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Fracking en la Huasteca discrimina a pueblos indígenas

Entre versiones encontradas de la autoridad, Pemex comenzará con trabajos de extracción de hidrocarburos en municipios de la Huasteca, pese a la negativa de la población.

Por: Sebastián Escorza

Sin consultar a pobladores de los municipios de Ébano, Tanlajás, Tamuín, San Antonio y San Vicente Tancuayalab, Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzará con operaciones de fracking para extraer hidrocarburos en la Huasteca potosina, de acuerdo con un reportaje publicado el lunes por el diario La Jornada Nacional.

El investigador del Colegio de San Luis, Francisco Peña de Paz, informó que la Secretaría de Energía autorizó a la empresa mexicana dos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos con los títulos AE-0391-M-Ébano y AE-0392-M-Pánuco. Al mismo tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional habría extendido el permiso 63-SLP “para la compra y consumo (sin almacenamiento) de material explosivo”, según el oficio SM/0006 del expediente XVI/272-1/63, emitido en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México.

Debido a lo anterior, Pemex Exploración y Producción podrá adquirir 190 mil kilogramos de alto explosivo, 500 metros de cordón detonante, así como 195 mil piezas de iniciadores y mil piezas de cargas de ciclonita para usarlo “en las asignaciones petroleras otorgadas por la Secretaría de Energía”.

Lic. Ricardo Sánchez García

Se discrimina a los pueblos indígenas en San Luis Potosí

Ricardo Sánchez García, representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruíz A.C., consideró este acto como una “evidente violación a un derecho reconocido de las comunidades indígenas, a la consulta de cualquier actividad que pueda afectar la vida normal que se lleva en dichas comunidades”.

El activista consideró que el gobierno del estado no respetó la Ley, pues para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo se omitió hacer una consulta a comunidades indígenas en San Luis Potosí. Con dicha omisión, el gobierno estatal puede desarrollar proyectos futuros que, en este caso, afectarán a los habitantes de las comunidades en la Huasteca potosina.

“Sí, por supuesto que es un tema de discriminación, es preocupante que el gobernador Juan Manuel Carreras quien debería tener una postura a favor de la comunidad, omitió hacer una consulta, la cual muchos calificamos como una “consulta simulada”, pues algunos pueblos manifestaron que han hecho posicionamientos claros contra esta práctica”.

El activista señaló que Gobierno del Estado conoce el posicionamiento contra el fracking en la huasteca potosina, y dijo que es un asunto federal, por lo que no estaría dentro de los ámbitos de competencia estatales, pese a que, en caso de cualquier violación a los derechos humanos, los gobiernos de todos los niveles deben intervenir a favor de la población a la que representan.

¿Qué derechos de los pueblos indígenas afecta el fracking?

Sánchez García detalló que las afectaciones por la explotación de hidrocarburos en la zona Huasteca, sin el consentimiento de los pueblos indígenas que ahí habitan, son contra el derecho a la salud, a la información, y sobre todo al desarrollo que quieren los habitantes de la región como comunidad, “hay una afectación importante, varios líderes y representantes de comunidades indígenas han manifestado esa preocupación”.

El representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz recordó que alrededor de los pueblos indígenas en la Huasteca existe la Cosmogonía del Maíz; representantes de las comunidades habían dicho que, tras la consulta simulada, solo se habría respetado su principal forma de subsistir: las cosechas.

“Al haber contaminación en mantos acuíferos, ellos hablan de veneno, (con el fracking) afectarán lo único que los sostiene con vida”.

Comienzo de operaciones y contradicción en el gobierno carrerista

Apenas el pasado 30 de julio, Juan Manuel Carreras López declaró que, para los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Huasteca, los responsables deberán atender tres requisitos que incluyen tanto aspectos legales como ambientales:

  •         Analizar los términos en los que se desarrollará la exploración y posteriormente, la explotación.
  •         Verificar la sustentabilidad ambiental del proyecto, garantizar que no habrá aspectos relacionados con la contaminación del ecosistema de la zona.
  •         Hacer un consenso conforme a las disposiciones de la ley de la consulta indígena.

Sobre la intervención del gobierno estatal en estas prácticas, Carreras López dijo que es tarea del gobierno federal el dar información. Su postura: “que se haga como una actividad que pueda generar riqueza en el país, también para generar inversión y empleo en la región”.

