Las autoridades han sido omisas y acumulan una serie de escándalos en la materia

Por El Saxofón

En el estado de San Luis Potosí se está consumando un desastre en el tema ambiental. El declive que se atisbaba desde hace años en modo estructural finalmente reventó este mes desde varios flancos por omisiones de todos los niveles de gobierno.

La decadencia quedó patente ayer con un nuevo episodio: la Sierra de Álvarez perdió su condición de Área Nacional Protegida tras fallo de un tribunal federal.

La organización Cambio de Ruta informó que el Tribunal optó por sobreseer “el juicio por una supuesta falta de interés legítimo de los quejosos” e indicó que debido a ello las compañías mineras y empresas irregulares podría hacer lo que les venga en gana, aunque esto sea en detrimento del ecosistema potosino. Además, acusaron a las autoridades ambientales de tener desinterés “de las autoridades ambientales de aplicar un plan de manejo que debió emitirse desde 1981”.

Cambio de Ruta lamentó que no se estableciera un programa hidrológico que “hubiera permitido regular todas las actividades que se hacen en la Sierra de Álvarez, conservar la flora y fauna, preservar la reserva forestal que sirve de pulmón para San Luis Potosí y la recarga hidrológica, así como conservar el lugar de esparcimiento familiar que tanto disfrutando”.

El panorama deja cada vez más señaladas a las autoridades que hasta el momento no han dado una respuesta firme ante lo que es ya un acumulado de tropiezos.

SLP, TOP 3 EN DELITOS AMBIENTALES

Los delitos ambientales repuntaron en San Luis Potosí en enero pasado. Al inicio del año la entidad registró 18 denuncias por este tipo de delitos, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México, que acumuló 43 denuncias y el Estado de México con 36.

De las carpetas de investigación abiertas por delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, 11 fueron por denuncias interpuestas en la capital del estado, 3 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en Ciudad Valles, una en Rioverde y una más en Villa de Reyes.

A nivel nacional, se denunciaron 119 casos de delitos Contra el ambiente. Otros estados que reportaron delitos contra el ambiente son Baja California (5) Chihuahua (3), Michoacán (3), Chiapas (2) Puebla (2) Quintana Roo (2), Aguascalientes (1) Guanajuato (1), Hidalgo (1), Jalisco 1 y Veracruz (1)

Los estados que no reportaron este tipo de delitos en enero pasado son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En 2018 se denunciaron un total de 45 delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, lo cual quiere decir que tan solo en el primer mes de 2019, ya se denunciaron una cantidad equivalente al 40 por ciento del total de delitos registrados el año pasado.

Aunado a ello, si se toma en cuenta que en enero de 2018 solo se presentó una querella por este tipo de delitos, en comparación, en enero de 2019 se registró un repunte de bastante considerable.

 

CONTAMINACIÓN EN VARIAS RUTAS

Algunos delitos contra el ambiente son de sobra conocidos en San Luis Potosí. En días pasados se denunció a la opinión pública, por enésima ocasión, la contaminación que genera en el Río Huichihuayan la descarga de aguas residuales provenientes de una fábrica de jugos.

Por otro lado, la Sierra de Álvarez se vio inmerso en la explotación de la empresa Cal Química de México, pese al rechazo de los pobladores, quienes sostienen que el trabajo de la compañía deteriora el ambiente.

Sobre este tema, los ciudadanos denunciantes acusan la falta de acciones por parte de las autoridades ambientales, en este caso la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuya titular Yvett Salazar Torres

ha sido señalada en numerosas ocasiones por omisión en distintos casos de afectaciones al ambiente por parte de empresas.

Sin embargo, la ex diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene en el cargo.

 

AGUAS TURBIAS

En días pasados, el diputado presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Mario Lárraga Delgado señaló que los ríos de la huasteca potosina enfrentan severos problemas de contaminación, por lo que es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realicen una verificación continua y apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de la contaminación de estos afluentes.

Consideró que en lo que corresponde a la legislación local, sería necesario analizar la necesidad de endurecer las sanciones para aquellas empresas que generen contaminación a los ríos de la entidad.

El diputado se refirió concretamente al caso de la juguera que por años ha vertido sus residuos al cauce del Río Huichihuayan, y subrayó la “poca atención” que las autoridades en materia de ecología han puesto a las denuncias ciudadanas por este caso de contaminación.

“La contaminación de los ríos en la zona Huasteca es muy grave, desgraciadamente se ha puesto muy poca atención a los reclamos de los ciudadanos, existe actualmente una fábrica de jugo de naranja que contamina seriamente el río de Huichihuayan”, dijo el legislador.

Además, señaló que en los ríos de Ciudad Valles y El Naranjo, también existe contaminación de parte de los ingenios azucareros, y aseveró que hay denuncias de que vierten sus desechos al río Gallinas.

“Realmente tenemos pocos ríos de agua pura, porque la mayoría están contaminados”, sentenció.

Lárraga Delgado, recordó que hace algunos años, se aplicó mano dura de parte de la administración municipal de Tanlajás, y así se logró frenar la contaminación del río Coy que era el sitio en donde los ingenios azucareros arrojaban sus desechos.

UNA LEY QUE SE IGNORA

El Código Penal Federal, en su Título Vigésimo Quinto, establece los Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental.

En su artículo 414, señala como delito, entre otras acciones, la descarga de sustancias que “cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.

En su artículo 416 precisa que “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Añade que “Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa”.

Cabe señalar que en enero pasado, en San Luis Potosí se registraron el 15 por ciento de los delitos contra el ambiente denunciados en todo el país.

 

EL DRAEXLGATE Y LA COMPLICIDAD DE LA SEGAM

El punto más escandaloso de la negligencia ambiental quedó al descubierto por una investigación de La Orquesta en la que se demostró que solo el 3.33 por ciento de las 2 mil toneladas de desechos industriales que generó la planta Draexlmaier ubicada en San Luis Potosí, entre septiembre del 2017 y septiembre de 2018, fueron depositados en tiraderos autorizados, del resto se desconoce su disposición, aunque, como se probará en el presente reportaje, se encontraron toneladas de su “scrap” en tiraderos clandestinos, el mercado negro y, según ambientalistas, también podrían estar siendo usados como combustible de los hornos de ladrilleras altamente contaminantes que se ubican en la periferia de la ciudad.

Pese al revuelo que la noticia causó entre la población, las autoridades optaron por un perfil bajo para atender el asunto, además de minimizar la responsabilidad de la empresa alemana en los hechos. En las declaraciones hubo contradicciones y, sobre todo, un desdén sostenido.  

 

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