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#LoMejorDe2017 | Viajar para abortar; la criminalización de las potosinas

En SLP, abortar sigue siendo motivo de cárcel, por lo que 140 potosinas han interrumpido sus embarazos en la CDMX

 El Saxofón

El aborto es una alternativa mucho más socorrida de lo que aparenta. Sin embargo, pocos son los congresos que se han atrevido a legislar al respecto. Esta displicencia frente a una realidad provoca que ciudadanas pongan su vida en peligro, como lo retrata este reportaje que presentamos en marzo de este año.

 

En diez años, al menos 140 mujeres potosinas han viajado a la Ciudad de México, con el fin de poder practicarse una interrupción legal del embarazo o aborto.

Ya de por sí difícil, la decisión de no tener un hijo que ya ha sido concebido las ha obligado a desplazarse fuera del territorio potosino, donde los legisladores locales se han inclinado por la “defensa de la vida desde la concepción” y el aborto se castiga con cárcel.

San Luis Potosí es un estado que padece un alto índice de embarazos adolescentes. Menores de edad que aún no están preparadas para ser madres, ni cuentan con los recursos económicos suficientes para mantener una familia, que muchas veces incluso no tienen el apoyo de su pareja y enfrentan además el rechazo de sus familias, se ven privadas de la oportunidad de decidir libremente si quieren continuar o no su embarazo en tales circunstancias.

La sociedad actual convierte el embarazo adolescente en un estigma, el estado no es capaz de evitar el fenómeno ni de establecer políticas para garantizar los derechos de las menores que se encuentran en esta situación (derecho a la vida, a la educación, al desarrollo, a no ser discriminadas, a vivir en condiciones de bienestar, a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia y religión, etc), y no ofrece respaldo a quienes se hallan en tal circunstancia la posibilidad de suspenderlo.

Vivimos en un estado que, gracias a una ley punitiva, es capaz de “proteger” la vida desde su concepción, (el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide), pero incapaz de garantizar el respeto a la vida y los derechos de los niños una vez que han venido al mundo.

En junio de 2016, durante la instalación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la secretaria general del Conapo, Patricia Chemor Ruiz, señaló que la tasa de embarazos adolescentes en San Luis Potosí se han incrementado desde 2009 a la fecha.

“En lugar de reducirlo, se ha ido ampliando este fenómeno en nuestro estado, principalmente en los municipios de Santa Catarina, Guadalcázar y Matlapa, por lo que tenemos el enorme reto de erradicar los embarazos en niñas con edades de menos de 15 años”.

Por su parte el secretario técnico del Conapo en SLP, Cuauhtémoc Modesto López, reconoció que en 2014, se registraron 9 mil 568 nacimientos en niñas y adolescentes menores de 20 años, de los cuales 212 fueron en niñas menores de 15 años.

De acuerdo con estos datos, la tasa de fecundidad adolescente se incremento en 27.38 por cientoentre 2009 y 2014.

En total, desde 2007, cuando se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), hasta el 8 de marzo de 2017, 174 mil 437 mujeres de distintos estados de la República han acudido a clínicas de la Ciudad de México para practicarse una ILE.

Por una parte, las mueve la oportunidad de suspender su embarazo con la debida atención y asesoría médica, sin riesgos para su salud, y por otra el temor a ser juzgadas penalmente por su decisión.

El 39.9 por ciento de todas estas mujeres tienen estudios de preparatoria, el 32.9 por ciento de secundaria, el 17.3 por ciento de educación superior, el 7.9 por ciento primaria, el 1.7 por ciento no cuenta con ninguna preparación.

El 53 por ciento son solteras, el 28.1 por ciento viven en unión libre, el 14.1 son casadas.

En cuanto a edad, el mayor número de mujeres atendidas (el 47.1 por ciento) tienen entre 18 a 24 años de edad. Mientras que el 5.6 por ciento han sido menores de entre los 11 y los 17 años. Un 0.7 han sido niñas de entre 11 a 14 años, un 4.9 adolescentes de 15 a 17 años.

Un 22.6 por ciento son mujeres jóvenes de 25 a 29 años, un 13.5 por ciento tienen entre 30 y 34, el 7.9 entre 35 y 39; un 2.9 por ciento entre 40 a 44, y un 0.5 entre 45 y 54.

El aborto es legal en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación.

El 21.3 por ciento de las mujeres que han pasado por este proceso, han acudido a las 7 semanas de gestación; el 17.8 por ciento a las 6 semanas; el 15.9 por ciento a las 8 semanas; el 10.2 por ciento a las 5 semanas; el 9 por ciento a las 10 semanas; el 6.8 por ciento a las 11 semanas, el 5 por ciento a las 4 semanas o menos de gestación, y solo el 1.6 por ciento lo hizo ya al límite de las 12 semanas.

