Estado

Potosinos esclavos: historia de abusos contra niños jornaleros

La CEDH revela que los gobiernos estatal y federal han sido omisos en trabajar contra las condiciones infrahumanas que viven menores de edad y trabajadores indígenas en el campo

Los trabajadores del campo constituyen un sector de la población en constante estado de vulnerabilidad. San Luis Potosí es una de las entidades cuyos pobladores de las zonas rurales se emplean como jornaleros y acuden a la cosecha de diversos productos agrícolas en otros estados del país. No son pocos los casos de potosinos que han padecido condiciones infrahumanas en ranchos de otras entidades.

Sin embargo, en agosto de 2016 se dio a conocer el caso registrado en un rancho llamado La Finca, dedicado a la producción de chile y pepino, ubicado en el municipio de Villa Juárez, en San Luis Potosí.

Cinco meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 70/2016, dirigida al secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, por violaciones a los derechos humanos de personas menores de edad y demás jornaleros agrícolas indígenas localizados en una finca en Villa Juárez, en dicha entidad federativa.

El documento emitido por la CNDH habla de las inhumanas condiciones que enfrentan los jornaleros en los campos de cultivo, pero también de la indolencia de las autoridades, tanto locales como federales, que no atienden sus quejas y hasta la fecha no han hecho lo suficiente para dar un giro a la situación que enfrentan dichos trabajadores.

En el caso del rancho La Finca, de Villa Juárez, la situación había sido denunciada ante el Departamento de Supervisión de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde febrero de 2016, sin embargo, dicha autoridad no actuó.

La persona que puso la queja, volvió a acudir a la delegación de la STPS nuevamente en marzo y tampoco obtuvo respuesta.

Fue así que el 13 de junio de 2013 acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que a su vez remitió la queja a la Comisión Nacional.

El quejoso narró que en el rancho se dedicaban a la siembra de chile y pepino. Detalló que tenían contratados aproximadamente a 240 jornaleros agrícolas, incluyendo niños de entre 4, 5 y 12 años de edad, que laboraban en una jornada de 7:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, con un salario diario de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) y con contratos por 30 días.

Las condiciones de alojamiento en que se encontraban los jornaleros también eran deplorables: les asignaban un cuarto para cada ocho personas, donde sólo tenían cartones para cubrirse: dormían en el suelo y había plaga de chinches; para bañarse debían caminar hasta un arroyo. Aunado a ello tenían que beber agua del mismo arroyo y los alimentos se los entregaban en estado de descomposición. Muchos de los trabajadores presentaban síntomas de diarrea, y no recibían atención médica.

Tras recibir la queja, la CNDH se presentó en la delegación de la STPS en San Luis Potosí y dicha dependencia se comprometió a realizar una visita de inspección al rancho, a la cual invitaría a personal de la Secretaría del Trabajo local.

El 19 de julio, día que se pactó para hacer la inspección, un funcionario de la delegación de la STPS dijo que solo ellos acompañarían al personal de la CNDH y que no tenía conocimiento sobre la participación de funcionarios de la STPS local. Este motivo, dio origen a que no se realizara la diligencia, ya que la CNDH estimó que “no podría invadir la esfera jurídica de las autoridades laborales (STPS estatal) en el desahogo de tal diligencia”.

Transcurrió casi un mes más y las irregularidades continuaron. El rancho tenía ahora unos 300 jornaleros trabajando. Tres veces al día les daban alimentos que consistían en agua hervida con pasta y frijoles, además de una dotación de 600 gramos de tortilla por día, por persona. Seguían laborando en condiciones insalubres en medio del lodo por el tiempo de lluvias. Las habitaciones también tenían mucho lodo y los trabajadores debían buscar la forma de dormir sin mojarse.

Además se había establecido una tienda en el mismo rancho que es propiedad del contratista que lleva a los trabajadores desde sus lugares de origen, donde les vendían productos excesivamente caros. De este modo, les quitaban los 100 pesos que les daban a los jornaleros cada semana, los cuales además se consideraban un préstamo sobre su sueldo.

Huelga decir que este dinero no les alcanzaba para comprar casi nada,y al final de su contrato, les pagan un exiguo salario, pues les descontaban mucho por su consumo en la tienda, pues para ir a otro lugar a comprar tienen que caminar por brechas y terracería aproximadamente 8 kilómetros.

Para el 11 de agosto, la CNDH ya había pedido que se tomaran medidas cautelares en el rancho, pero los días transcurrieron y el 19 de ese mismo mes, los trabajadores cerraron la supercarretera Rioverde-San Luis Potosí.

Desde luego, esta acción motivó la movilización de las autoridades estatales, quienes amagaron con detener a los vejados jornaleros, por cerrar la vía de comunicación. Ante ello, nuevamente pidieron el auxilio de la Comisión Nacional y fue así que el caso salió a la luz pública.

La CNDH advirtió que los servidores públicos de la Delegación de la Secretaría del Trabajo Federal no realizaron ninguna acción para atender el caso planteado.

Añade la recomendación que “las autoridades a quienes se les remitieron las correspondientes solicitudes de implementación de medidas cautelares respondieron por escrito en sentido positivo a la petición hecha por esta Comisión Nacional, sin embargo, las instancias involucradas dejaron de realizar acciones inmediatas, efectivas y eficientes para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos en agravio de los jornaleros agrícolas indígenas que laboraban en el rancho”.

