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#Inseguridad | El crimen se apoderó de SLP

70% de los asesinatos en México están relacionados con la delincuencia organizada

Por El Saxofón

El pasado 8 de agosto, pudo haber sido un martes cualquiera en San Luis Potosí, pero se tornó en uno de los días más violentos que se han vivido desde hace un año y siete meses, cuando inició la administración de Juan Manuel Carreras López al frente del gobierno estatal.

El «levantón» de una mujer la noche del lunes, el hallazgo de dos personas ejecutadas en Santo Domingo, uno más colgado de un puente en Mexquitic de Carmona, una balacera con saldo de un muerto y un policía herido al norte de la capital, pusieron en alerta a la población.

Tampoco es que sea algo inusual, de un tiempo a la fecha. El fin de semana del 10 y 11 de junio, por ejemplo, terminó con un saldo de 10 cadáveres, unos decapitados, otros baleados, unos más desmembrados, todos ellos, al parecer, relacionados con las pugnas de grupos de la delincuencia.

La letalidad que han alcanzado los grupos del crimen organizado se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el Estado y un motivo de preocupación para la sociedad en general y sus distintos sectores.

En una ceremonia de destrucción de armas, celebrada en el Campo Militar Número 1-F, el titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Monte Alejandro Rubido García, reconoció que combatir a la delincuencia organizada «es una tarea que no resulta sencilla y no resulta sencilla por la letalidad que han alcanzado los grupos delincuenciales”.

Las cifras le dan la razón: de acuerdo con Semáforo Delictivo y datos de la Consultora Lantia, el crimen organizado ha cometido el 72 por ciento de los homicidios dolosos en el país. El funcionario puso de manifiesto uno de los escollos que tendrá que librar el Estado en su lucha contra la criminalidad, pero no ofreció ninguna estrategia para enfrentarlo.

San Luis Potosí, por supuesto es espejo que refleja la realidad nacional. Aquí los grupos de la delincuencia, se adjudican al menos el 70 por ciento, es decir 151 de los 216 asesinatos intencionales que se han perpetrado hasta la fecha en el territorio estatal. Y van en aumento, y no hay visos claros de que las autoridades locales lo puedan controlar.

Tan solo en junio, de 56 homicidios dolosos, 39 fueron ejecuciones del crimen organizado. Dichos asesinatos se diferencian del resto por cometerse generalmente con armas de alto poder; el subprocurador Aarón Edmundo Castro Sánchez refirió que en un porcentaje considerable de los distintos hechos delictivos donde se accionan armas de fuego, se ha identificado que los cartuchos percutidos son calibre .223, un proyectil usado en fusiles semiautomáticos como el R15.

También se distinguen por el grado de crueldad ejercido sobre las víctimas. La tortura es casi de necesidad, al igual que la exhibición del cadáver. Los casos de decapitación y mutilación también han ido en aumento.

Los ataques directos contra personas se perpetran desde motocicletas, o vehículos en movimiento. Los levantones ocupan comandos; para levantar a una mujer en la Morales-Saucito la noche del pasado lunes 7 de agosto, se emplearon al menos cuatro sujetos fuertemente armados, por ejemplo.

Y el número de ejecuciones ha ido creciendo paulatinamente: De 40 homicidios dolosos que se registraron enero, 26 fueron ejecuciones; en febrero de 32 asesinatos que hubo en total, 26 fueron por ajustes de cuentas. Para marzo fueron 20 de 29; en abril a 16 de 24; en mayo 24 de un total de 44 homicidios.

En junio, las ejecuciones del crimen organizado representaron el 69.64 por ciento del total de homicidios, según las cifras del Semáforo Delictivo. Y esto puede constatarse consultando las notas periodísticas que informan sobre cada uno de los homicidios cometidos en la entidad, y que ofrecen algunos detalles de las condiciones en que son halladas las víctimas y la manera en que han sido privadas de la vida.

El lunes 7 de agosto, el subprocurador Aarón Edmundo Castro Sánchez, reportó que en la primera semana del mes, se habían cometido ya 9 homicidios. Entre ellos citó al menos 2 casos que presentan características de ejecución: Un joven motociclista baleado por otros motociclistas en Matehuala, y un hombre de 33 años, ultimado en la Colonia San Luis Rey por un grupo de sujetos que descendieron de un vehículo y le dispararon con armas de alto calibre.

Al día siguiente se reportó el hallazgo de 3 personas ejecutadas, con lo cual la cifra de homicidios se elevó a 12 en ocho días, 5 de ellos por presunto ajuste de cuentas.

Agosto sumaba pues 5 ejecuciones, pero mientras se escribían esta líneas, durante la madrugada del pasado sábado, el cuerpo sin vida de un hombre era hallado por transeúntes debajo de un puente en la colonia Tierra Blanca. La cuenta no para.

