Estado

Personas con discapacidad tampoco fueron consultadas

-La ley de asistencia social debe ser declarada inconstitucional, piden a la CEDH

Por Redacción


Un grupo de personas con discapacidad exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que inicie las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por no cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Previo a la promulgación de la Ley de Asistencia Social, publicada el 20 de junio del presente año en el Periódico Oficial del Estado, el citado ordenamiento legal debió someterse a consulta, ya que en él se incluyen artículos como el 3, 5, 6, 14, 16, 18, 21, 47, 50 y 61 que afectan de manera directa a las personas que vivimos con alguna discapacidad en San Luis Potosí, señala la carta entregada a la CEDH, que incluye las firmas de Elizabeth Anguiano Cantú, Zeferina Catalina Torres Cuevas, Servando Hernández Escandón, Victor Manuel Montes de Oca Sánchez, Jesús Puente Martínez, Daniel Serrano Delgado y Claudia Peralta Antiga, integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La solicitud formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Jorge Andrés López Espinosa, fue presentada desde el 30 de junio, una vez que se publicó el decreto con el que cobra vigencia de citada ley, sin embargo, el texto denuncia que los firmantes siguen esperando que ese organismo autónomo haga valer sus facultades legales e inicie la acción de inconstitucionalidad.

Los firmantes señalan que en la Ley de Asistencia Social de San Luis Potosí no se realizó ninguna consulta a personas con discapacidad, lo que representa una violación al artículo 4, número 3, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El texto de la Convención señala: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes deberán realizar consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

Además, los firmantes denuncian que el decreto 661 del Periódico Oficial del Estado, que contiene la citada legislación, encontraron que se incluyeron ordenamientos que afectarán de manera cotidiana el desarrollo y vida en sociedad de las personas con discapacidad.

La acción de inconstitucionalidad que se promueve, pide que se realice la consulta a las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que buscan sus derechos.

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