Más Ley Televisa; menos derechos de las audiencias | Columna de Jesús Alejandro Tello

 

Fotograma de la película ‘1984’, dirigida por Michael Radford. ‘

Entre los siglos XVIII y XIX, en Inglaterra se consideró a la naciente prensa como un cuarto poder, ya que con ella comenzó la circulación de noticias mercantiles que interesaban a la burguesía, la cual estaba ganando terreno como actor político-social frente a la aristocracia. Poco después, también surgió el periodismo de opinión, con el cual se presentaba la posibilidad de que las discusiones sobre el bien común de la población no estuviera a cargo exclusivamente de los reyes y la aristocracia.

Así comenzaba el rol de los medios de comunicación de masas como poderes fácticos, lo cual se materializa actualmente en nuestro país con el duopolio Televisa-TV Azteca, la primera con un alcance y poder económico y político mucho mayor; en su caso particular, no solo se limita a la televisión abierta, sino también a la de paga, la radio, empresas editoriales, plataformas de internet, entre otras.

En 2006 fue aprobada una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que se llamó coloquialmente como Ley Televisa, en la que se otorgaban una serie de beneficios acompañados de regulaciones a las empresas mediáticas concesionarias del espacio radioelectrónico, bien de la nación. Luego, en 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), y en general la población, ganó una batalla frente a los privilegios casi ilimitados de los medios ya que podía aplicar sanciones cuando estos últimos incurrieran en alguna falta.

Pero hace unos días, el pasado jueves 27 de abril, en la Cámara de Diputados se aprobó una nueva reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les da más poder a los medios de comunicación (en particular a la radio y a la televisión), lo que constituye un retroceso para los derechos de las audiencias.

EPN y Emilio Azcarraga en 2014

Pareciera que la reforma salvaguarda a las audiencias al establecer «que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa» y que lo establezcan en un Código de Ética; sin embargo, no es así toda vez que serán los propios concesionarios quienes elaborarán sus propios códigos, por lo tanto no podrá haber lineamientos imparciales respecto a las violaciones a los derechos de las audiencias que suele haber en los noticieros al presentar información pagada como si fuera noticiosa (como entrevistas pagadas a políticos o la presentación de expertos en determinados productos con el único fin de anunciarlo comercialmente).

Esta autorregulación de los concesionarios mediáticos completará su aspecto siniestro con la imposibilidad del IFETEL pueda siquiera opinar sobre ella; sí podrá emitir lineamientos pero no podrá sancionar en caso de ser necesario. Ni aprobación, desaprobación o revisión alguna por parte de otra autoridad.

Lxs diputadxs acaban de vendarse los ojos y confiar en el “compromiso” que tienen los medios a respetar y promover el derecho de las audiencias. Así también, por un lado se apela a la libertad de expresión, en cuanto a que no se puede coartar la libertad de poder decir lo que sea que fuere. Sin embargo, una cosa debe ser clara: las libertades (cualquiera que se piense) tiene límites en cuanto no afecten las libertades y derechos de la otra persona. Además, hay situaciones que son insalvables en cuanto a su derecho a ser expresados sin filtros, por ejemplo lo referente al racismo, sexismo o cualquier discriminación. ¿O acaso no hay reparo en que se diga que el holocausto no fue la masacre contra la población judía por una supuesta superioridad de raza?

Las audiencias tenemos derecho a recibir contenidos de calidad. Habrá individualidades que no lo quieran así. Pero esto no significa que los concesionario puedan menospreciar a sus consumidorxs. No somos un solo público; somos muchos.

@alejandrotello

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