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Brújula Ciudadana: la plataforma que pretende medir el estado de derecho en SLP
La entidad ocupa los últimos lugares algunos estándares de seguridad, legalidad y gobernanza
Por: Itzel Márquez
Brújula Ciudadana por el Estado de Derecho es un plataforma encabezada por José Mario de la Garza Marroquín, que presenta sistemáticamente las mediciones del estado de derecho actual en San Luis Potosí, sus creadores pretenden que sea una herramienta para interactuar con los candidatos a gobernar el estado con dos objetivos principales: que los ciudadanos tengan una fotografía del estado de derecho en San Luis Potosí y, que sirva como una guía para la rendición de cuentas de la clase política.
Los ejes de diagnóstico mediante los cuales se realizó dicha medición son cinco: legalidad, rendición de cuentas, justicia, seguridad y gobernanza. José Mario dijo que fueron tomados en cuenta porque son los que se evalúan a nivel nacional e internacional.
En cuanto a la calificación promedio del estado, de la Garza Marroquín mencionó: “si haces una ponderación de los ejes y ves las calificaciones de San Luis Potosí, estamos reprobados en temas como justicia, impunidad y legalidad; pero en general nuestra posición es de media tabla y esto es un campo de oportunidad, que se debe tomar para mejorar el estado de derecho en el estado.”
Brújula Ciudadana tiene un apartado en su página web llamada Hoja de ruta, en donde exponen las acciones que deberían realizarse para atender los cinco ejes tomados en cuenta, por lo tanto, su vocero dijo que en cuanto se definan los candidatos a la gubernatura de SLP, esta AC les presentará la Hoja de Ruta para solicitarles que hagan propuestas concretas sobre cómo actuarán al respecto, la forma en que usarán el presupuesto, políticas públicas que impulsarán y cuántos lugares pretenden que SLP suba en la medición hecha por este instrumento.
En cuanto a la puntuación en Brújula Ciudadana, los seis mejores y peores indicadores calificados en el estado son:
Mejores: en primer lugar sentencias consideradas de interés público, sentencias emitidas, presupuesto para transparencia; en segundo lugar democracia de los ciudadanos, respeto de derechos y libertades; mientras que, en tercer lugar personal carcelario entre reclusos y profesionalización policial.
Peores: en último lugar accesibilidad de sentencias a personas con discapacidad, porcentaje de personal de seguridad aprobado, difusión de sentencias, sentencias publicadas, en penúltimo jueces en el sistema de justicia penal acusatorio por 100 mil habitantes y, en antepenúltimo presuntos delitos registrados por 100 mil habitantes.
José Mario de la Garza habló sobre las razones por las cuales San Luis está en algunos indicadores en los primeros y últimos lugares: “en los indicadores que está en buen lugar, el estado ha logrado avanzar con iniciativas, políticas públicas y en donde se encuentra en los últimos lugares, sucede lo contrario.”
“La impunidad, la falta de presentación de denuncias y el combate de homicidios son temas muy relevantes, porque la ciudadanía quiere cosas concretas: como lograr un San Luis Potosí seguro, combatir la corrupción y esto le va a servir a los candidatos para decir que van a hacer y cómo hacerlo”, recalcó el vocero la A.C.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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