DestacadasEstado

Machismo político, sin consecuencias penales en SLP

La violencia política contra mujeres no se paga con cárcel en SLP, ni en ninguna parte de México

Por: Redacción

 

El pasado 2 de mayo, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado, organismo integrado por representantes de instituciones públicas, partidos políticos y asociaciones civiles, acordaron emitir un llamado a las autoridades policiales y de justicia para que actúen con la mayor celeridad para evitar y perseguir la violencia política, ante los casos de esta naturaleza que se han registrado en fechas recientes en San Luis Potosí.

Sin embargo, lo cierto es que llegamos a esta elección sin consecuencias penales para quienes afecten los derechos político-electorales de las mujeres, ya que el dictamen para tipificar la violencia política de género se quedó en el tintero de la Cámara de Diputados, sin aprobación.

En la reunión extraordinaria del Observatorio, celebrada el pasado miércoles en el Colegio de San Luis, se mencionaron dos casos:

En el primero, Mónica Torres, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), dio a conocer algunas acciones que considera pueden constituir actos de violencia política dentro de ese organismo, y solicitó la intervención del Observatorio para que se revise la integración de dicho comité, pues fue creado sin observar la perspectiva de género a que se refiere la propia Ley Anticorrupción del Estado, que le dio origen.

La Comisión de Selección nombró en septiembre de 2017 como integrantes del CPC-SEA a Efraín Arriola Ortiz, por cinco años; José Jesús Sierra Acuña por cuatro años; Ismael Leyva Nava por tres años; Carlos Raúl Espinosa Rincón, por dos años, y Alma Irene Nava Bello, por un año.

Con carácter supernumerario fueron nombrados Benjamín Alva Fuentes, por cinco años; Alejandrina Cedillo Campos, por cuatro años; Juan Ramón Infante Guerrero, por tres años; Mónica Llunajá Torres Palacios, por dos años, y Blanca Torres Espinosa, por un año.

La integración de numerarios con cuatro hombres y una sola mujer fue señalada como violación al último párrafo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que dice que “en la conformación del Comité de Participación Ciudadana se aplicará el principio de paridad de género”.

Este tema ya había sido señalado públicamente desde el nombramiento del CPC-SEA, sin embargo, fue desestimado por las autoridades, por lo que ahora, ante la petición, el Observatorio acordó solicitar que se revise nuevamente la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Erika Briones

El segundo caso lo expuso la diputada Dulcelina Sánchez, y tiene que ver con el proceso electoral en marcha. Se trata de la situación de la candidata del PRD a la presidencia municipal de Villa de Reyes, Érika Briones quien ha sufrido y denunciado atentados contra integrantes de su equipo de campaña y contra ella en lo personal.

Dulcelina Sánchez, señala que incluso algunos sectores de la población de aquel municipio, primordialmente de varones, cuestionan “por qué una vieja busca llegar a un puesto de mando, que es de hombres, para dar órdenes”.

Frente a este tipo de fenómenos, se discutió la necesidad de solicitar a las autoridades una rápida intervención, a efecto de ofrecer mayor certeza a las mujeres, y en general a quienes participan en los actuales procesos electorales para evitar que sean víctimas de violencia política.

A nivel nacional, de acuerdo con datos de la Fepade, entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia política contra las mujeres, 92 en 2015 y 60 en 2016. No obstante, en esos dos años se abrieron 370 averiguaciones previas y carpetas de investigación por esta figura.

Si bien San Luis Potosí no destaca en denuncias por violencia política de género, este delito puede ocurrir con más frecuencia de lo que parece.

El caso más representativo de violencia política en San Luis Potosí data de 2016.

Yolanda Pedroza

En abril de ese año, la magistrada electoral Yolanda Pedroza presentó denuncia formal por violencia política en el desempeño de sus funciones por parte del presidente de dicho tribunal, impidiendo el correcto desempeño de sus funciones.

Asimismo, declaró ser víctima de amenazas, como iniciar procedimientos administrativos en su contra por responsabilidades en su calidad de servidora pública o denuncias penales por la comisión de supuestos hechos delictivos.

Tras un largo proceso, en febrero pasado, casi dos años después de la denuncia de la magistrada y a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había determinado que efectivamente se había ejercido violencia política en su contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó integrar la Comisión Jurisdiccional para el juicio de procedencia en contra de dos magistrados del Tribunal Electoral del Estado, Oskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Garza de Lira.

