Seguridad, ¿para quién? | Columna de Jesús Alejandro Tello

Hace 10 años, el entonces presidente, Felipe Calderón ordenó el comienzo de la denominada, y mal lograda, «Guerra contra el narcotráfico», con la cual se sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para que combatieran al crimen organizado (sin duda más organizado que el propio ejército) y con ello realizaran la labor que corresponde a las fuerzas policiacas de orden civil.

Pasado el sexenio de Felipe Calderón, y con el regreso del PRI a la Presidencia de la República a través de Enrique Peña Nieto, esta estrategia continuó con todo y se buscaron alternativas para que las policías desempeñaran las labores para las que son instruidas. El resultado: cientos de miles de civiles muertos, violación de derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses y una policía civil que no cumple su función y en muchos casos está a las órdenes del mismo crimen organizado.

Desde hace varios meses se intensificó la discusión en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, además de la iniciativa de ley, con el apoyo del PRI y el PAN, sobre la seguridad interior. Ésta última ha quedado sin explicitar de manera clara ante la población para que pueda entenderse la diferencia entre la seguridad nacional (amenazas a la soberanía nacional), seguridad interior (catástrofes naturales, epidemias, amenazas de golpe de Estado) y seguridad pública (en materia de lo civil). Esta discusión, además, ha adquirido tintes de moneda de cambio político de cara a las elecciones federales de 2018, con los dimes y diretes entre actores políticos como Andrés Manuel López Obrador u Osorio Chong.

El Congreso de la Unión tiene la intención de aprobar antes del 30 de abril la Ley de Seguridad Interior, impulsada principalmente a través de las iniciativas de César Camacho y Gil Zuarth, que lejos de regresar al ejército de vuelta a sus cuarteles (de manera gradual, como es deseable), pretende facultarlo legalmente para que pueda actuar de formas poco claras en tareas de seguridad pública. Entre las facultades más graves se encuentran que el presidente podría utilizarlo a discreción y unilateralmente en contra de la gente, que pueda ejercer acción letal contra la protesta pacífica y un ambiguo colofón cierra con “… y las demás acciones que se consideren necesarias.”; en pocas palabras, represión de las libertades cívicas y derechos humanos fundamentales, aunado a la militarización del país.

Hay que señalar lo que resulta ser no muy claro para la población en general: el ejército no está entrenado para efectuar labores de seguridad pública, no tienen por qué cumplir esta función. Es necesaria la instrucción de la policía civil que, obviamente, no caiga en la corrupción en la que se encuentra actualmente. El apoyo de las fuerzas armadas, y enfatizo «apoyo», es distinto y algo que en algún momento podría ser necesario.

Por lo que es completamente necesario entrar en esta discusión pública para apoyar a los distintos grupos y asociaciones de la sociedad civil que intentan revertir este grave escenario al señalar los errores que el gobierno no quiere ver. O peor, que los ve y no tiene intención de corregirlos. Como si el gobierno fuera una entidad contraria a la población.

@alejandrotello

Nota Anterior

El balcón vacío | Columna de Jorge Ramírez Pardo

Siguiente Nota

Trí "Descafeinado" | Columna de Emmanuel Gallegos