La CNDH también llama la atención sobre la distancia que existe entre el discurso y el actuar de las autoridades laborales:

“Es necesario destacar que lo anterior es sumamente preocupante para esta Comisión Nacional, ya que a pesar de que el titular de la Secretaría del Trabajo Federal, ha reconocido en múltiples foros y documentos que el trabajo infantil es un asunto de atención prioritaria… porque su impacto y daño a la niñez y a la sociedad en general se traduce en altos costos… y una de las consecuencias más nocivas del trabajo infantil se manifiesta en la dificultad que enfrentan para asistir a la escuela las niñas y niños que trabajan… por lo que considera la atención del trabajo infantil como una impostergable tarea, en los presentes hechos, los servidores públicos a los que correspondía realizar tareas inmediatas a partir de la simple denuncia del caso desde el 14 de julio de 2016, así como posterior a la aceptación de las medidas cautelares del 12 de agosto de 2016, no atendieron en forma prioritaria la situación denunciada, siendo que de haberse acatado en su oportunidad las medidas cautelares indicadas, hubieran cesado en forma inmediata las violaciones a derechos humanos de los agraviados en el presente caso”, establece el texto de la recomendación.

PGJE, también fue omisa:

“Misma suerte corrió la solicitud de medidas cautelares enviada a la Procuraduría Local, instancia a la que se le requirió dar igualmente atención con urgencia a las probables víctimas de delitos graves, tales como el de la trata de personas, considerando que se trataba de una población, como ya se ha mencionado, en condiciones de alta vulnerabilidad, sin que la autoridad responsable de la procuración de justicia, llevara a cabo acciones efectivas y eficientes para blindar y proteger a los agraviados en su esfera de derechos, puesto que a pesar de haber aceptado las medidas cautelares que le envió esta Comisión Nacional, sus actos se constriñeron a iniciar la carpeta de investigación en la que predominan los acuerdos administrativos de trámite y de remisión a una y otra área. “El trabajo infantil en México: avances y desafíos”, Editado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, agosto 2015, México, pp. 141. 25/93 en razón de la competencia, no así acciones de investigación y medidas de protección de las posibles víctimas de delito, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, así como a la acreditación del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad, tal como lo tiene encomendado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracciones V, segundo párrafo y VI, y 21,primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, menciona la CNDH.

La CNDH advirtió que mientras que el propietario de la finca impedía el ingreso de las autoridades para inspeccionar el lugar, los menores de edad que se hallaban ahí, fueron encerrados en el mismo lugar donde pernoctaban los trabajadores y se les hizo marchar en cuanto fueron liquidados.

El mismo propietario reconoció, según la CNDH, que “esa situación era difícil de controlar”, y afirmó que los menores jornaleros habían sido liquidados y enviados a sus lugares de origen. Posteriormente se comprobó que en dicha liquidación se pagó a los menores solo 100 pesos por día laborado.

Sobre la indolencia de las autoridades de la STPS, la CNDH señala que los “servidores públicos de la Secretaría del Trabajo Federal estaban obligados a dictar las medidas de protección y seguridad inmediata en favor de las niñas, niños y adolescentes, incluso acciones para su resguardo, con la finalidad de evitar la consumación irreparable de violaciones a sus derechos, sin embargo, durante la diligencia de 20 de agosto de 2016, al tener a la vista a un grupo de aproximadamente 60 personas entre las que se encontraban mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, todos provenientes de la zona de cultivo.

Para efectos de la presente Recomendación, la denominación hace referencia al jefe de la cuadrilla de trabajadores jornaleros y específicamente en el presente caso, de acuerdo con la expresión de la persona que ostenta dicho cargo, su trabajo consiste en comandar y cuidar a aproximadamente 12 a 20 personas en las labores del campo, sin impedir que la persona en cuestión realice funciones de jornalero, quienes presentaban tierra en sus ropas y cara, algunos estaban descalzos o con sandalias de plástico, así como los labios resecos, ya que no se les proporcionó agua potable durante su jornada de trabajo, omitió llevar a cabo acciones inmediatas en favor de los agraviados, particularmente de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en ese lugar, encaminadas a salvaguardar su integridad y derechos, a pesar de constatar las malas condiciones en que evidentemente se encontraban las áreas destinadas a la pernocta y habitación de los agraviados”.

Entre las recomendaciones de la CNDH, dirigidas al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, destacan dos:

La STPS, en coordinación con el Gobierno de San Luis Potosí, deben elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de las y los jornaleros agrícolas en el Estado de San Luis Potosí que permita la visibilización o identificación de la población jornalera agrícola indígena migrante interna, así como residente, que trabajen en ranchos, fincas o empresas dedicadas al campo, en particular en el Estado de San Luis Potosí.

Además pide se elabore y suscriba un convenio de colaboración con los Municipios potosinos y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, que permita la identificación de las fincas o centros de trabajo agrícola en cada uno de los Municipios del Estado, con la finalidad de integrar un censo de dichos centros de trabajo y las condiciones que en ellos privan.

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