#4 TiemposColumna de Ricardo Sánchez García

Un gobierno que tolera, mata | Columna de Ricardo Sánchez García

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Se ha dicho en los temas de género que la violencia está vinculada estrechamente con el ejercicio del poder. En una movilización a nivel nacional, en días pasados, mujeres organizadas mostraron una realidad que la autoridad intenta negar. En nuestro estado, el mismo 25 de noviembre, diferentes colectivos exigieron no reducir a números a cada mujer víctima de las diferentes violencias. Demandaron respeto a la dignidad y derecho a transitar por las calles sin ser agredidas. A los gobiernos exigieron no eludir su responsabilidad y pidieron a la sociedad no callar ante la grave situación. Difundieron información sobre el doloroso desenlace de la escala más alta de violencia: la muerte o feminicidio, con todo lo que esta dura palabra involucra.

Fue el 21 de junio de 2017 cuando se hizo la declaratoria de alerta de género, mediante la cual la Segob determinó la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, pero los resultados de su implementación no son los deseables, pues a la fecha 31 mujeres en el Estado han sido asesinadas con muestras de tortura, sólo en 2017.

Poder vivir libres de violencia para las mujeres es un derecho negado durante años. Relegado el problema al ámbito de lo privado hasta hace poco, hoy se han hecho evidentes sus graves consecuencias y se exigen acciones por parte del gobierno que conduzcan a su erradicación.

Un gobierno que no investiga los feminicidios cometidos es un gobierno que mata. La impunidad es un incentivo, una clara invitación a seguir delinquiendo. La prevención es otra obligación olvidada. Desde el informe presentado por la CEDH sobre las violencias feminicidas se concluía  la necesidad de crear una base de datos en la que todas las instancias y dependencias, obligadas por ley, suministrarían información en tiempo y forma sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad, pero esto no ha sido materializado.

A pesar del tiempo transcurrido, la población sospecha la existencia de una enorme disparidad entre los feminicidios publicados por medios y las averiguaciones o carpetas de investigación que se siguen por este delito. A nivel nacional, las cosas no son diferentes pues el presidente de la CNDH exigió transparencia en los asesinatos de mujeres “la falta de concordancia entre feminicidios y los datos del Banco Nacional de Información sobre Violencia contra Mujeres es preocupante” dijo.

Mapa de feminicidios en Google Maps

En un estado donde la violencia se ha normalizado, mientras las activistas marchan en su protesta, los medios informan de una mujer arrojada en un predio de Soledad de Graciano Sánchez, con el cuerpo quemado en un 80 por ciento. Diez días antes, Eleuteria, de apenas 30 años de edad, había sido apuñalada por su esposo Florentino en Aquismón.

En tema de prevención aún esperamos acciones, pues pese a que cada vez son más crueles, públicas y recurrentes las manifestaciones del delito, las autoridades persisten en minimizar los hechos. A los agresores les da lo mismo abandonar un cuerpo en parajes, o lugares desolados que en carreteras o espacios públicos. Cosificadas como han sido las víctimas, sus familiares esperan justicia y castigo a los perpetradores.

Pero la impunidad no sólo es un tema de falta de sensibilidad, lleva consigo cierta complicidad o encubrimiento. Basta conocer el caso de Karla Pontigo para ilustrar lo dicho.  Traído a la memoria, Amnistía Internacional recién manifestó la preocupación por el sospechoso trato de la PGJE en la integración del expediente y la debilidad de sus investigaciones.

Advertida la autoridad por las mujeres que marcharon el 25 de noviembre, el problema no se resuelve porque las posibles víctimas cambien de rutina. Aún es común en el discurso oficial intentar hacernos creer que la inseguridad deriva de las conductas de las personas y son las mismas afectadas quienes se ponen en riesgo por cuestiones de vestimenta, horarios, lenguaje o lugares que frecuenten.

Si siguiéramos estas recomendaciones, no solo normalizamos la violencia, dejamos en el ámbito de lo privado esta forma de ejercer el poder sobre los cuerpos, las conductas y los pensamientos. Esto se traduciría en un sistema de control más sutil y elaborado, lo que denota además un retroceso en los logros obtenidos. El poder, según Foucault, se ejerce al regular las necesidades y los mecanismos correctivos de la vida; un mecanismo echado a andar para calificar, medir, evaluar y jerarquizar las conductas deseadas.

Con cada feminicidio no resuelto se alienta la impunidad y se crean condiciones para la repetición. Se matan sueños, anhelos y proyectos de vida.

Un feminicidio no es un hecho aislado. Con las violencias de género se busca deteriorar la cohesión social y con ello sistematizar las desiguales formas de ejercer el poder.

@DDHHSamuelRuiz 

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