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Diputado exige a Carreras no heredar convenios sindicales a Gallardo
Edgardo Hernández mencionó que en los 80 días restantes de Carreras al frente de SLP debe buscar una salida al conflicto con el SUTSGE
Por: Karina González
Edgardo Hernández Contreras, diputado local del Partido Verde, exigió que el gobernador Juan Manuel Carreras López pueda subsanar cualquier situación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), esto antes de que finalice su administración y “no herede acuerdos ni negociaciones al próximo gobernador Ricardo Gallardo Cardona”.
El legislador indicó que a pesar de que quedan aproximadamente 80 días de gestión de Carreras López debe buscar darle salida jurídica, laboral y social al conflicto con el sindicato “yo exijo rotundamente que Juan Manuel Carreras ponga fin a este conflicto de la mejor manera laboral sin afectar los intereses del sindicato pero que exijo que no se herede este problema a la próxima administración porque fue un acuerdo o negociación contraído en la administración actual, no tiene por qué heredarlo, tiene que dirimirlo en sugestión antes de que se vaya”, sostuvo.
Hernández Contreras mencionó que de no resolverse el problema y heredarse, habrá mucha presión de los sindicatos en contra de Ricardo Gallardo por controversias que no le corresponden, por lo que exhortó al gobernador y a la lideresa sindical del SUSTGE, Bernardina Lara a presentar las pruebas que tienen para que se pueda solventar la situación antes de que se vaya Carreras López.
El diputado recordó que los conflictos sindicales durante la administración carrerista no son algo nuevo, sino que fueron seis años de “hacer las cosas siempre por ocurrencias y nunca debidamente con estudios o proyectos que pudieran allanar el rumbo de un buen gobierno” 
“Esta administración debe hacerse responsable y asumir el costo político. Si en este convenio tuvo que ver Alejandro Leal como secretario, Adamelia Andrade como Oficial Mayor y Daniel Pedroza como secretario de finanzas, aun en funciones estamos en tiempo de que rectifiquen, porque no puede heredar el gobierno este tipo de negociaciones”, mencionó.
Finalmente, señaló que será el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) quien haga valer o no el convenio que exigen los sindicatos y que el gobierno del estado niega, para darle certeza o no a lo que en su momento se firmó, e insistió en que de haber opacidad se correría el riesgo de que el problema se extienda para “ganar tiempo” y que se herede al siguiente gobernador
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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