Columna de Ricardo Sánchez García

La cosa se puso federica, Federico | Columna de Ricardo Sánchez García

Sin partitura

Me llegó el mensaje para recordarme el funeral. En él describían a Mireya como una joven emprendedora y creativa, que murió en manos de la delincuencia: “Nos hizo todos los muebles de la oficina. Hagamos oración por ella, por su mamá y familiares”. Era el rector de la más antigua universidad privada en nuestra capital señalando: “es muy  triste que estemos preparando a jóvenes para ser líderes, emprendedores y que exista quien trabaje para destruir su futuro”. El reclamo suyo y en general de la sociedad hacia el gobierno de Juan Manuel Carreras es la inexistencia de seguridad. En San Luis Potosí no hay esquemas de prevención del delito, mucho menos capacidad de investigación y castigo a los culpables.

Su servidor lo había previsto y así sucedió. Con la declaratoria de Alerta de Género no se van a detener los feminicidios en nuestro Estado. La violencia no se erradica por decreto, dijimos. Fue el viernes 18 de agosto cuando medios anunciaban que el cuerpo de la señorita encontrado en Villa de Pozos correspondía a una joven empresaria a quien torturaron y arrojaron en un predio. Los delincuentes tomaron su vida a pesar de haberse entregado el rescate solicitado. Ese mismo día Jorge Andrés, actual presidente de la CEDH, lamentaba la inasistencia de varios presidentes de los municipios con mayor violencia contra mujeres, quienes además fueron señalados desde 2015 en el Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Mujer emitido por el Lic. Jorge Vega Arroyo para trabajar temas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño en el marco de la declaratoria de Alerta de Género.

La cosa está más federica de lo que usted se imaginan. En tema de seguridad pública andamos muy mal, en feminicidios mucho peor. Pero el panorama del Procurador para sus pretensiones de fiscal tampoco es alentador, pues cada vez tiene menos posibilidades.

La CEDH presentó en 2015 el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Mujer y ahí se concluyó la necesidad de una Alerta de Género. Desde esa fecha, los feminicidios en lugar de detenerse se han incrementado, por lo cual la inacción del procurador ha sido fuertemente señalada: “Nuestras hijas perdieron la vida en manos no sólo de los delincuentes, sino también del Estado que nunca quiso investigar los primeros feminicidios”. Son reclamos constantes en madres de las víctimas.

El Informe proponía crear mecanismos eficientes para la investigación efectiva. Hasta la fecha y sólo contando los feminicidios de 2017, prevalece la impunidad, en algunos casos a pesar de tener identificados a los probables perpetradores. Pero el Informe de Vega Arroyo exigía la necesidad de garantizar el derecho a la seguridad jurídica, a la verdad y a la investigación efectiva, tarea pendiente de la Procuración de Justicia. Hoy los pésimos resultados se reducen a localizar cuerpos de mujeres secuestradas o desaparecidas arrojados en algún paraje y con evidencias de violencia extrema. Baste recordar los lamentables hechos en que perdieron la vida Josefina, Silvia y recientemente Mireya.

El feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres cometidos por misoginia, discriminación y odio hacia este género. En San Luis Potosí se tipificó el 23 de julio de 2011 quedando en el artículo 114 bis del Código Penal como un delito imprescriptible: “Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una persona del sexo femenino por razones de género”. Por razones de género entendemos que exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, docente, laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación o superioridad entre la víctima y el agresor; existan en la víctima signos de violencia sexual; se haya infligido a la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica producidas en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

El 19 de febrero de 2015 la PGJE publicó el acuerdo 01/2015. Es el Protocolo de investigación del delito de feminicidio, con los pasos para funcionarios encargados de la investigación de este ilícito. A la fecha se considera letra muerta pues las investigaciones del antes y después del Protocolo carecen de profesionalismo y eficacia. Los policías investigadores desconocen la perspectiva de género, lo mismo que los ministerios públicos, quienes cometen errores graves generando impunidad. Esa impunidad es un claro incentivo para la delincuencia.

No todos los delitos se denuncian. De los que se denuncian no todos son clasificados correctamente (caso Josefina). Sólo una parte de los investigados logra ser materia de un proceso judicial. Una vez estando el procedimiento, la garantía de dictar una sentencia justa que sancione el feminicidio es mínima. Considere usted el grado de impunidad al que hemos llegado, derivado de la ineficacia e indolencia de la Procuraduría.

Por la joven empresaria Mireya, por Josefina y Silvia, por la violencia generalizada, el panorama está federico, tanto para la población en materia de seguridad como para el procurador en sus aspiraciones de fiscal.

@DDHHSamuelRuiz 

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