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La Maroma, el proyecto que se le atragantó a Peña Nieto en SLP

Las obras de la presa estaban destinadas a comenzar en mayo, pero apenas se encuentran en su etapa inicial

Por: El Saxofón

La presa La Maroma, en el Altiplano Potosino, es uno de los compromisos incumplidos que dejará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Esta obra hidráulica, como muchas otras, pone en evidencia el modo en el que opera el sistema político mexicano: plantea una obra cuyo beneficio, promete, será para la población en general, luego resulta, que el mayor beneficio es para personas o grupos de mayor poder económico, vienen las demandas y el proyecto se detiene.

Todavía en enero pasado, autoridades locales y federales, aseguraban que las obras iniciarían en mayo. Pero estamos en septiembre y apenas se están realizando los trabajos iniciales de la estructura de la cortina conducirá el agua al municipio de Matehuala.

Hace algunas semanas, ejidatarios denunciaron al delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, a quien acusaron de falsificar las firmas de los comuneros en documentos en los que presuntamente aprueban la construcción de la presa. Ante la salida de los comuneros, el delegado de la Conagua, emitió un comunicado de prensa donde afirmó que las acusaciones de los ejidatarios carecían de sustento, y solo tenían el fin de poner un obstáculo más a la obra.

Ambas partes expusieron sus razones en los medios, y el asunto se agotó después de unos cuantos días. Sin embargo, el homicidio del líder huichol Margarito Díaz González, ocurrido el pasado sábado 8 de septiembre en Aguamilpa, municipio del Nayar, en el estado de Nayarit, puso el tema de nuevo sobre la mesa.

Margarito Díaz González era uno de los opositores a la construcción de la Presa La Maroma, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al condenar el asesinato, pidió a las autoridades tomar este tema como línea de investigación.

“Este Organismo Nacional reprueba todo acto de violencia, especialmente cuando deriva, como en este caso, en la privación de la vida de un dirigente de la comunidad Wixárika, y hace un llamado a las autoridades competentes para que también consideren como línea de investigación la oposición que como defensor del medio ambiente siempre tuvo hacia la construcción de la presa de almacenamiento “La Maroma” y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí”, estableció la CNDH en un comunicado.

Margarito Díaz González

La noche del sábado 8 de septiembre, Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, fue asesinado en su domicilio. Estaba con su esposa, cuando de pronto llamaron a la puerta. Según reportes de medios locales, “al acercarse a abrir, el hombre le disparó a quemarropa a la altura de la cara con un arma calibre 9 mm”.

Horas después del llamado de la CNDH, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, señaló que ya se investiga el homicidio del líder Huichol. El fiscal nayarita explicó que entre las 22:30 y 23:00 horas el marakame dormía tapado con una sábana bajo un tejabán en su casa, cuando un sujeto que no pertenece a la comunidad indígena se le acercó para preguntarle dónde era el baile que en ese momento se realizaba en el pueblo. Cuando Díaz González se descubrió el rostro para responderle, el sujeto lo alumbró con una linterna y le disparó con una pistola .9 milímetros.

El fiscal explicó que se abordan varias líneas de investigación, entre ellas las labores de defensa de los centros sagrados del pueblo wixaritari, sobre todo en San Blas, Nayarit; Chapala, Jalisco, y Wirikuta, en San Luis Potosí, por lo que se han girado oficios para solicitar el apoyo de las autoridades en estas últimas dos entidades.

Sobre esta solicitud de cooperación las autoridades locales no se han pronunciado, según reportes de prensa, el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, al ser cuestionado al respecto, respondió que en todo caso el tema estaba en manos del Ministerio Público.

Margarito Díaz González estaba en la primera línea de los defensores de las tierras de los huicholes, que al paso del tiempo han ido viendo como las tierras sagradas son invadidas por en aras del “desarrollo”. La resistencia que han ofrecido a las mineras canadienses, por defender un territorio que no es posesión de nadie, es decir, no es propiedad de uno o de un grupo de individuos, sino que es el origen de una cultura, un sitio sagrado: para los huicholes en Wirikuta salió por primera vez el Sol, nada más y nada menos. Aunque desde luego, eso no pueden comprenderlo quienes no tienen por creencia más que el dinero.



LA MAROMA ¿BENEFICIO PARA QUIÉN?


En campaña, Peña Nieto prometió la construcción de la presa, que supuestamente beneficiaría a más de 24 localidades de los municipios de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala.

En 2013, la Conagua anunció la inversión de 423 millones de pesos para la construcción del embalse, incluidas las obras complementarias, como el acueducto. Además, a petición de agricultores y pequeños ganaderos se construirían una acequia de la que tomarían agua, y se perforarían cinco pozos para uso comunitario.

Luego el tiempo pasó, y no pasó nada. En 2017, el presupuesto de egresos federal se destinaron 101 millones de pesos para obras del proyecto, como la modernización del camino Chilares-La Maroma, infraestructura para distribuir agua entre los campesinos de la región, así como para la acequia y los pozos antes mencionados. Pero las obras no fueron hechas, y lo único que se construyó fueron tramos del acueducto.

Los campesinos de la región, supuestos beneficiarios, buscaron asesoría pues se enteraron de que gran parte del agua que capte la presa La Maroma será para tres grandes proyectos industriales: invernaderos productores de jitomate, ya en operación, y dos granjas que emplearán enormes volúmenes de agua, una porcina en el municipio de Cedral y una productora de huevo de la empresa San Juan, según información publicada por el diario nacional La Jornada.

Es decir, a final de cuentas, la promesa de Peña Nieto que supuestamente beneficiaría a los habitantes del Altiplano Potosino, tiene el mismo trasfondo de otros proyectos que son presentados como de beneficio común cuando en realidad están orientados a beneficiar a grupos muy concretos del poder económico.

 

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