Daniel Esqueda

Periodistas de Proceso y Article 19: ¿Quién filtró el video de Edgar Daniel Esqueda?

Proceso y Artículo 19 están de acuerdo en que el video no comprueba nada y podría tratarse de un montaje

Por Luis Moreno Flores

«En esas condiciones pudieron hacerlo decir lo que fuera. Este video podría tratarse de cualquier cosa. No olvidemos en qué contexto se pone a circular el material», fue la respuesta de Verónica Espinosa, corresponsal del semanario Proceso, cuando se le preguntó si el video, dado a conocer ayer en el que Édgar Daniel Esqueda Castro, fotoperiodista asesinado el pasado 6 de octubre, es un montaje.

La mañana del jueves 12 de octubre, a una semana de que el cuerpo de Édgar Daniel fuera encontrado sin vida y con signos de tortura cerca del Aeropuerto de San Luis Potosí, un exjefe policiaco presentó el video al que se hace referencia y que posteriormente fue reproducido por usuarios de redes sociales. En las imágenes se observa al fotoperiodista de rodillas, amarrado por los pies y manos, con un vendaje en la cabeza que impide ver sus ojos pero que al mismo tiempo le permite leer un mensaje colocado en el piso. Una voz guía la conversación en la que Daniel Esqueda acusa a reporteros y funcionarios públicos de trabajar para un grupo del crimen organizado.

“No hemos completado un análisis del video, aún no tenemos una postura al respecto. En el caso de Édgar Esqueda Castro, nos hemos pronunciado por una investigación diligencia. La filtración de esta información es una ilegalidad, que en situaciones parecidas hemos visto provienen de las propias autoridades, con la intención de criminalizar el trabajo periodístico”, dijo a La Orquesta Eric Monterroso, quien forma parte del área de Protección y Defensa de Artículo 19.

“Más allá de dejarse llevar por lo que estas imágenes van a generar en la opinión pública, debemos apegarnos a lo que sabemos: Había indicios previos, muy fuertes, de amenazas contra Édgar”.

“Cuando la víctima aún se encontraba desaparecida, vimos cómo la Procuraduría se preocupó por desvincular de inmediato a la Policía Ministerial, pese a los señalamientos que el propio Édgar Daniel había hecho en su contra”.

“Reitero, que antes de dejarnos llevar, hay que tratar de comprender qué fines persigue la filtración de este video, en qué contexto se da y el riesgo en el que pone a otros periodistas, pues al denostar su trabajo y vincularlos con grupos criminales, los vuelve más vulnerables», apuntó Eric Monterroso, miembro de Artículo 19, una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en cuanto al tema de la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Verónica Espinosa coincidió con la postura de la organización y señaló:

“Como periodistas sabemos que este tipo de videos significan cosas, mandan mensajes. No son un elemento probatorio de nada. Hay circunstancias que explican por qué fueron hechos”.

“El que se haya filtrado es equivocado, grave y totalmente irresponsable, pone en peligro a otros compañeros. No contribuye en nada a la demanda de encontrar a los responsables del asesinato de Édgar Daniel Esqueda Castro. Pues no hay manera de saber si lo que se dice en él es verdad o mentira. Es un elemento que debería pertenecer a una investigación policiaca y no a un show mediático”.

¿Quién filtró el video?

Sobre el posible origen de este video y su intención de tratar de dirigir la investigación a criminalizar a la víctima, Eric Monterroso dijo:

«Ejemplos de este tipo hay muchos, como el de Lydia Cacho, Pedro Canché, Regina Martínez, Pedro Tamayo. Es una práctica que, por desgracia, cada vez es más recurrente. Decir “no era periodista”, “era un pseudoperiodista”, querer desvincular los crímenes de la actividad informativa de las víctimas, vincularlos con delitos del fuero común o crímenes pasionales, hacerles vínculos inexistentes con el crimen organizado (como en el caso de Edgar Daniel) son formas que ya hemos visto. Sin embargo, tenemos identificado que en más del 50% de los crímenes contra periodistas que tenemos documentados, está involucrado algún funcionario público».

La corresponsal de Proceso abonó que el presentar este material enturbia la investigación y apunta a que es una forma de desviar la atención: «La investigación debe centrarse en los hechos concretos. Primero, el asesinato de una persona que ejercía una labor periodística, sobre ese hecho se debe actuar. Pero también sobre otros hechos concretos como que Édgar Castro había denunciado que recibió amenazas de autoridades, en ellas tendría que estar focalizada la mirada pública».

Finalmente, sobre la postura que los medios de comunicación deben asumir, Espinosa expuso: «debe haber unión por encima de las diferencias entre cada medio. No se trata de caerle bien o mal a un compañero, no se trata de si el otro es un buen o mal periodista. Hablamos de un asesinato que ha marcado un foco de riesgo para el gremio. No debemos bajar la guardia en el reclamo de justicia. La causa común es el riesgo de ser periodista».

 

Artículo 19 exige justicia

Luego de que se diera a conocer el asesinato de Édgar Daniel Esqueda Castro, Artículo 19 hizo un pronunciamiento, al cual este medio se suma y replicamos a continuación:

«Esqueda Castro se convierte en el undécimo periodista asesinado en lo que va de 2017, alcanzando la cifra de asesinatos registrada el año pasado. De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 111 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. De estos, 38 se han registrado durante el actual periodo del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual demuestra que a pesar de que el mandatario anunció oficialmente las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en mayo pasado, son sólo retórica sin indicadores de impacto efectivo; los asesinatos contra la prensa continúan al mismo nivel que en 2016 y aún faltan 3 meses para concluir el año.

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), emprender una investigación diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial que tome en cuenta la labor periodística como línea principal de investigación, así como los indicios de participación de fuerzas de seguridad de la Policía Ministerial de San Luis Potosí en los crímenes. Esta investigación debe garantizar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño de su familia. Para ello, es fundamental que se realice un plan de investigación y se garantice en todo momento la preservación de datos de prueba esenciales para el esclarecimiento de los hechos.

De la misma manera ARTICLE 19 exige al Comité Estatal de Protección a Periodistas y al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), brindar información en versión pública sobre las acciones, gestiones y comunicaciones que se establecieron con autoridades estatales relativas a su conocimiento oficial de agresiones previas en contra de Esqueda. En el mismo sentido deben acordar e implementar medidas coordinadas de protección para la familia del periodista y los medios de comunicación para los cuales laboraba.

Además, ARTICLE 19 insta al gobierno del estado de San Luis Potosí, por medio de su ejecutivo Juan Manuel Carreras, a que implemente políticas públicas a nivel local que impidan la repetición de graves violaciones de derechos humanos contra periodistas y del derecho de la sociedad para poder acceder a información relevante de interés público. Asimismo, se exhorta a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal a que provea de información veraz, relevante y precisa a la sociedad acerca de este crimen que vulnera el derecho a la libertad de expresión, en un marco de pleno respeto a los derechos de los familiares del periodista en su calidad de víctimas.

Ante la evidencia de que la CEDH SLP no implementó acciones eficientes tras el conocimiento de las agresiones previas a manos de agentes estatales, exhortamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo aquellas vinculadas con la falta de debida diligencia en la investigación ministerial».

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