Congreso del Estado
Congreso del Estado vigilará que Interapas aplique “Cuenta nueva y borrón”
José Luis Fernández afirmó que vigilará que el organismo no condicione la aplicación del programa a cosas no previstas
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, vocal de la Comisión del Agua, pidió al Organismo Intermunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) evitar condicionar a los usuarios la implementación del programa “Cuenta Nueva y Borrón”, ya que lo que se busca es apoyar a las familias potosinas.
El vocal de la comisión del agua dijo que los diputados estarán vigilando que el programa cumpla con los objetivos para los que fue creado, que es apoyar a la población con adeudos con Interapas y asegurar que: “Estamos abiertos a conocer y recibir las quejas y denuncias de los ciudadanos que además, deben tener la seguridad de que serán atendidos con puntualidad por el Congreso del Estado”.
Fernández Martínez destacó que: “se realizará un análisis muy profundo ante las quejas que se han presentado y se solicitará al Interapas que evite condicionar la aplicación de este programa con cosas que no estaban previstas en el decreto; como condicionar para la aplicación del programa el que los beneficiarios tengan que adquirir un medidor, pues esto lastimaría profundamente la economía de los usuarios, porque se estaría generando un desembolso que no se tenía considerado”.
De igual manera, el diputado le pidió al INTERAPAS ser cuidadoso con las obligaciones establecidas en el decreto, pues dentro de éste se contempló un artículo transitorio que obliga al operador tener que brindar un servicio de manera permanente y constante y en caso de no hacerlo tendría que hacer los ajustes en la facturación.
José Luis Fernández reconoció que por el momento, no se ha notificado sobre la puesta en marcha de este programa; sin embargo, el INTERAPAS, está obligado con base en la Ley de Cuotas y Tarifas a implementarlo durante todo el año.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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