En las clínicas de la CDMX, la mayoría de las pacientes, 124 mil 60, son locales. El estado de donde más acuden es el Estado de México con 44 mil 75 pacientes, le siguen Puebla con mil 27; Hidalgo con 845 y Morelos con 620.

De entidades de la región Bajío como Guanajuato, han acudido 332 mujeres, de Querétaro 437, de SLP 140, de Aguascalientes 107 y de Zacatecas 68.

Del total de mujeres que recurrieron a la ILE, 131 mil 441 tomaron el medicamento adecuado, 39 mil 958 lo hicieron por el método de aspiración y 3 mil 38 tuvieron que someterse a un legrado uterino instrumentado.

La ley potosina criminaliza a las mujeres por abortar

La criminalización de las mujeres que abortan es producto de la cultura machista que impera en San Luis Potosí, más que en la población en general, entre los representantes populares encargados de hacer las leyes que nos rigen, léase diputados, con representación en el Congreso del Estado.

Fue la reforma del 2007, que legalizó el aborto en la Ciudad de México, entonces todavía Distrito Federal, la que desató una ola de reformas en las entidades del país, promovidas por grupos conservadores, para “proteger la vida desde la concepción”.

Ello pese a que las mismas autoridades reconocen que el embarazo en la adolescencia, por ejemplo, entre los 14 y los 19 años, limita el desarrollo personal, académico y laboral de los jóvenes, y a gran escala, frena el desarrollo de las regiones y los países, según la ONU.

En septiembre de 2009, la legislatura local aprobó una reforma a la Constitución local que estableció la “protección” de la vida humana “desde el momento de su inicio en la concepción”.

El texto reformado del Articulo 16, señala:

El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.

En la misma modificación incluyó algunas condiciones en las que la interrupción del embarazo no es punible:

No es punible la muerte dada al producto de la concepción, cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.

En este mismo sentido, el Código Penal potosino en su artículo 148 establece que:

Comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.

Este delito se sancionará con las siguientes penas:

  1. A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días de salario mínimo;
  2. Al que lo realice con el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días de salario mínimo, y

III. Al que lo realice sin el consentimiento de la mujer embarazada se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a ochocientos días de salario mínimo.

El artículo 149 también establece penas para los médicos o parteros que causen el aborto:

Al profesionista de la medicina o partero que cause el aborto se le impondrán las penas previstas en el artículo anterior y además será suspendido hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión.

El artículo 150 del código penal consigna los supuestos en los que el aborto es permitido:

Es excluyente de en el caso de aborto, cuando:

  1. Aquélla sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada;
  2. El embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida. En estos casos, no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación o inseminación indebida, sino que bastará con la comprobación de los hechos, y

III. De no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

En 2015 llamó la atención el caso de una mujer indígena de la Huasteca potosina, madre de cinco hijos, quien fue detenida, luego de acudir a un hospital donde se le practicó un legrado, pues se comprobó que había consumido un medicamento para interrumpir su embarazo. Gracias a un punto de acuerdo impulsado por una diputada del PRI y un diputado local del PRD, se logró que enfrentara el proceso penal en su contra en libertad, dadas sus condiciones étnicas y económicas. Los registros periodísticos no señalan qué ha ocurrido con su caso en las fechas posteriores.

El medicamento usado para abortar en las primeras siete semanas, se encuentra a la venta en las farmacias potosinas, pues su uso es legal en la atención de padecimientos. Las mujeres que deseen llevar a cabo el proceso pueden adquirirlo, aunque se recomienda que lo compre un hombre para evitar sospechas.

Su empleo requiere la asesoría de una persona capacitada. Durante las primeras horas después de su consumo hay sangrado, que puede ser abundante. Si el sangrado llega al nivel de una hemorragia se debe pedir ayuda médica.

En la Ciudad de México, una interrupción del embarazo puede ser gratis –en los centros públicos– o llegar a costar entre 2 mil 400 y más de 8 mil pesos en clínicas particulares. No obstante, para las mujeres que eligen libremente esta opción, el costo es considerado un mal menor y, en otros casos, es sufragado en su totalidad o en parte por asociaciones proabortistas.

Desde luego, someterse a un aborto tiene también un costo emocional, sin embargo, éste es mayormente causado por los prejuicios que existen contra esta práctica, condenada sobre todo por razones religiosas y moralistas.

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