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Fue un 10 de mayo | Columna de Ricardo Sánchez García

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El 11 de mayo nos despertamos con la triste noticia de que Miriam Rodríguez fue asesinada. Ella era una madre en búsqueda de justicia, comerciante locataria del mercado popular de San Fernando, Tamaulipas, que se vio obligada a dejar sus actividades normales y la tranquilidad del hogar para salir a las calles a exigir sean castigados los homicidas de su hija Karen Alejandra. Con el tiempo se convirtió en una lideresa encabezando el Colectivo en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando.

Dolor, impotencia, coraje, junto con las lágrimas de rabia al saber la noticia. Los asesinos escogieron justo el 10 de mayo, parecería que todo estaba preparado para dejar claro el mensaje de impunidad y crear un desconsuelo; buscando además mitigar ánimos de las demás buscadoras. Coincide esta fecha con la VI marcha por la Dignidad Nacional, de Madres Buscando a sus Hijos, Hijas Verdad y Justicia en la Ciudad de México que se replicó en diversas entidades del país.

Exigir los derechos humanos es una de las tareas más peligrosas en nuestro país. Denunciar actos de corrupción, violaciones a derechos humanos o informar a través del periodismo abusos de autoridad o corrupción gubernamental a muchas y muchos les ha costado la vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estos asesinatos no sólo atentan contra las víctimas, es un atentado contra la sociedad ya que deja en estado de indefensión a quienes buscan hacer valer sus derechos. En enero de 2017 la CIDH había dado cuenta del asesinato de Isidro Baldenegro, quien luchó contra la deforestación del territorio rarámuri en Chihuahua.

Otros viles asesinatos son el de Nepomuceno Moreno Núñez exigía justicia por la desaparición forzada de su hijo Nepomuceno en manos de policías estatales de Sonora; Marisela Escobedo Ruíz fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por la desaparición y posterior homicidio de su hija de 16 años Rubí Marisol; pero se habla de más de 60 familiares que buscan a sus desaparecidos y han sido asesinados en el intento de encontrar la verdad.

Digna Ochoa, cuya muerte quedó impune

Javier Torres Cruz, campesino ambientalista asesinado en Petatlán Guerrero; Digna Ochoa asesinada en su oficina en el año 2001 son activistas de derechos humanos asesinados. Pero también los hay periodistas: Miroslava Breach asesinada mientras llevaba a su hijo menor a la escuela; Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado en su departamento, había recibido amenazas y cambiado su residencia por cuidar su integridad; Regina Martínez, asesinada en 2012 en Xalapa, Veracruz. Y sí, nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo.

Dolor, desconsuelo pero mucho coraje en los colectivos que se saben vulnerables y descobijados, desprotegidos y abandonados por los gobiernos estatales. Los esfuerzos de familiares con desaparecidos para exigir justicia han dejado ver la fragilidad de las instituciones, pero también exhiben la participación o tolerancia de autoridades. Los familiares en búsqueda de hijos desaparecidos que han sido asesinados son muchos y en ellos existe la característica de que por sus propios medios hicieron las investigaciones, integraron pruebas y dieron todos los elementos para detener a los perpetradores; pero también todas y todos tenían amenazas, mismas que denunciaron solicitando apoyo para su seguridad y nunca les fue proporcionado.

En el caso de los periodistas, a través de su oficio lograron desentrañar historias de corrupción, violaciones a derechos humanos. El caso de Lydia Ochoa, quien sigue valiente en su lucha por hacer públicos delitos graves contra menores en donde altos funcionarios públicos están involucrados, nos enseña que los costos de tal atrevimiento son altos. El autoexilio y prácticamente perder la tranquilidad de la vida dejan claro que la justicia en México no viene por voluntad de las autoridades.

Las opiniones más radicales han asegurado que el seguimiento a las averiguaciones previas o carpetas de investigación para víctimas de estos delitos tan graves solo legitima la existencia de aparatos gubernamentales ocupados por actores políticos al servicio del status quo. Aun así, se exige justicia.

Pero cada uno de estos atroces homicidios sólo se pueden explicar entendiendo que elementos del Estado estén involucrados hasta el tuétano con la delincuencia organizada o por lo menos obtengan beneficios. El mismo Doctor Mireles manifestó que de haber sabido que el gobierno federal estaba involucrado con los grupos de delincuencia organizada en territorio michoacano, no se habría hecho luchador social.

Hoy muchos familiares que buscan a sus desaparecidos han llegado al grado de renunciar a la justicia. Renunciamos a la justicia para desenterrar la verdad, así lo dicen quienes se atrevieron a invitar a la sociedad para que señalen puntos donde probablemente existen inhumaciones ilegales. Esta renuncia procede de la incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos para regresar a tantas víctimas o explicar la verdad de qué pasó con ellos.

Al grito de No se Mata la Verdad Matando Periodistas hemos dejado en claro que la lucha debe seguir y las convicciones de informar y denunciar no serán inhibidas con estos asesinatos, pero las agresiones continúan. Los familiares de desaparecidos han dicho que les robaron todo, hasta el miedo se llevaron, pero siguen asesinando activistas. A Miriam la pudieron matar cualquier otro día, pero por alguna razón escogieron el 10 de mayo, con ese poder de quitar la vida, pero no de quitarnos las esperanzas de un día desenterrar todas esas verdades.

El asesinato de Miriam Rodríguez es una consecuencia directa de haber encontrado a los asesinos de su hija, seguirles el proceso y haber evitado el secuestro de su esposo. Pero es evidencia, ante todo, de que funcionarios públicos de todos los niveles están involucrados en actos delictivos con ganancia que no están dispuestos a perder.

Está claro, en México quien busca justicia y tiene altas probabilidades de conseguirla, puede dejar la vida en ello, o por lo menos, pagar con cárcel su atrevimiento.

Después de que el autor enviara esta colaboración a la redacción, se confirmó el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez.

@RicSanchezGa

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