones y lo pusieron de manifiesto”
Para el presidente de Canaco, la situación se trata únicamente de asuntos de la vida interna de los organismos y que se dirimen estrictamente conforme a sus estatutos.
Juan Servando Branca aseguró que la Canaco en San Luis se encuentra sólida, seguirá trabajando en beneficio de sus afiliados y “seguirá para adelante”, respetando las decisiones de las comisiones, haciendo y fortaleciendo su equipo.
Branca Gutiérrez forma parte del Consejo Potosí, convocado por el gobierno del estado para el estudio y toma de decisiones sobre infraestructura e inversión y se ha convertido en un vocero de la iniciativa privada en muchos de los asuntos públicos.
Hoy miércoles, al medio día en un salón del Club Libanés Potosino se llevará a cabo la “Toma de Compromiso” del consejo directivo 2022-2024 de la Coparmex del que está al frente Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. Al evento se ha confirmado la presencia de José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, así como de varios líderes empresariales y representantes camerales de organismos nacionales y locales.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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