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Dicen los diputados de Morena en SLP que van a reducirse el sueldo pero ¿cómo?

El sueldo de los diputados en SLP ha sido motivo de controversia en la actual Legislatura, pues actualmente rebasa los 100 mil pesos

Por Xochiquetzal Rangel

 

Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en San Luis Potosí los diputados electos de Morena aseguraron que reducirán su sueldo hasta el 50%, como lo marca el “Plan de austeridad” presupuesto por el presidente electo; es decir, que de ganar (supuestamente) 89 mil pesos al mes, de acuerdo con un boletín emitido por el Congreso del Estado, ganarían 44,500 al mes.

En 2016, los diputados de la actual legislatura (la LXIII), subieron su sueldo de 56,000 pesos a 114 mil. Sin embargo; con el descontento social que trajo consigo el aumento salarial, algunos decidieron regresar parte del botín, mientras que otros aseguraron que lo destinarían a asociaciones civiles. A la fecha, según la información de los “movimientos de ingresos y egresos” durante enero de 2018 ganaron aproximadamente 87, 793.79, mientras que en abril del presente año ganaron 77, 736.54 pesos.

Ahora bien, la propuesta de la bancada de Morena es posible, ya que el Congreso está facultado para aprobar su propio presupuesto de egresos, según lo estipulado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí en el artículo 11, donde dice que “Los poderes, Legislativo; y Judicial, los entes autónomos, y los municipios, podrán otorgar recursos a los fideicomisos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos para efectos de su fiscalización y transparencia”.

 

¿CUÁL ES EL CAMINO LEGAL?

En un proceso que siga todas las de la Ley, para lograr la reducción del sueldo los diputados primero tienen que tomar protesta del cargo (obvio), y después conformar la Junta de Coordinación Política —órgano en donde están representados todos los partidos políticos— y así entre todos tomar en mayoría la decisión de bajar el ingreso mensual. Después establecerlo en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado, deben enviarlo a la Secretaría de Finanzas, donde se integran las propuestas de presupuesto de egresos de las instituciones públicas: Congreso, Auditoría, Derechos Humanos, Cegaip y las dependencias de la administración pública centralizada.

Finanzas regresa el presupuesto al Congreso para ser analizado, donde los legisladores tienen hasta el 15 de diciembre para aprobarlo o bien hacerle los cambios que crean convenientes, porque el Congreso del Estado es quién tiene la última palabra en materia presupuestal.

Es decir, si los diputados que integrarán la LXIV Legislatura, presentan y aprueban dicha propuesta, la reducción sería hasta 2019, y en el caso en que no se presente y/o apruebe antes del 15 de diciembre, se tendría que hacer nuevamente el proceso de modificación para el presupuesto de 2020.

Para el caso de los diputados de Morena, de septiembre a diciembre de 2018 el presupuesto ya está establecido por lo que solo podrían recibir su sueldo completo y regresar la mitad restante a la Secretaría de Finanzas. 

 


¿Y SI NO SE PONEN DE ACUERDO CON LOS DEMÁS?

En el caso de que los 21 diputados restantes decidan no disminuir su sueldo y no aprobar la modificación al presupuesto del Congreso, la vía legal que pueden seguir los diputados de Morena es regresar a la Secretaría de Finanzas el 50% de su sueldo, cada mes, y que ellos se encarguen del uso, o bien destinarlo a alguna asociación.

Sin embargo, deben presentar a través de transparencia lo que harán con el 50%. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en el artículo 70, dice que las dependencias que reciban los donativos deberán informar sobre el uso de  los recursos a la Secretaría de Hacienda, y en el caso de los que dan el donativo (o sea los diputados) deben informar a las tesorerías correspondientes.

Por otro lado, la Ley también indica que los diputados son responsables, no solo de dar donativos, sino de vigilar si se están utilizando de la manera correcta. Además, no cualquier organización es candidata para recibir donativos. Para ello, la ley establece lo siguiente: 

I. Identificar con precisión a la población objetivo;

II. Deberán contar con copia certificada ante Notario Público de su acta constitutiva;

III. Tener la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se acredite ser donataria autorizada;

IV. El otorgamiento de subsidios o donativos deberá ser autorizado por los titulares de los ejecutores del gasto. Esta facultad es indelegable;

V. Demostrar que, además de ser asociaciones no lucrativas, estén al corriente en sus
respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes;

VI. Los beneficiarios deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías, de cuidado al medio ambiente o de beneficencia pública, a financiar con el monto del subsidio o donativo;

VII. Las instituciones que reciban recursos públicos deberán estar inscritas en el Registro Estatal, y Nacional, de Instituciones de Asistencia Social;

VIII. Queda prohibido otorgar recursos públicos a instituciones de asistencia social pertenecientes o vinculadas a partidos políticos o servidores públicos;

IX. Entregar copia del presupuesto anual del año en curso, indicando las diferentes fuentes de ingresos y sus porcentajes respectivos;

X. Los recursos asignados a las instituciones no podrán ser aplicados a gasto corriente;

XI. Se verificará que no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del gobierno estatal o municipal y, que, en ningún caso, estén vinculados a asociaciones religiosas, salvo los casos que permitan las leyes;

XII. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y con perspectiva de género;

XIII. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

XIV. Entregar informe mensual a la Secretaría de Finanzas, sobre la aplicación del subsidio;
XV. Cumplir con los lineamientos de prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010;

XVI. Prever la temporalidad en su otorgamiento, y

XVII. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden.

Al final, los legisladores también podrían decidir administrar por sí mismos la parte de su sueldo que correspondería al donativo; sin embargo, ello no permitiría, a menos que se cree un mecanismo, tener transparencia ni certeza sobre el destino de los recursos.


¿CUÁNTO SE DESTINARÍA?

Tan solo en el estado, con la reducción de sueldo de los 6 diputados se destinarían 3 millones 276 mil pesos al año y de aprobarse por los 27 diputados serían 14 millones 580 mil pesos, para los proyectos sociales propuestos para el gobierno de Andrés Manuel.

En el Plan Nacional “Proyecto 18” de Andrés Manuel López Obrador, se indica que los salarios de los altos funcionarios públicos “consumen recursos ingentes que podrán ser liberados para el fomento de proyectos productivos y programas sociales”, por lo que la propuesta es que dentro de un plazo de cuatro años se liberarán recursos fiscales para proyectos de infraestructura con impacto regional y a financiar los programas sociales prioritarios como los de rescate a los jóvenes y a las pensiones universales para adultos mayores.

Oswaldo Ríos, analista en asuntos legislativos y políticos, se mostró escéptico ante la propuesta y opina que la medida de los diputados de Morena en San Luis Potosí tendría efectos insuficientes en caso de aprobarse, porque debería plantearse la reducción en los tres poderes de gobierno: “la solución no es bajar las dietas  de los diputados, la salida es que ejerzan con calidad su trabajo legislativo y sirvan de contra peso a los abusos en el ejercicio de los recursos públicos en el gobierno y combatan la corrupción, que hagan leyes de calidad y dejen de estar otorgándole bonos de gestoría que no tienen sentido”.

*Las cifras estimadas, fueron calculadas con la información proporcionada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

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