A dicha comisión, integrada por tres diputados y una diputada, le bastaron dos semanas para resolver que el juicio político era improcedente. El argumento para esta determinación, fue que debido a que ya se ha eliminado el fuero constitucional en San Luis Potosí, ambos magistrados pueden ser investigados y a la vez continuar en el desempeño de sus funciones.

Yolanda Pedroza, por su parte, debió enfrentar todavía la impugnación de su nombramiento como magistrada, presentada en diciembre de 2017 ante el TEPJF por Verónica González, no obstante, la magistrada pudo sortear este nuevo escollo, y el TEPJF ratificó su nombramiento en enero pasado.

En un informe sobre violencia política contra mujeres, presentado en el Senado de la República, San Luis Potosí no destaca en denuncias por violencia política de género. Una gráfica realizada para el documento, con datos tomados de un informe de la Fepade (Violencia política de género. Diagnóstico y avances 2013-2016) en esos tres años, de San Luis Potosí solo se presentó una denuncia formal por este delito: la de la magistrada Yolanda Pedroza.

La Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades federativas que concentran mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de Violencia Política contra las Mujeres.

Sin embargo, este informe presentado a la Cámara Alta, también expone que en 2015, cuando se llevaron a cabo elecciones intermedias, el número de denuncias a nivel nacional creció, así que cabría esperar que en el marco del proceso electoral 2017-2018, ya en curso, las denuncias por violencia política contra mujeres en San Luis Potosí aumenten, y el problema salga a la superficie, mostrando por lo menos, la punta del iceberg.

En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, lo que dificulta a las autoridades electorales perseguir y sancionar los hechos que podrían constituir violencia política y, especialmente, la violencia política contra las mujeres por razón de su sexo, destaca el informe sobre este tema presentado a la Cámara Alta.

Sin embargo, en 2016, diversas instituciones creadas para la defensa de los derechos de la mujer, así como autoridades electorales, construyeron y firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer. No obstante, dicho protocolo carece de fuerza vinculante y la Fepade poco puede hacer para sancionar.

El Protocolo define la violencia política como todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Por su parte, en el Informe de la Fepade sobre  la atención de Violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y Avances (2013-2016), se señalan las siete conductas delictivas que implican violencia política:

 

  1. Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones.
  2. Impedir la instalación o clausura de una casilla (violencia como agravante).
  3. Realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado .
  4. Hacer mal uso de materiales o documentos públicos electorales, apoderamiento.
  5. Hacer mal uso de equipos o insumos necesarios para la elaboración de
    credenciales.
  6. Obstruir el desarrollo normal de la votación. Así como ejercer presión en ejercicio de sus funciones, sobre los electores.
  7. Obstaculizar el desarrollo normal de la votación o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales.

 

En este sentido, la Fepade cataloga como violencia política contra las mujeres aquellos delitos electorales en los cuales sea una mujer la víctima del hecho o cuando estas son afectadas de formas desproporcionadas.

Reforma pendiente
La reforma, que aún no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, establecería que:

Se entenderá que existen razones de género en la violencia política cuando:

 

  • Se ocasione un daño o menoscabo en la igualdad del ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de la función pública de la mujer.
  • Existan datos que establezcan que hubo amenaza, acoso, violencia física, psicológica o sexual del sujeto activo contra la víctima.
  • Exista entre el sujeto activo y la víctima una relación de subordinación.
  • Existan datos que establezcan un trato diferenciado por su condicion de mujer.

 

El Artículo 7 Bis, que se busca adicionar a la Ley General de Delitos Electorales señala que: A quien impida, restrinja, anule o limite el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género, se impondrán de cien a cuatrocientos días de multa y prisión de tres a siete años.

Sin embargo, para esta elección, la violencia política de género, quedará sin castigo.

Partidos las mandan a perder
En declaraciones periodísticas realizadas en días pasados, Sara Serna, investigadora de la Asociación Civil Educación y Ciudadanía (Educiac), sostuvo que los partidos políticos otorgan candidaturas a mujeres en espacios que no pueden ganar, porque hay predominancia de partidos contrarios en la preferencia de voto, mientras que las candidaturas donde el triunfo está asegurado se quedan en manos de los hombres.


Según Serna, en la práctica, los partidos asignan a las mujeres tareas de logística y organización mientras que los hombres están en los espacios de decisión.

También recomendamos: Ceepac activó protocolo de violencia política contra mujeres

Nota Anterior

Muy, muy lejano… | Columna de Jorge Saldaña

Siguiente Nota

En dos meses, casi mil potosinos fueron deportados de EU