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Diputada propone certificado de venta para animales en SLP
Los comercializadores deberián proporcionar a los compradores un certificado de venta en el cual se especifique la procedencia de la especie adquirida
Por Redacción
La diputada María Isabel González Tovar presentará ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección a los Animales para cambiar las reglas de compra-venta de animales silvestres o domésticos en la entidad potosina.
En su exposición de motivos, la diputada dice que “a consecuencia de la comercialización de animales, tanto silvestres como domésticos, se generan dos grandes conflictos: primero, el tráfico ilegal; y segundo, la sobreexplotación.
Por lo que con la finalidad de erradicar ambas prácticas, los comercializadores deberán proporcionar a los compradores un certificado de venta en el cual se especifique, entre otros datos generales, la procedencia de la especie adquirida, así como un manual de cuidado, albergue y dieta del mismo, que cumpla con los principios básicos que sustentan el trato digno a los animales”.
Agrega que dichos “documentos que deben estar previamente autorizados por un médico veterinario zootecnista con cédula profesional vigente, y que de ninguna manera substituyen los tramites, permisos, licencias y/o autorizaciones que otorguen las autoridades federales, estatales y municipales competentes para llevar a cabo actividades comerciales con animales”.
En específico, el artículo 38 de la mencionada Ley quedaría como sigue:
“Los lugares para la comercialización de animales domésticos o silvestres, quedarán restringidos a los permitidos por las autoridades correspondientes”.
Al comercializarse se evitará que los animales queden expuestos a la luz solar directa, sin la posibilidad de buscar sombra o no protegerlos de las condiciones climatológicas.
Las personas físicas o morales que se dediquen a la comercialización de animales domésticos están obligados a expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual deberá contener por lo menos:
- Animal o especie de que se trate;
- Sexo y edad del animal;
- Nombre y domicilio del vendedor y de la persona que lo adquiere;
- Procedencia del animal; y
- Calendario de vacunación.
El certificado de venta deberá encontrarse autorizado por un médico veterinario zootecnista con cédula profesional vigente. Asimismo, están obligados a otorgar al comprador un manual de cuidado, albergue y dieta del animal adquirido, que incluya, los riesgos ambientales de su liberación al medio natural o urbano.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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