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¿Quién miente? Carreras niega filtración del video de Edgar Daniel; testigos lo señalan

 

Por Fernanda Padilla

– La asociación Artículo 19 acusó al mandatario estatal de criminalizar a Daniel Esqueda Castro

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López negó haber filtrado el video del fotoperiodista asesinado, Edgar Daniel Esqueda Castro, después de que la organización Artículo 19 acusó al mandatario estatal de mostrar el video a funcionarios y empresarios para criminalizar a la víctima. 

“No como crees; no conozco las declaraciones, déjame leerlas, pero no, al contrario solo hemos intentado trabajar de la mejor manera posible para tratar de proteger adecuadamente la labor periodística”.

Al cuestionarle si negaba haber mostrado el video como lo señaló la organización de protección a periodistas; “nombre, que hayamos hecho alguna cosa que no tenga que ver con la protección de ellos, absolutamente no”. 

Fue el pasado 6 de octubre del 2017, cuando fue encontrado el cadáver de Edgar Daniel Esqueda Castro en un paraje cercano al aeropuerto de San Luis Potosí

Había sido secuestrado de su domicilio, frente a su familia, por un grupo de hombres que identificaron como policías ministeriales. Desde entonces la información oficial ha sido escasa y fue enturbiada por la filtración de un video en el que la víctima se identifica como trabajador del Cártel del Noreste, a la par que vincula a varios reporteros de la fuente policiaca.

Artículo 19, organización dedicada a la protección a periodistas, ha llevado su propia investigación del caso y el pasado 27 de octubre publicó un texto con el que apunta a la existencia de una estrategia por parte del gobierno estatal para criminalizar a Edgar Daniel, en la cual estaría involucrado el gobernador Juan Manuel Carreras, quien habría validado la información en reuniones con empresarios y funcionarios públicos.

«(…) fuentes anónimas corroboraron a ARTICLE 19 que el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, donde asistieron personal de la PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. 

En dichos actos este material se ha presentado como legítimo.

La criminalización de medios desde el Poder Ejecutivo del estado es de suma gravedad ya que la reproducción de mensajes de este tipo abonan a la construcción de juicios mediáticos sin una previa investigación judicial exhaustiva, diligente e imparcial. Esto genera un ambiente adverso en la opinión pública y contraviene el acceso a la justicia.

La difusión mediática de este tipo de videos incriminatorios contra la prensa por parte de servidores públicos de alto nivel viola los derechos humanos y genera un efecto corruptor en el sistema de la justicia. Esto contrasta con la ausencia de información veraz y oportuna que imperan respecto al avance de las investigaciones de agresiones recientes contra la prensa en la entidad ya que fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis desviadas respecto de los hechos ocurridos, sin garantizar el derecho a la verdad (…).

 

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