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#SLP | Ecuación corrupta: la impunidad un año después

El caso sigue paralizado por deficiencias de la Fiscalía

Por José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel

 

A un año de la “ecuación corrupta”, poco se ha hecho respecto al tema. La investigación sigue parada por la falta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de San Luis Potosí; misma que los diputados locales llevan meses analizando para su aprobación.

Esta famosa ecuación se dio a conocer a través de un video, en el que se puede observar al ex diputado Enrique Alejandro Flores Flores y al alcalde del municipio de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, hablar de cómo “limpiar” observaciones por 40 millones de pesos en su cuenta pública.

De esta forma se reveló el esquema de corrupción en el que diputados locales como Óscar Bautista, Manuel Barrera y J. Guadalupe Torres y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado actuaban en conjunto para borrar el historial de los alcaldes a cambio de dinero.

“Pero ellos sí te van a pedir lana para que no debas ni nada, por dejarte limpio, que no debas nada, que no tengas ni un pedo, pero me dicen: que pase por lo menos el diez por ciento de lo que debe”, dice Flores en el video que expone el mencionado acto de corrupción.

Tras dicho escándalo, el ex diputado local por el PAN, renunció a su curul y al frente quedó Jorge Luis Miranda, quien en entrevista para La Orquesta Mx, afirmó que su carrera política se ha visto afectada por estos hechos, aunque por otro lado, también lo ha fortalecido.

“A mí me hablaron cuando yo era líder juvenil del partido, para que yo fuera suplente de Enrique, por la cantidad de gente que tenía internamente y liderazgo juvenil que tenía. Al principio fue muy fuerte la situación en algo que yo no tenía nada que ver, y pues yo siendo la persona suplente, pues sí me vi muy afectado y hasta ahorita a la fecha me han golpeteado mucho”, aseguró.

La presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, Lucero Jasso Rocha aseguró que la investigación de la ecuación corrupta tiene que avanzar para que se recupere la confianza en las instituciones, por lo que agregó: “simplemente que se sigan las investigaciones y que tope donde tenga que topar. Ojalá y que ya al cumplirse un año, las autoridades que están llevando la investigación actúen de manera más rápida para resolverlo lo antes posible”.

En ese mismo tema, los diputados pertenecientes a la misma comisión, Lucila Nava Piña y Raúl Zúñiga Padilla concordaron en no ser una autoridad competente para dar seguimiento al caso, aunque sí se mostraron de acuerdo en que las investigaciones tienen que avanzar.

Por su parte, el congresista  perteneciente a la Comisión de Vigilancia, Mariano Niño Martínez, señaló que la autoridad competente debe estar atendiendo el caso y la investigación correspondiente, ya que aseveró, no han recibido retroalimentación de la misma.

Lucila Nava Piña

INSTITUCIONES PARALIZADAS

Nava Piña informó que el Congreso del Estado recibió varias propuestas de ley por parte de la Fiscalía General y de la Consejería Jurídica, las cuales están en la Comisión de Gobernación de Justicia para revisión y procedencia de dictamen.

El suplente del protagonista Enrique Flores, Jorge Miranda, consideró que la investigación “habría que verla con la comisión correspondiente, debe estarlo trabajando gobernación en conjunto con justicia” y agregó: “nosotros sí hemos querido darle esa parte de seguimiento. Nada más es sacarla de la congeladora para que se inicie ese tema de proceso. Hay que comentarles a los diputados que están en esas comisiones para sacarlas lo más rápido posible”.

 

UN ASUNTO DE CORRUPCIÓN

El Frente Ciudadano Anticorrupción, ofreció una rueda de prensa con motivo de un año cumplido desde que se dio a conocer este acto de corrupción y enlistó una serie de los logros obtenidos tras este asunto, entre los que se encuentra: la renuncia del titular de la Auditoría Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo y de 18 de sus funcionarios más cercanos, así como el despido de 80 personas recomendados por los diputados; el rechazo de los informes finales de auditoría de las cuentas públicas 2016 de los 103 entes fiscalizables; la aprobación de las reformas para desaparición del fuero y la desaparición de la entrega de recursos públicos adicionales a los diputados para apoyos de gestoría.

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