#4 TiemposColumna de Ricardo Sánchez García

No marchen, funcionarios | Columna de Ricardo Sánchez García

Sin partitura

Hace tiempo no reía como hace poco. Ya en serio, no se la creemos a funcionarios que de comediantes, con todo respeto para el difícil oficio, han pasado a simular disidencia para incendiar pleitos partidistas utilizando estrategias de lucha social tradicionalmente asociadas a resistencias frente a estados opresores. Por eso nos preguntamos: ¿El diputado potosino José Luis Romero Calzada es consciente de sus facultades y obligaciones de legislador?, ¿es legítimo el uso de la marcha como protesta social en un funcionario público? Quizá José Luis no alcanza a verse como parte del problema que dice denunciar.

Verdaderas víctimas han tratado de generar cierta empatía o al menos conciencia en la sociedad frente a las evidentes afectaciones que en ocasiones pudieran sufrir ante una marcha, mitin o manifestación. Pese a lo vertido, no pretendo defender la protesta como uso exclusivo de los no-funcionarios públicos. Sin ignorar que el legislador ha dicho “yo también soy ciudadano”.

Los verdaderos opositores al sistema han sido perseguidos políticos, encarcelados, desaparecidos o excluidos de la participación en la vida democrática del país. Padeciendo el látigo social por opiniones adversas de quienes les presentan como desestabilizadores, sectores de la sociedad consideran insuficiente, deficientes e incluso ilegales sus métodos de lucha. No obstante, importantes organismos internacionales han denunciado la criminalización de la protesta social.

Sin duda, debemos repensar en el rol asumido por cada persona en la construcción de una sociedad más justa y ser coherente con él. Porque, a diferencia del diputado Romero Calzada, existen ejemplos dignos de la memoria cuyo respeto ganado ante propios y extraños fue consecuencia de la autenticidad en los ideales que enarbolan. Jamás despertaron carcajadas por la verborrea acomodaticia al momento político, como el caso potosino.

Para ser más claros recordemos el 1 de agosto de 1968 cuando el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, convocó a una marcha, emblema del movimiento estudiantil. Cerca de 80 mil personas se reunieron entorno a su discurso para seguir sus pasos profundos, simbólicos, con pesados argumentos surcando sobre la avenida Insurgentes de la Ciudad de México. Cuando la razón asiste, no es necesario tanto despilfarro de saliva.

Ese día, el rector ordenó izar nuestra bandera a media asta como protesta por la violación de la autonomía universitaria. Quien conoce el discurso sabe su profundo y claro contenido, libre de ambigüedades.

A Víctor Heredia en su canción “Sobreviviendo” le parecía bastante perturbador pensar que un día los animales salieran a manifestarse a favor de la vida, frente a lo inerme de los seres  humanos. A mí me resulta desalentador ver a funcionarios marchando por las calles de San Luis Potosí sin un mensaje claro en la protesta, desvalora el último recurso de la ciudadanía cuando estamos frente a una sorda autoridad.

Sin duda, el derecho humano a la protesta “es la libertad que tenemos todas las personas para expresar libremente el descontento, preocupación o repudio ante una serie de violaciones o restricciones a los derechos humanos” (Comité Cerezo). Pero en serio, no marchen funcionarios. Mejor hagan bien su trabajo, con dosis de sensibilidad de las necesidades sociales.

Romero Calzada marchó por razones sospechosas. Nadie cree en la autenticidad de sus atropellados discursos. Un día antes, justo en la máxima conmemoración de sus derechos, mujeres taxistas denunciaban la injusticia de no haber sido consideradas en la distribución de concesiones, acusando al gobierno estatal de Juan Manuel Carreras por las omisiones derivadas de la inobservancia a leyes y tratados internacionales signados por nuestro país, pues la convocatoria para tal hecho, carece de una perspectiva de género a favor de la mujer.

El mensaje de las taxistas fue dirigido también al encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés, quien en opinión de las víctimas ha dilatado irracionalmente la publicación de una recomendación prometida, pues aseguran, sufren discriminación de la SCT al publicar una convocatoria carente del control difuso de la constitucionalidad.

Ante esa situación preguntamos, ¿por qué los funcionarios se levantan el cuello con suntuosos eventos públicos para la mujer en abstracto, pero no resuelven los problemas que aquejan a las potosinas de carne y hueso?

Que un legislador protagonice una simulada protesta, como la del diputado priista, demuestra desfachatez al invadir espacios y técnicas de resistencia, y lo convierte en funcionario ineficiente. ¿Qué nos queda a la ciudadanía si quienes detentan el poder salen a la calle demandando derechos?

A Romero Calzada no le preocupan las graves consecuencias de sus lamentables actos públicos. A Jorge Andrés le falta gestión política para solucionar problemas reales de trabajadoras reales.

Perplejos pretenden dejarnos. No marchen funcionarios.

@DDHHSamuelRuiz

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