En redes sociales circula un video titulado “Firma del Contrato derivado de la migración de la Asignación AE-0391-M-Ébano (3/agosto/2018)”; en el material audiovisual se puede observar a Abelardo García Badilla, oficial mayor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, suscribiendo el contrato con Pemex Exploración y Producción.

A la firma acudió Eutiquio López Hernández, notario público número 35 de la Ciudad de México para dar acto de la publicación de los documentos en los sitios web oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Por otra parte, Ernestina Pombo Hernández, directora general de licitaciones de la CNH, detalló que el pasado 2 de agosto se informó al órgano de gobierno sobre la exploración y producción autorizada por la Secretaría de Energía. El contrato, según el material, entró en vigor el 3 de agosto, con duración de 30 años y con posibilidad de 2 periodos de prórroga de 5 años cada uno.

Pese a lo anterior, el 6 de agosto el gobierno del estado envió un boletín de prensa en la que aseguró, no se contempla fracking en la Huasteca potosina.

El comunicado detalla que el gobernador Juan Manuel Carreras López solicitó información sobre la exploración para extracción de hidrocarburos en la Zona Huasteca, y el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que no existen actividades autorizadas en esa región para el uso de técnicas de fractura hidráulica (fracking).

Joaquín Coldwell, de acuerdo con el comunicado de prensa, señaló que solo existe “la continuidad de los trabajos respectivos en la asignación de Ébano, cuyas actividades no contemplan el uso de estas técnicas”.

Sobre las rondas 3.2 y 3.3 de exploración y extracción de hidrocarburos que tiene en proceso la CNH, “no están incluidas áreas correspondientes al estado de San Luis Potosí, ni tampoco se prevé que se realice ninguna otra licitación en lo que resta de la presente administración”.

Al mismo tiempo, gobierno del estado incluyó un posicionamiento de Pemex tras la difusión de la nota en La Jornada.

La empresa productiva del estado aclaró que en tierras potosinas no se cuenta con ningún proyecto en la que se contemple la fractura hidráulica, “por lo que la información carece totalmente de veracidad y sustento”.

Detalló que en el municipio de Ébano “se realizan actividades convencionales de exploración y producción desde hace más de 100 años”, y que, si bien se extrae petróleo en esta zona de la Huasteca, no se aplican técnicas de fracking.

“La fuente consultada sobre este particular no cuenta con información fidedigna sobre el tema, por lo que la declaración que proporcionó al corresponsal no es verídica”, concluye el texto sobre las declaraciones de Francisco Peña de Paz.

Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

¿Se defienden los derechos humanos?

En el ámbito local, Ricardo Sánchez García determinó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos “está debilitada, por no decir subordinada”.

Consideró que el organismo garante parece más cercano a gobierno del estado que a los sectores poblacionales que debe defender ante posibles violaciones a derechos humanos.

Explicó que, en el caso de las recomendaciones, “estas han perdido calidad”, y las calificó de “omisas, débiles, oscuras” y que no garantizan la reparación del daño a quienes se les han violado sus derechos, por lo que consideró, hay un fuerte retroceso en temas de derechos humanos.

El Caso Wirikuta

Sobre violaciones a los derechos humanos de la población indígena en San Luis Potosí, existen varios antecedentes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el 12 de noviembre de 2010 un escrito del Frente “Salvemos Wirikuta Tamatzima Wa’Ha”, en el cual se describe que el gobierno federal otorgó autorizaciones mineras para que una empresa realizara operaciones en el área natural protegida de Wirikuta.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2011 se recibió un correo electrónico en el que el frente detalló que varias empresas mineras contaban con concesiones otorgadas por el gobierno federal para llevar a cabo operaciones en esta zona.

En resumidas cuentas, el organismo nacional determinó que se violaron los Derechos Humanos colectivos a la consulta y participación, al uso y disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultura, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la protección a la salud del pueblo Wixárika.

La Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, y los Ayuntamientos de los municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas, Salinas de Hidalgo y Villa de Ramos fueron encontrados responsables de estas violaciones.

También lea: Sin permiso de la población, Pemex pretende comenzar fracking en la Huasteca

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