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Programa Estatal de Derechos Humanos, una simulación

Como ocurrió con la parte indígena del PEDH, organizaciones se quejan de no haber sido incluidas en el programa de derechos humanos

Por: Redacción

Ayer, en rueda de prensa, integrantes de la Red de Derechos Humanos se mostraron en contra del Programa Estatal de Derechos Humanos el cual —denuncian—, no tiene los requisitos necesarios “al no cumplir con una metodología clara y participativa que repercute en su implementación y su funcionamiento”; incluso mencionaron que se trata de una simulación.

“El Programa Estatal de Derechos Humanos no deja de ser más que un catálogo de buenas intenciones, dirigido a un proceso de simulación de respeto a los Derechos Humanos. (…) nos preocupan las cuestiones metodológicas, pero además, que no hay un proceso de vinculación hacia las personas que estarían directamente afectadas o beneficiadas por este programa”, comentaron en rueda de prensa los integrantes de diversas organizaciones civiles, que en conjunto integran la Red de Derechos Humanos.

Los miembros de dichas organizaciones afirmaron que entregaron observaciones al programa dentro del tiempo estipulado en el decreto publicado el día 8 de octubre en el periódico oficial del Estado. También aseguraron que las observaciones fueron entregadas, aparte del Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial: “Los tres poderes se deben articular en torno al respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos en la entidad, bajo el reconocimiento de un gobierno abierto que coadyuve y tome en consideración la voz de la ciudadanía potosina en su toma de decisiones”, dijeron activistas de la Red de Derechos Humanos.

Ese grupo está conformado por 21 organizaciones civiles, 5 colectivos y 19 personas a título propio, quienes señalan que el gobernador, Juan Manuel Carreras López, tiene la facultad de realizar un proceso participativo al respecto.

En cambio, a través de un boletín de prensa, el gobierno del estado presumió que “tanto el Programa Estatal de Derechos Humanos 2018-2021 del estado de San Luis Potosí, como el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí se realizaron con la metodología propuesta por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), contando con su acompañamiento, asesoría técnica y participación activa como integrantes del Comité Coordinador para el Diagnóstico”.

Ulises Valencia Gordillo

En declaraciones atribuidas al subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ulises Valencia Gordillo, el gobierno del estado explicó que “El programa se encuentra en proceso de análisis por parte de las instituciones y entidades de la Administración Pública Estatal, así como por la Sociedad Civil, a través de una convocatoria abierta publicada el 8 de octubre del presente año y que estará vigente hasta el 8 de noviembre del presente año. Posteriormente, se desarrollará el Plan de Acción, con sus respectivos indicadores, así como el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa”.

Valencia Gordillo dijo que la metodología implementada requirió de la participación constante de la Sociedad Civil organizada y no organizada, desde la creación del Comité hasta los Espacios de Análisis y Participación en derechos Humanos (EAPDH), que se desarrollaron en las cuatro regiones del estado, con un total de 52 mesas de trabajo en las que participaron 955 personas.

El funcionario estatal indicó que el Programa Estatal de Derechos Humanos 2018-2021 está plenamente alineado al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, ejercicio que se realizó a través del trabajo permanente y directo con la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob y, por lo cual, cuenta este con el reconocimiento de dicha Secretaría.

El subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos detalló que tanto el proceso de elaboración del Diagnóstico, como el Programa Estatal de Derechos Humanos, han sido repetidamente reconocidos como ejercicios ejemplares a nivel nacional.

Sin embargo, el Periódico Oficial del Estado contradice lo expuesto por Valencia Gordillo, pues en su edición del 15 de agosto de este año se titula “Decreto Administrativo por el que se emite el Programa Estatal de Derechos Humanos 2018-2021” y no se menciona en absoluto la fecha del 8 de noviembre, mencionada por el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno del estado.

Ya antes, el martes pasado, en un comunicado de prensa la Red de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, hicieron un llamado a las autoridades para que generen el diálogo y les brinden espacios de participación, ya que dijeron que el Programa Estatal de Derechos Humanos fue elaborado sin contar con la legitimidad ni legalidad necesarias.

La red de organizaciones civiles mostró su oposición a reconocer y legitimar el decreto que contiene el Programa Estatal de Derechos Humanos, con el argumento de que dicho decreto no posee los mínimos metodológicos que un programa debería integrar para ser considerado como una herramienta de política pública.

Los grupos de activistas aseguraron que el Programa Estatal de Derechos Humanos no tiene claridad en los presupuestos que se implementarán para su cumplimiento y no contiene una proyección que comprometa a las autoridades estatales a dar permanencia a ejercicios de diagnóstico y de mejora continua.

La Red de Derechos Humanos pidió al gobernador del estado y a las autoridades competentes que, con base en el artículo 8 Constitucional, se tomen las acciones correspondientes para garantizar que se socialice en tiempo y forma el diagnóstico utilizado, así como el mismo programa; que se convoque de manera eficaz e inmediata a la sociedad civil, actores sociales e intuiciones para la construcción colectiva de dicho programa y que las observaciones y señalamientos sean tomados en cuenta y sean aplicados de manera vinculatoria al programa, con indicadores y mecanismos de evaluación.

OTRA VEZ

En marzo de 2017, un año y medio después de haber llegado al gobierno estatal, el Ejecutivo que encabeza Juan Manuel Carreras terminó las sesiones de consulta y foros con población indígena para la implementación del Plan Estatal de Desarrollo.

En junio de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a diversas autoridades, para que se adecuara la normatividad y garantizar con ello la Consulta Indígena, pero además en septiembre del mismo año, se dictó sentencia constitucional concediendo un amparo a efecto de que las autoridades responsables elaboraran la Consulta Indígena.

Carreras López destacó en marzo de 2017 que la consulta indígena fue elaborada por el gobierno del estado, pero con el acompañamiento del Poder Legislativo y Judicial, y además el apoyo técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dando como resultado que se realizaran las modificaciones al Plan Estatal de Desarrollo publicándose las mismas en el periódico Oficial del Estado el 18 de marzo de 2017.

Al respecto, Guillermo Luévano Bustamante, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y representante legal de miembros del Consejo Consultivo Indígena, señaló que el 22 de marzo de 2017 se presentó una denuncia en contra del gobierno del estado, por la inejecución de la sentencia del amparo tramitado por miembros de comunidades indígenas, en la que se obliga al Ejecutivo a realizar las consultas indígenas correspondientes para que estas fueran incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Esto constituye una acción muy grave por parte del gobierno estatal, puesto que las sentencias de amparo son obligatorias y que la inejecución o la ejecución parcial de estas deriva en multas, suspensiones de cargo a los funcionarios que omitan esta sentencia e incluso la separación definitiva de las labores públicas.

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