#4 TiemposColumna de Ricardo Sánchez García

La Peñaley Militar | Columna de Ricardo Sánchez García

Sin partitura

¡Órale mis guachos, aquí están sus paletas de mota y sus chicles de mariguana!, gritaba la señora de canasta que subía al Flecha Amarilla en Cuitzeo Michoacán, mismo que era detenido por el retén militar ubicado en el crucero de Moroleón, Guanajuato. Todos pachecos, ojos reventados, como sapos desvelados, parecían más bien asustados que alertas, fingiendo sobriedad pero sin bajarse de la nube, pedían el descenso del vehículo a las y los pasajeros y realizaban su revisión de rutina. En ese lapso, 1997-2002, yo viajaba continuamente de Morelia a San Luis capital y me era común observar esa escena.  

El pasado jueves 30 de noviembre, diputados priistas aprobaron la Ley de Seguridad Interior, misma que deberá pasar al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación. Con facultades de rechazo, los senadores subordinados al gobierno federal deberán enfrentar las críticas realizadas por organismos de derechos humanos que en México y el exterior han realizado a la iniciativa peñista.

El artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, y comprende la prevención de los delitos. Es responsabilidad de estas entidades la investigación y persecución de delincuentes. En ese mismo artículo se obliga al Ministerio Público y a las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno a coordinarse para formar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Casi nadie habla de la responsabilidad por omisión de estas autoridades encargadas de seleccionar y certificar a los integrantes de las instituciones que nos darían tranquilidad, mismos que debieron implementar políticas para prevenir el incremento de los delitos. Como sabemos, en nuestro querido San Luis hay cantidad de municipios que ni con policía municipal cuentan y eso responde a las pésimas condiciones laborales en que pretenden contratarles, incluida la falta de garantía a su seguridad personal, o ausencia de capacitación y equipamiento para realizar sus funciones. Pese a lo anterior, no hay razón suficiente para militarizar el país.  

La militarización no es algo nuevo. Desde los años 60s, estados como Michoacán y Guerrero tienen una presencia permanente del ejército en su territorio. Desde entonces, en los retenes se viola el ordenamiento de no molestar a nadie en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones; acción que fue impuesta y tolerada bajo el argumento de la lucha contra el tráfico de personas, armas o drogas. Sin embargo, la presencia de uniformados no ha disminuido en absoluto estos delitos, ni la violencia.

Pero fue la burda declaratoria de guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón la que le impuso funciones al ejército que constitucionalmente no le corresponden, pese a que el artículo 89 de la Carta Magna prevé como obligación del presidente preservar la seguridad nacional y disponer de la Fuerza Armada para la seguridad interior y defensa del exterior. Este insuficiente fundamento, interpretado por el entonces Jefe Supremo, le bastó para dejar a las fuerzas armadas realizando funciones de prevención y persecución del delito ajenas a sus facultades.

La violencia generalizada persistente, la cantidad de personas desaparecidas y las numerosas quejas por violaciones a derechos humanos nos dejan clara la fallida estrategia militar. Recordemos el llamado “efecto cucaracha” con el cual los gobiernos del centro del país justificaban el incremento de la violencia en sus territorios, lo que explica la reubicación geográfica de la delincuencia, más no su disminución o exterminio.

Mientras les neguemos opciones de un digno proyecto de vida a las y los jóvenes, estos serán cooptados por los grupos delincuenciales. Son las condiciones económicas y sociales las que debemos modificar. Los grupos en el poder nos han excluido a la mayoría de los mexicanos de las bonanzas anunciadas por el proyecto neoliberal, optando muchos por buscar estrategias de sobrevivencia fuera de la ley. Pero además, las víctimas de la violencia normalmente no son las autoridades en sus mandos altos. Es la ciudadanía de a pie, los profesionistas y comerciantes quienes hemos visto mermado nuestro camino hacia la paz, sin olvidar la cantidad de soldados fallecidos en combate.  

Aunque la Peñaley militar, en su parte política, señala que las protestas sociales o los motivos político-electorales no se considerarán una situación de emergencia nacional para la cual se solicite la intervención del ejército, baste recordar la historia del sureste de nuestro país, en el que desde las elecciones de los 60s era el ejército quien disuadía las protestas ciudadanas por los fraudes cometidos.  

Sin duda, la seguridad pública es un derecho negado a la ciudadanía. Pero esta Ley, cuyo eufemismo ha sido duramente criticado, concede seguridad sólo a los gobiernos tiranos y absolutistas que no toleran la crítica ni permiten la existencia de una verdadera oposición política. En un Estado supuestamente democrático, el uso de militares contra ciudadanos es incomprensible.  

Existen serios argumentos para pensar que la Peñaley militar amenaza y busca minar el trabajo de activistas y defensores de derechos humanos y mantener a la ciudadanía en rincones de refugio, resultado de un sistema económico que nos oprime.  

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