Sin partitura

Métodos policiacos | Columna de Ricardo Sánchez García

Sin partitura

Me gritaba… “—estate quieto cabrón y me tiraron al suelo. El nerviosismo era evidente en ellos, las órdenes que daban a gritos histéricos, en un momento parecían contradictorias; mientras unos me esculcaban otros trataban de esposarme con las manos atrás entre golpes y patadas, todo al mismo tiempo. Yo parecía un muñeco sujeto a la fluctuante voluntad de ellos”. Esta narración de hechos recopilados por David Cilia Olmos y Enrique González Ruiz, sucedió en 1975 pero coincide con similares escuchados en nuestro Estado, dignas de integrar los Testimonios de la Guerra Sucia publicados en 2005.

Fue hasta abril de 2017 cuando el Senado de la República aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En ella se dejó asentado que habría hasta 30 años de prisión para quien resulte responsable de cometer el delito cuando las víctimas sean niños, mujeres, indígenas o personas con discapacidad.

Otra novedad es que se reconoce la responsabilidad material de los superiores jerárquicos cuando por sus órdenes un subalterno ejerza estos actos inhumanos. Tres décadas en prisión podrían pasar servidores públicos que cometan el delito.

La tortura se define en el artículo 2.1 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, como: “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero en el informe de sus actividades rendido en octubre de 2014 señaló que en la época de la Guerra Sucia en México, la Suprema Corte de Justicia no consideraba violatoria de derechos a la confesión obtenida bajo tortura. Le toleraba válida bajo el argumento de haber sido la primera declaración, realizada “sin aleccionamiento”. Durante este oscuro periodo se detuvieron personas simplemente porque se sospechaba eran simpatizantes de la guerrilla o sus propuestas. La práctica cotidiana era el abuso de poder por el actuar de los organismos antisubversivos creados ilegalmente.

Hoy no se acepta una confesión obtenida bajo tortura, producto de malos tratos o vejaciones. La Ley señala que ninguna confesión o información lograda de esta forma podrá invocarse como prueba. Además el delito que se comete contra una víctima es imprescriptible.

¿En qué es diferente una autoridad si utiliza los mismos métodos que delincuentes, dejando a su paso cicatrices de abuso, desfiguraciones, heridas por quemaduras o estelas de agresión psicológica?

En San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Reco13/2016) investigó diversos hechos en que policías bajaron sin causa justificada a una persona de su camioneta. Lo golpearon en repetidas ocasiones y le hicieron caer a un barranco. En otra recomendación (Reco35/2016) elementos de la SSP llegaron encapuchados a un inmueble e ingresaron al pasillo deteniendo a jóvenes que subieron a su patrulla para trasladarles con rumbo desconocido. De la investigación realizada quedaron acreditadas diversas violaciones a derechos humanos incluyendo golpes y toques en el cuerpo con afectaciones psicológicas. El organismo recomendó una investigación exhaustiva para determinar la posible existencia de tortura y la probable responsabilidad de los uniformados.

Otras víctimas narraron cómo les colocaron una bolsa en la cabeza para impedirles respirar y los interrogaban aduciendo su participación en diversos delitos. Agresiones físicas, lesiones, secuelas psicológicas son los daños causados en quien ha sufrido tortura.

En muchas ocasiones, familiares, víctimas y sociedad en general tenemos la tentación de justificar este uso indebido de la fuerza cuando suponemos los detenidos son por delitos que han cimbrado la opinión pública. El coraje nos hace realizar juicios sumarios sin más elementos que la exhibición de personas,  poniendo en riesgo el debido proceso. Así, multitudes han fundado los deseos de venganza, más no de justicia, bajo la falacia de que los derechos son para los humanos, no para las ratas, como reminiscencia de un discurso usado en campaña para favorecer electoralmente a gobernantes del PRI en el Estado de México.

Foto Manuel Velazquez/LatinContent/Getty Images

Olvidamos que con estas acciones nos alejamos más de la justicia, pues abrimos posibilidad a recursos jurídicos que beneficiarían a los responsables. Desconocemos las funciones de la CEDH al hacerla responsable de la liberación de delincuentes, cuando al contrario de lo que se piensa, la emisión de recomendaciones es insuficiente, mucho más ahora que las autoridades ya ni siquiera las aceptan.

Urgen estrategias de investigación apegadas a la ley. El abuso de autoridad siempre generará más injusticias y convierte en víctimas a familias completas.

Debemos evitar que policías, ministeriales, municipales o estatales realcen hostigamientos contra la ciudadanía. Nada justifica el uso excesivo de la fuerza. Ninguna investigación se debe realizar cometiendo delitos o atropellando derechos, reventando puertas y sembrando terror.

La integridad de las personas no puede estar en riesgo cuando en manos de autoridad se encuentre. La puesta a disposición de detenidos se debe realizar de forma inmediata como lo señala la Constitución. Los hogares, los domicilios, los inmuebles deben respetarse y no pueden ser perpetrados a discreción personal.
¿En qué es diferente el Estado de los grupos delictivos? En el caso de una investigación, por eficiente que parezca y satisfaga la urgencia de la sociedad por hacer justicia, los métodos usados permitirán que tarde o temprano triunfe la impunidad.

@RicSanchezGa

 

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