Las Maracas del Viejo

Osorio y su verdad oculta. Columna de Marco Martínez

LAS MARACAS DEL VIEJO.

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Se llegó el mes de abril y con él se venció el plazo plasmado por el gobierno federal, las asociaciones civiles y de derechos humanos, que apoyan y asesoran a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Hasta en los últimos días del mes de marzo se sabía de forma extraoficial sobre el informe del Convenio signado por los padres de los 43 desaparecidos y el Gobierno Federal, toda vez que el mismo fue divulgado por las asociaciones civiles que acompañan a las víctimas del delito.e llegó el mes de abril y con él se venció el plazo plasmado por el gobierno federal, las asociaciones civiles y de derechos humanos, que apoyan y asesoran a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Los informes tienen tres puntos en común y solo uno es el que se tiene una discrepancia, siendo este último el más importante por su trascendencia.

Es ampliamente conocido que los jóvenes normalistas fueron sometidos y capturados por policías municipales afines a grupos criminales. Asimismo, prácticamente se puede asegurar que los jóvenes fueron asesinados y muy privados de su libertad.

Es difícil determinar si todos los jóvenes están muertos, no se puede tener esa certeza, pero por el tiempo transcurrido, todo apunta a que así fue. Este es, implícitamente, el último punto de concordancia entre los padres de los normalistas y el gobierno federal.

La verdad histórica pronunciada por el exprocurador general de la Republica, Jesús Murillo Karam, contradice lo expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ha realizado la investigación, ya que los interesados no logran ponerse de acuerdo con el hecho de qué hicieron los criminales con los cadáveres.

Los expertos del GIEI, al ser avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son quienes han establecido que no se pudo dar la incineración de todos los cuerpos en el basurero de Cocula.

Cabe señalar que, con fecha del 27 de noviembre del 2015, el gobierno federal estableció que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

El gobierno federal por conducto del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el acuerdo de asistencia técnica firmado el 12 de noviembre del 2015, no se va ampliar ya que sentenció que el trabajo de los expertos ya concluyó, estableciendo que los acuerdos son para cumplirse.

Si el gobierno federal realmente quiere llegar a la verdad, debe de continuar con la investigación, al ser esto lo más sano para la sociedad mexicana, ya que el dejarla de esa manera, solo crea incertidumbre que le resta credibilidad al estado mexicano.

El que las promesas sean para cumplirse lo entiende cualquiera, pero el que venga de un político que se encuentra en campaña, es suficiente para que el ciudadano de a pie no le crea.

¿Por qué tener una verdad oculta?, ¿a qué le tiene miedo el gobierno de Enrique Peña Nieto?

 

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