En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa

Por: Redacción 

Con estos datos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado admite irregularidades recurrentes en los procesos de adjudicación municipal en SLP y señala sobreprecios, expedientes mal integrados y uso excesivo de excepciones legales.

En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa —es decir, sin licitación ni competencia—, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI.

Ante estos datos, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reconoció que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios y motivo frecuente de observaciones.

El auditor explicó que, aunque las leyes permiten excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales suelen omitir estos procedimientos sin integrar adecuadamente los expedientes, lo que deriva en irregularidades administrativas.

Además, señaló que en algunos casos los bienes y servicios sí se entregan, pero a costos superiores, lo que representa un perjuicio para las finanzas públicas. “Al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa”, advirtió.

El IFSE también reconoció haber sido “flexible” con los municipios, priorizando la capacitación de funcionarios sobre la sanción inmediata, aunque admitió que las fallas persisten.

En ese contexto, Lecourtois López planteó la necesidad de reformar y homologar en el estado las leyes de Adquisiciones y Obra Pública —ya modificadas a nivel federal— para cerrar los vacíos que permiten el uso discrecional de la adjudicación directa.

El auditor insistió en endurecer las sanciones contra funcionarios que recurran indebidamente a estos mecanismos, aunque matizó que el estudio del INEGI es únicamente cuantitativo y no detalla las condiciones específicas de cada contrato.

El Concejo Municipal avaló el programa que permitirá establecer bases sólidas para el desarrollo ordenado y sustentable a nivel regional.

Por: Redacción 

El Concejo Municipal de Villa de Pozos avaló el Proyecto Definitivo del Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí 2026–2050, un instrumento de planeación que integra a los siete municipios de la zona metropolitana y que permitirá establecer bases sólidas para el desarrollo ordenado y sustentable de la región.

La Concejal Presidenta, Paty Aradillas destacó que, con esta aprobación, el municipio da un paso importante hacia la consolidación de políticas públicas que favorezcan un crecimiento urbano planificado, alineado a estrategias metropolitanas, que buscan mejorar la calidad de vida de la población y optimizar el uso del territorio.

El programa contempla lineamientos enfocados en el ordenamiento territorial, la movilidad, el desarrollo urbano integral y la sustentabilidad, lo que permitirá a Villa de Pozos contar con herramientas claras para la elaboración de su propio programa municipal, adaptado a sus necesidades y características particulares.

Finalmente, desde el Concejo se enfatizó que este avance fortalecerá la coordinación entre municipios, impulsará un desarrollo más equilibrado y permitirá atender de manera más eficiente los retos urbanos, para garantizar un crecimiento ordenado en beneficio de las y los habitantes de Villa de Pozos y de toda la zona metropolitana.

Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas

Por: Redacción

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.

El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.

“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.

Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.

El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.

Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.

Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.

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