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#Video | Palula: un año de lucha contra el influyentismo, la voracidad… y un tiradero tóxico

Por Édgar Yamil Zúñiga González

La mañana era algo fría, el camino largo y era obligatorio madrugar para llegar a aquel encuentro. El tiempo avanzó y con calma nos adentramos al Altiplano potosino. Con el pasar de los pueblos, la carretera se fue haciendo más estrecha, la flora se fue haciendo más escasa y aquellos arbustos de apariencia hostil a la orilla del camino extendían sus ramas para anunciar la entrada al desierto.

Santo Domingo es un oasis postrado en un rincón del desierto -al final del camino- donde el tiempo poco ha pasado y mantiene el recuerdo; es un pueblo que con ternura muestra su endeble figura, donde el sol calienta, la gente es buena y el bullicio es escaso.

La idea original de ir a ese municipio potosino fue para escuchar los avances de la lucha que los pobladores llevan, desde hace casi un año, en contra del gobierno y algunas empresas que buscan explotar su tierra y convertir aquel paraíso desértico en un tiradero tóxico que acabará con todo a sus alrededores.

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Como dice un corrido, “en mayo de 2015 se corrió el rumor de que este proyecto iría a comenzar”, por lo que la gente del lugar no tardó en movilizarse y emprender una lucha en favor de su patrimonio y bienestar. Hoy, a poco más de un año, este pleito ha avanzado lento pero a paso firme en lo legal, pero ha agarrado fuerza social y se ha ganado el respaldo de personas que creen en este andar.

Palula es una comunidad perdida entre los cerros, caminos sinuosos y de andar complicado, donde solo parece habitar la naturaleza y es justo ahí donde este tiradero tóxico se pretende instalar. De concretarse esta obra, la fauna y flora del lugar moriría, el agua se contaminaría y esto se traducirá en padecimientos crónico degenerativos para los pobladores como es el cáncer.

Esta contaminación también afectaría directamente a varias comunidades como Castañón, San Francisco, Santa Matilde, Tanque Dolores, Santo Domingo, La Victoria, La Merced y Ciriaco, en San Luis Potosí, y Puerto de Cigala, El Encino, Tanque de Guadalupe y Pozo de San Juan, en el estado de Zacatecas.

La población de Santo Domingo asciende a poco más de mil 100 habitantes, y la mayor parte de este municipio se dedica a actividades relacionadas con el campo.

El tiradero de Palula podría afectar algunos de los centro ceremoniales de la cultura Wixárica y además interferiría en la caminata que los huicholes realizan cada año hacia su centro ceremonial más importante ubicado en Real de Catorce.

La reunión a la que se nos convocó fue la última asamblea a realizar en el año, por parte del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo. Había asistentes de las diferentes comunidades que forman parte del municipio. El cuchicheo de algunos presentes relataba que el número de personas que asistió fue superior y que esto favorecería a la causa.

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Como esta reunión hay pocas, llena de ilusiones y metas compartidas, llena de palabras que alentaban a los presentes que los exhortaban a no abdicar. Con tantas acciones a realizar, es necesario el apoyo de más personas, que se involucre la sociedad y como dijo Guillermo Luévano, representante legal, “la pelea legal no es nada si no hay un pueblo que la respalde”.

Llamó la atención que entre los presentes se encontrara, Santos De la Cruz, licenciado de origen wixárica, quien lideró el movimiento en favor del centro ceremonial Wirikuta y logró sensibilizar a una nación. A Santos le acompañaba un grupo de líderes huicholes, todos fueron invitados para apoyar el movimiento y buscan el apoyo mutuo de sus comunidades en sus respectivas luchas.

Además se encontraban los dirigentes de las Comunidades Unidas de Zimapán, Hilario Encarnación y Alejandra Rojas, ambos vinieron desde el estado de Hidalgo a relatar su historia y aconsejar a los pobladores de Santo Domingo. Para contextualizar, Zimapán es un municipio del estado de Hidalgo que enfrentó una lucha similar a la que el municipio potosino está librando, de la que salió victorioso.

El estado actual del conflicto legal, emprendido por los ciudadanos de Santo Domingo, se encuentra a la espera de nuevas resoluciones y en un periodo de tres meses se darán respuesta, los representantes legales interpusieron tres amparos, de los cuales dos fueron favorecedores a la causa, ya que con ellos se permitió la suspensión definitiva de los trabajos para instalar el tiradero tóxico en las tierras de Palula.

El movimiento en Santo Domingo agarra más fuerza día a día, y los pobladores cada vez están más seguros de no abandonar su pueblo, su patrimonio, su salud y su vida, pero sobre todo se ve a la gente confiada de luchar como nuca antes y pasar a la historia como un pueblo que no dio por perdido su lugar de origen y sus raíces.

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