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Tlahuelilpan: testigos hablan sobre la explosión de un ducto de gasolina
Por José Luis Vázquez
El pasado viernes 18 de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó la toma clandestina de gasolina del ducto Tuxpan-Tulpan en una localidad de Tlehuelilpan, municipio ubicado en el estado de Hidalgo.
Al lugar acudieron pobladores con bidones en mano para llevarse la gasolina que brotaba de un gran chorro que, según las autoridades, alcanzó varios metros de altura; después, alrededor de las cinco de la tarde, elementos del ejército, de seguridad municipal y del estatal, llegaron al punto de los hechos para pedirle a las personas se retiraran por el peligro que representaba tal situación, sin embargo, fueron ignorados.
De acuerdo a una entrevista realizada a un militar por El País, los 25 elementos que encontraban en el lugar, trataron de asegurar la zona, pero el número de pobladores era mayor, más de 800: “demasiados, eran camiones llenos, (…) ¿qué podíamos hacer? No les puedes impedir el paso”.
El Universal también cuestionó a una reportera que se encontraba relatando los hechos: “habían muchas personas que se acercaban con garrafones, había mujeres, niños y adolescentes. De hecho hasta se acercaban hasta la fuente en camionetas para poder cargar; empezaron a jugar y a hacer borlote en donde estaba brotando el hidrocarburo, brincaban, se reían y echaban relajo. Se mojaban y les parecía gracioso, mucha gente se estaba mojando con la gasolina”.
Otro periodista que se encontraba en el mismo lugar fue entrevistado por “El Excelsior
Fue a las 18:50 cuando las autoridades del estado confirmaron la explosión de dicha toma clandestina y que quitó, hasta el momento, la vida de 79 personas, además de las 81 que aún se encuentran en el hospital por severas quemaduras.
Tras la explosión, medios de comunicación lograron conseguir las declaraciones de familiares de las víctimas que resultaron de esta tragedia, “nadie nos dice nada, hay confusión, no nos dejan entrar. Las autoridades dicen que son 67 desaparecidos, pero el pueblo dice que son más de 100, jóvenes, niños, mujeres”.
Incluso aún hay gente desaparecida, “A mi hermano no lo encontramos, (…) nos dijeron que checáramos en las listas del hospital general, del IMSS, de Pachuca. No está en las listas que mandaron”, declaró un familiar a El Excelsior.
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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