Estado
Congreso no aprobó incrementos a las tarifas de agua potable en SLP
21 organismos operadores buscaban incrementar sus tarifas de consumo de agua
Por: Redacción
En Sesión Ordinaria, las diputadas y los diputados integrantes de la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad de 23 votos a favor, los Decretos que establecen las cuotas y tarifas de 21 organismos operadores de agua, ejercicio fiscal 2021, las cuales serán las mismas cuotas y tarifas del ejercicio 2020.
De esta manera, los organismos operadores de agua de los municipios de: Axtla de Terrazas; Cárdenas; Cerritos; Ciudad del Maíz; Ciudad Fernández, El Refugio; Ciudad Valles; Charcas; Ébano; El Naranjo; Matehuala; Rayón; Rioverde; San Ciro de Acosta; Tamazunchale; Tamuín; Tanquián de Escobedo; Villa de Arista; Villa de la Paz; Villa de Reyes; e Interapas, mantendrán las tarifas aplicables en el 2020, ya que en los casos en que se presentaron solicitudes de incremento a las tarifas, los municipios no cumplieron con lo establecido con la metodología para el cálculo de cuotas y tarifas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas del Estado.
Se indica en el dictamen que el derecho humano al agua quedó definido como el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, para tal efecto debe sujetarse a:
Disponibilidad: El abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esto comprende agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. El derecho humano al agua significa que, frente a otros usos del agua como la agricultura o la industria, debe concederse prioridad a los usos personales y domésticos.
Calidad: El agua debe ser salubre y no debe constituir una amenaza para la salud. Además, el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables.
Accesibilidad física: El agua debe estar al alcance físico de todos los sectores de la población, en cada hogar, institución educativa, lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Los servicios del agua deben estar en una ubicación segura y responder a las necesidades de los diferentes grupos.
Accesibilidad económica: Los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance económico de todas las personas. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben poner en peligro el ejercicio de otros derechos. Esto no significa que el agua deba ser gratuita para todos, pero sí que ninguna persona puede verse privada del derecho humano al agua por imposibilidad de pago.
No discriminación: El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, sin discriminación alguna. Se debe prestar especial atención a las personas y grupos tradicionalmente marginados, como las mujeres, las personas refugiadas, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad.
No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra. Esto significa que los Estados deben no sólo abstenerse de discriminar, sino adoptar medidas positivas para eliminar la discriminación de facto. Ello implica un esfuerzo mayor por identificar activamente las poblaciones marginadas- en muchas ocasiones invisibles y ni siquiera registradas en los censos- y buscar remedios ante prácticas discriminatorias.
Participación y acceso a la información: Comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua, incluyendo la higiene, en un formato comprensible y a través de medios de comunicación y lenguaje adecuados.
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Presentan iniciativa para reformar el Código Penal y garantizar el acceso al aborto seguro y legal en más circunstancias
Por: Redacción
Las organizaciones civiles Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Nueva Luna Salud de las Mujeres presentaron una propuesta ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para modificar el artículo 150 del Código Penal, con esta iniciativa, buscan ampliar las causales de exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto, alineándose con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las necesidades de las mujeres.
Entre las principales modificaciones propuestas, destaca la inclusión de nuevas causales como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento y los casos de pobreza extrema; además se plantea garantizar el acceso al aborto seguro cuando la vida o salud de la persona gestante esté en riesgo o en casos de malformaciones fetales graves.
Las activistas argumentan que la legislación actual es insuficiente y deja desprotegidas a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad
Los colectivos feministas proponen eliminar la obligación de denuncia previa en casos de violencia sexual, una medida que consideran inconstitucional y un obstáculo para las víctimas.
Otro punto crucial de la iniciativa es garantizar el derecho al aborto incluso ante la objeción de conciencia del personal médico, las colectivas consideran que el estado tiene la responsabilidad de asegurar que nadie se quede sin recibir este servicio.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones anunciaron que presentarán una nueva iniciativa para sancionar la negativa injustificada de los servicios de aborto como una forma de violencia reproductiva.
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El gobernador Ricardo Gallardo dijo que espera concluir los trabajos a finales de diciembre, aunque podrían extenderse unos días más
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que la Vía Alterna a la Zona Industrial será inaugurada durante las primeras semanas de enero de 2025, en conjunto con la prolongación de Avenida Salk, que se construye de manera simultánea.
Aunque se espera concluir los trabajos a finales de diciembre, el mandatario explicó que podrían extenderse unos días más, motivo por el cual la apertura oficial se pospondrá ligeramente.
La Vía Alterna está diseñada para aliviar aproximadamente el 30% del tráfico vehicular que actualmente congestiona la Carretera 57,
Este nuevo acceso conectará la mancha urbana de la capital con la zona industrial, ofreciendo una ruta alternativa para empresas situadas entre los ejes 102 y 140.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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