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#Sorpresa | Gobierno estatal esconde feminicidios a la Federación

Aunque en sus ruedas de prensa, la PGJE informó de 9 casos durante enero, el Sistema Nacional de Seguridad Pública solo registra tres

Por Ixchel Rodríguez

Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, a principios de febrero, que el número total de feminicidios ocurridos en San Luis Potosí durante enero de este año era de nueve, el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registró únicamente tres, lo que deja ver que las instancias estatales informan de forma incorrecta a la federación.

Según las estadísticas mensuales del SNSP, durante el mes de enero de 2018, en San Luis Potosí ocurrieron dos feminicidios con arma de fuego y uno más, ubicado en la categoría “con otro elemento”, pero no se especifica cuál fue.

En contraste, durante sus ruedas de prensa semanales, la PGJE, a través del subprocurador Aarón Edmundo Castro Sánchez, había dado a conocer nueve casos de feminicidios durante el primer mes de 2018.

El pasado 6 de febrero, Castro Sánchez informó, además de lo anterior, que tres de esos feminicidios ya habían sido resueltos.

La cifra es de destacar, pues durante todo 2017, San Luis Potosí tuvo un registro de 18 feminicidios, de los cuales únicamente nueve se resolvieron.

En entrevista con La Orquesta, Arely Torres Miranda, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la Alerta de Género y Feminicidios, dijo que no es la primera ocasión en la que los números que se manejan en el estado son distintos a los registrados en instancias federales, lo cual representa un problema, ya que puede restarle importancia a los casos de feminicidio.

Torres Miranda consideró que estas cifras llegan a minimizar la problemática de feminicidios en el estado: “El desestimar lo que está sucediendo, es algo que ha ocurrido mucho en este año y con cosas muy fuertes. Por ejemplo, esos mensajes de ‘no entren en pánico’, como si fuera poca cosa lo que vemos”.

Torres Miranda además señaló que la discrepancia de las cifras se ha presentado en otros estados de la República: a finales de noviembre de 2017, el Inegi detectó un incremento de un 152% en los casos de asesinatos de mujeres, contabilizando 2 mil 735 muertes, en todo el país, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios reportó una cifra de 3,174 víctimas, entre las que destacan mujeres reportadas como desaparecidas que posteriormente aparecieron asesinadas de forma violenta, por lo que no se precisa si este tipo de casos fueron tomados en cuenta.

También comentó que, aproximadamente desde el mes de diciembre, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública implementó una nueva metodología en torno a la recabación de datos y no todas las dependencias capacitan a su personal para atender este tipo de crímenes: “… falta voluntad política, además está el desconocimiento de los procesos y muchas veces, el machismo dentro de las mismas corporaciones”, ello ha llevado a realizar una mala clasificación de los casos, “incluso varias asociaciones señalamos que hay una disparidad enorme de criterios conforme a los feminicidios… les cuesta mucho trabajo entender a las diferentes corporaciones y estados que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio, ya si en el proceso se llega a otra conclusión pues es distinto, pero en un inicio se debería de aplicar el protocolo de feminicidio”.

Por citar un ejemplo, Torres Miranda comentó que debido al poco conocimiento que las instancias tienen respecto a los feminicidios, cifras del mismo Secretariado indicaron que en ocho entidades (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, CDMX, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán) no se tuvieron carpetas de investigación por feminicidio.

Por otro lado, la activista manifestó que las condenas que se han dado en San Luis en casos de feminicidios no son suficientes, debido a la gravedad de los casos: “Las mujeres no estamos teniendo acceso a la justicia”, lo que genera un ambiente de impunidad: “Tiene que ver en que definitivamente los feminicidas se sienten protegidos, debido a que no se pone el empeño que se debe poner desde el inicio de los casos”, porque desde un inicio están mal clasificados.

Viviana Elizabeth Vázquez Gutiérrez

Torres Miranda recordó el caso de la joven Viviana Elizabeth, quien en noviembre de 2016 fue reportada en un inicio como persona extraviada. Sin embargo, días más tarde su cuerpo fue localizado en el pozo de una exhacienda en Ahualulco. Derivado de la investigación, resultó como responsable de este feminicidio la expareja sentimental de la joven, junto a un cómplice. Ambos fueron condenados a 20 y 10 años de prisión, respectivamente. La activista comentó: “La condenas que se están dando son una burla”, e insistió que en esto también influye el hecho de que, en un principio, los casos no son debidamente abordados como feminicidios.

Sobre la declaratoria de Alerta de Género en ocho municipios de San Luis Potosí, Arely Torres señaló que actualmente no se está haciendo lo necesario para prevenir o resolver estos delitos “ni siquiera lo mínimo necesario para solucionar esta situación de emergencia que se está viviendo… ahí están los protocolos, solo hay que aplicarlos”.

Apuntó que, por parte de las autoridades, no ha habido resultados y, hasta el momento, en el estado no existe “un mecanismo eficaz para la atención de las violencias”. Incluso señaló que para una víctima de violencia de género resulta un tormento el proceso de denuncia, ya que no hay capacitación en las instituciones, que terminan por revictimizar.

Tampoco -agregó-  se les da la atención suficiente o el seguimiento debido, como el caso de una mujer en Ciudad Fernández que fue asesinada a tiros por su esposo, quien posteriormente se suicidó: “Ahí ya había denuncias previas de violencia familiar, ya tenía ella una orden de protección… y el marido va y la mata… ¿entonces qué está pasando?, hay algo tan disfuncional (en las dependencias) que no se están cuidando los procedimientos o no se les da la importancia que debe para garantizar protección y la vida de las mujeres”.

Puntualizó que este tema no es solo concerniente a los municipios en los que hay Alerta de Género, “se trata de garantizar la atención y la dignidad que tenemos las mujeres en San Luis”. Arely Torres Miranda además dijo que fue un gran avance el lograr que se reconociera la problemática de feminicidios en el estado, sin embargo, aún falta capacitación, atención y sobre todo, voluntad de las autoridades e instancias correspondientes para lograr la prevención y la resolución de estos crímenes.

Por su parte, el subprocurador Aarón Edmundo Castro Hernández manifestó, en una rueda de prensa, que la PGJE se encarga de generar las condiciones para que los procesos de investigación de los hechos en los que pierde la vida una mujer, se investiguen bajo protocolo de feminicidio y al mismo tiempo generar una resolución para la no impunidad de los mismos, “hoy tenemos una posibilidad operativa de mayores dimensiones, (…) nosotros cumplimos con lo que le corresponde a la institución”.

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