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La pregunta que destapó el PED: ¿quiénes somos indígenas? Columna de León García Lam

CONTRAPUNTO.

El 29 de marzo pasado varios medios de comunicación anunciaron que el grupo Consejo Consultivo Indígena en voz de su abogado el dr. Guillermo Luévano interpondría un amparo en contra de la administración actual del Gobierno del Estado, toda vez que los pueblos indígenas de San Luis Potosí, no fueron tomados en cuenta como lo obliga la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Este amparo podría calificarse como “histórico” en la medida que sería la primera vez que en tiempos “modernos” grupos indígenas hacen recular a una autoridad gubernamental y la importancia de este suceso radica en un antecedente ejemplar. No hay para dónde hacerse, la ley dice lo siguiente:

“ARTICULO 9°. Serán objeto obligado de [la] consulta [indígena]: I. El Plan Estatal de Desarrollo; II. Los planes municipales de desarrollo; […]”

La solicitud de los demandantes es sencilla: “que se reponga la elaboración del plan”. Es decir, que una vez reconocido el error garrafal, se efectúe la consulta omitida y se añada lo necesario al documento. Con los recursos que cuenta el Gobierno del Estado esto se lograría con 5 días hábiles de lenta burocracia. Pero no. En respuesta, se les ha solicitado a los demandantes, como también lo señala la ley en su artículo 8º, que con un “documento idóneo” demuestren “su identidad indígena”. (Aclaro: hasta donde se lee, no piden un “certificado de sangre”) y el abogado del Consejo deduce acertadamente de esta actitud, dilación, doble discurso y una mañosa manera de darle la vuelta al asunto.

Más allá de abollarle el charol al Plan Estatal de Desarrollo, de obligar a las autoridades a cumplir con lo que la ley les dicta, y más allá de la incomodidad que deben sentir los abogados de la Secretaría de Gobierno al ser doblegados por omisos, ante unos nada sencillos vendedores de artesanías, quiero asentar aquí, el problema de fondo que ha quedado descubierto en esta disputa: no hay manera de definir qué es un “pueblo indígena”, menos aun con  la inoperante definición que ofrece la misma ley (y que desgraciadamente es a la que hay que recurrir con fines jurídicos).

Indígena significa etimológicamente (del griego) “nacido dentro” y por ello equivale a “natural”, “oriundo”, “proveniente”, “autóctono”, “local”, “aborigen”. Es decir, todos los potosinos, sin distinción, somos indígenas de San Luis Potosí. Se les dice equívocamente “indígenas” a quienes hablan una lengua indígena; sin embargo desde hace siglos esta forma de identidad es fallida porque no todos los indígenas (los que nacimos aquí) hablamos una lengua indígena, la mayoría hablamos español y a veces inglés (como el caso de quienes han migrado a los EUA). El criterio genealógico –consanguíneo– que señala que un indígena proviene de los pueblos anteriores a la conquista es el más fallido de todos porque no hay “sangres puras”, ni razas, ni grupos “cerrados” y esto ha sido así desde siempre.

Que no nos guste reconocernos como indígenas porque nos da pena pensarnos indios es otra cosa. Nos creemos “mestizos”, “de razón”  o “españoles”. Desde está ilusión le decimos a otras personas “indígenas” para no reconocerles sus derechos sociales, económicos y políticos. Anteponemos rasgos exteriores, genealogías, escudos de armas y maneras de vestir o de comer. Frente a esta discriminación, la Ley de Consulta Indígena tendría en su espíritu el propósito primordial de evitar que, por su condición cultural, ciudadanos mexicanos y potosinos quedaran al margen de sus derechos. Hoy, al gobierno le hace falta humildad para reconocer sus errores, y voluntad política para resarcir el daño causado. Nada más eso.

Una manera de evitar que en el futuro se sigan aprovechando de la ambigüedad del término será reformar esas definiciones obsoletas de la ley, y permitirle a cualquier ciudadano, exigir el derecho de su identidad indígena.

 

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