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#SLP | PGR presume condena para violador… menor a la marcada por la ley

Joaquín pasará solo seis años en la cárcel por abusar de su hijastra, aunque el código penal marca al menos nueve años de prisión 

Por El Saxofón

 

El pasado 24 de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, difundió un boletín de prensa titulado «Logra PGJE sentencia condenatoria de seis años a violador en Rioverde». En el comunicado, la Procuraduría informó que un sujeto, acusado por violar a su hijastra, menor de edad, durante dos años, recibió una sentencia de sólo seis años de prisión, menor a la pena mínima estipulada en el Código Penal de San Luis Potosí, que es de 8 años de cárcel.

La sentencia contra el presunto violador, fue dictada por un juez en un procedimiento abreviado, una de las opciones que concede el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y que de acuerdo con especialistas, ocasiona que los presuntos delincuentes purguen condenas reducidas o incluso, que queden en libertad.

En un país y un estado anhelante de justicia, pocas veces se conocen las condenas que reciben los delincuentes por los delitos cometidos. A menudo, las autoridades solo informan de la detención de los presuntos responsables de algunos delitos, sin embargo, queda en penumbra el proceso que siguen: más allá de las víctimas y su círculo cercano, la sociedad no conoce qué sucede después de la detención: pocas veces se sabe si el delincuente quedó libre o bien cuál fue la sentencia dictada por la falta cometida.

El caso al que se refiere el comunicado de la PGJE parece ser un ejemplo de lo laxa que suele ser la justicia para quienes cometen delitos sexuales, si se toma en cuenta que el abuso sexual se cometió contra una menor de edad y extendió a lo largo de dos años, durante los cuales la víctima permaneció amenazada por quien fuera la pareja sentimental de la madre, una de las agravantes que el Código Penal considera en los casos de violación.

La historia

El 8 de noviembre de 2016, al contarle a su madre el abuso del que estaba siendo víctima por parte de su padrastro, la menor puso fin a la pesadilla que había vivido a lo largo de dos años. Ese día, Joaquín, el presunto violador volvió a abusar de ella, pero fue la última vez, porque de nada valieron sus amenazas y la pequeña por fin habló.

De inmediato su madre interpuso la denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Media. El proceso que siguió se resume de la manera siguiente: el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, la cual fue otorgada por el juez, y cumplimentada por la Policía Ministerial.

Luego siguió la audiencia de formulación de imputación, en la que Joaquín fue vinculado a proceso, y como medida cautelar se le dictó prisión preventiva oficiosa. Tras ello se abrió un periodo de investigación complementaria de seis meses.

De acuerdo con el comunicado, «en ese lapso, los fiscales de la PGJSLP (…) Luego de una serie de diligencias y actos de investigación, se logró demostrar de manera fehaciente la participación de Joaquín en el delito de violación, pero la defensa, al ver en la carpeta de investigación los datos de prueba contundentes, solicitó  el juicio de procedimiento abreviado para acelerar la terminación del procedimiento penal”.

«El Juez de Control analizó la solicitud y al ver que cumplía con los requisitos de ley para llevar a cabo dicho procedimiento, lo autorizó”.

«Los fiscales de la PGJSLP ofertaron los datos de prueba en donde quedó demostrada la responsabilidad del imputado y una vez desahogados los mismos, se le dictó dicha sentencia condenatoria”.

Al final, Joaquín recibió una condena de seis años de cárcel, por el delito de haber sometido a abusos sexuales a una menor, hija de su pareja sentimental, durante al menos dos años.

Cabe señalar que el Código Penal de San Luis Potosí en su artículo 171, fija una pena de 8 a 16 años de prisión para quien cometa el delito de violación.

Además el artículo 176, precisa que «Las penas previstas para la violación a que se refieren los artículos 171, 173, 174, y 175 de este Código, se aumentarán de uno a cuatro años de prisión (…) Cuando el delito fuere cometido por  (…) cónyuges, amasios, o concubinarios del padre o de la madre de la víctima».

Violaciones, en aumento

Desde mayo del 2016 se advirtió un aumento en las denuncias por violación sexual y un repunte en los delitos sexuales en general denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Al cierre del año, el comportamiento estadístico registrado con respecto a este delito, arrojó una tendencia alcista no vista desde hacía por lo menos tres años antes: 2016 terminó con 335 nuevas denuncias por violación, mientras que en 2015 se habían presentado 275.

En los primeros cuatro meses de 2017, este delito, principalmente cometido contra mujeres y menores de edad, ha alcanzado la cifra de 154 denuncias.

Estos números no hacen sino confirmar el clima de violencia de género que se viven en una entidad como San Luis Potosí, donde de acuerdo con datos del Inegi, la violencia de tipo sexual es sufrida por el 22.33% de las mujeres del estado, un porcentaje considerablemente más alto respecto el registrado a nivel nacional (13.51%).

Solo Oaxaca y Quintana Roo presentan porcentajes superiores al de San Luis Potosí, con 22.49% y 22.48%, respectivamente, en materia de violencia sexual.

En 2016, se presentaron además 41 denuncias por casos de estupro y 341 por Otros delitos sexuales.

Denunciar

Presentar una denuncia por violación y exigir la integración de una averiguación previa no es nada fácil. Además de lo terrible que es para una mujer hablar de una situación que le causa vergüenza e indignación, tienen que aportar declaraciones de testigos, pruebas médicas y estudios de laboratorio para comprobar si hay líquido seminal en la vagina, u otras señas del ataque. Hay que exhibir los moretones, los arañazos, la evidencia de que hubo contacto físico y de que la víctima mostró resistencia al hecho aún y cuando ello aumentara el nivel de violencia que ya de por sí representa un ultraje.

En la mayoría de los casos, los agresores sexuales se encuentran dentro del mismo círculo familiar o cercano de las víctimas. A menudo, los ataques sexuales son perpetrados por padrastros, abuelos, tíos, personas de las que no se sospecha debido a la proximidad que tienen con las víctimas o sus familias.

La cifra negra en el caso de los delitos sexuales supera el 90 por ciento de los casos, según estadísticas a nivel nacional.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, sólo 87 mil 404 personas, de un total de 979 mil 496 que sufrieron algún abuso, hostigamiento, estupro, violación o acoso sexual, decidieron levantar una averiguación previa ante el Ministerio Público; es decir, 91.1 por ciento restante (892 mil 92 agredidos) guardó silencio sobre el hecho.

Si el número de denuncias es bajo, aún más bajo es el número de presuntos agresores que purgan condenas por delitos sexuales. Las estadísticas del Inegi señalan que en 2014 había 7 mil 510 reclusos purgando una sentencia por algún delito sexual: por violación, 3 mil 947; por abuso, 2 mil 396 personas, y por acoso, 40, entre otros.

Aunado a ello, las penas por el delito de violación son muy disímiles en las diferentes entidades de la República, lo cual dificulta la posibilidad de una homologación que permitiera combatir de manera más efectiva este delito en todo el territorio nacional.

La pena máxima más alta por el delito de violación es la del estado de Nuevo León, donde un violador puede pasar hasta 30 años de cárcel, si un juez lo decide. Sin embargo, hay entidades como Querétaro cuyas sanciones son las más bajas de todo el país, pues la mínima son 5 años de cárcel y la máxima solo 12. La pena mínima más baja en todo el país es de 5 años de cárcel.

A nivel nacional, se calcula de 4 de cada 10 víctimas de violación son menores de 15 años.

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