La frecuencia con la que ocurren las ejecuciones y la aparente facilidad con la cual los cadáveres son expuestos en la vía pública, aún cerca de las sedes de corporaciones policiacas como la Policía Ministerial, generan una imagen de debilidad por parte del estado para enfrentar este flagelo.

Hay estudios que analizan la letalidad de las Fuerzas Armadas del gobierno federal en los enfrentamientos con células del crimen organizado. Dichos análisis plantean una excesiva letalidad de los cuerpos de seguridad federales: el Ejército, la Marina y la Policía Federal matan a más delincuentes de los que detienen o de los que hieren en las refriegas. El estado niega tal letalidad pero, cierta o no ¿Ha servido de algo el exterminio de «presuntos delincuentes» a manos de los cuerpos de seguridad del Estado?

La policía y las Fuerzas Armadas «abaten» a «presuntos delincuentes», pero el narcotráfico y delitos asociados, apropiados o administrados por los cárteles, siguen rampantes. Tanto muerto a cargo de las fuerzas del orden no han contribuido más que a ensuciar la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto e incluso la de México como país a nivel internacional.

La letalidad del crimen organizado, en cambio, tiene efectos más logrados para su beneficio. Un cuerpo vejado, humillado por un grupo del crimen para amedrentar a otro grupo rival no solo provoca miedo en aquellos a quienes va dirigido el mensaje, sino en toda la sociedad y también por supuesto, empaña la imagen de México en el mundo.

Lo peor es  que probablemente aquellos a quienes va dirigido el mensaje ni siquiera tengan miedo, o no puedan permitirse tener miedo, puesto que están conscientes que aquella es la suerte que pueden correr por haber elegido o por haber sido forzados a elegir el camino de la delincuencia.

Mientras ellos alimentan su valor con droga, alcohol y narcocorridos, el temor ciudadano se alimenta de la relatoría que el periodismo hace de todos estos crímenes. Pero tampoco se puede callar. Si las noticias sobre las ejecuciones desaparecieran de las páginas de la nota roja, incluso aquellos que ven con malos ojos esta sección de los diarios, reclamarían la censura y cuestionarían «por qué no se informa» o «por qué se oculta» tal información.

No es cosa menor decir que el 70 por ciento de los asesinatos, son cometidos por una sola causa: el crimen organizado. Eso quiere decir que si un día el estado lograra controlar el problema o si ellos decidieran parar la ola de sangre, San Luis volvería a ser el estado tranquilo cuya armonía apenas rompe el homicidio en riña o por viejas rencillas.

Pero la imagen actual de la violencia es una espiral que sigue creciendo. El crimen organizado está minando al país. Lo está desangrando. Antes eran uno o dos grandes capos, que a final de cuentas fueron incapaces  o no quisieron frenar, o incluso alentaron la violencia de sus mandos medios y de sus sicarios.

Hoy hay analistas que afirman que a la cabeza de los grupos, cárteles, o células que operan el tráfico de droga y otros delitos de alto impacto, están aquellos sicarios, los que fueron o se vieron obligados a matar incluso a sus propios amigos para llegar a donde están. Así que lo que mejor saben hacer es asesinar. Quieren resolverlo todo con un homicidio. Y la realidad les hace creer que eso es posible.

Ernesto López Portillo

Sin remedio

«La violencia homicida y lo que hace el Estado para enfrentarla, se mueven de manera independiente. No tenemos información de que la autoridad modifique el comportamiento de los homicidios”, sostiene Ernesto López Portillo, especialista en instituciones policiales, consultor en Seguridad Ciudadana y Reforma Policial en la Ciudad de México

En un reportaje del semanario Zeta, el activista que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno de la violencia asegura que “El Estado mexicano no ha publicado ni dado a conocer alguna metodología con evidencia empírica sobre cómo reducir el homicidio”. En todo caso, afirma, el crecimiento o la disminución de las ejecuciones caminan independientemente de las acciones de gobierno.

Es decir, si un mes hay más o menos ejecutados que en los meses previos, eso no depende de la estrategia de seguridad del estado, sino de la necesidad o las ganas que tengan los jefes de los grupos delincuenciales de eliminar a alguien.

Además López Portillo quien sostiene que «el gobierno podrá atrapar capos y extraditarlos, pero el negocio y el mercado (de las drogas) ahí está y ahí va a estar” y, bajo esta lógica siempre habrá quien se haga cargo de él.

«Puede ser que la autoridad militar lo entienda de una manera, las Procuradurías lo entiendan de otro, la Policía de otra, pero nadie muestra metodología” para combatir sus efectos violentos, dice.

En las declaraciones recogidas por Zeta, el académico advierte que México padece una violencia endémica en materia de homicidios de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, «y no tenemos la medicina».

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