#4 TiemposColumna de Ricardo Sánchez García

Federicosas preocupantes | Columna de Ricardo Sánchez García

Sin partitura

 

Fueron años, lustros, décadas con sabor a siglos, la lucha ciudadana para transmutar de las procuradurías a las fiscalías. La exigencia provenía de la irracional forma al realizar una investigación delictuosa cuando el sospechoso pertenecía al Ejecutivo. Además había una tentación de construir señalamientos a disidentes o incómodos pobladores. Los ministerios públicos integraban averiguaciones a velocidad inmejorable y aletargaban otras, abusando facciosamente de su potestad.

No todas las víctimas tenían la posibilidad de incubar una opinión pública a su favor. La persecución a menudo concluía con juicios sumarios. Las actuaciones por consigna eran salvadas mediante amparos. Se sacaban los asuntos del Estado para brincar las cercas puestas a troquel perfectamente diseñado para cerrar los espacios de movimiento político de los perseguidos.

Jesús Martínez Rentería, mejor conocido como Palillo, sabe de detenciones al instante. En tiempos cuando la sátira política era prohibida hasta en las carpas. Fue obligado a cargar amparos bajo la axila, pues órdenes al vapor le esperaban al concluir sus funciones para llevarlo al MP. A Gilberto Rincón Gallardo su trabajo a ras de piso lo llevó 32 veces a la cárcel, aunque él asegura que muchas veces solo fue secuestrado por elementos sin uniforme enviado desde las procuradurías.

Aún recordamos el llamado Michoacanazo (2009), cuando Felipe Calderón realizó una burda maniobra para detener a 40 presidentes municipales y sujetarles a proceso. La mala actuación de la PGR quedó evidenciada cuando los casos fueron concluyendo uno a uno, sin responsabilidad penal para los funcionarios. Fueron evidentes las tentaciones en el uso del poder investigador para fines personales, sean beneficios políticos o legitimación de perversas acciones. De memoria reciente, Enrique Peña Nieto, incrimina al doctor José Manuel Mireles, acusándolo de portación de armas de fuego exclusivas de la Fuerza Armada y le mantiene encerrado injustamente casi tres años de prisión.

En San Luis Potosí las cosas no son diferentes. Federico Garza Herrera es el notario que autorizó poderes a favor de la empresa Vialidades y Construcciones Torres S.A. de C.V., señalan habitantes del Ejido San José, quienes se oponen a la construcción de la Presa La Maroma. El hoy fiscal actuaba como fedatario en acciones para la construcción de ese proyecto desde 2016.

La denuncia penal por falsificación de documentos interpuesta por los ejidatarios en contra de Conagua y de la Comisión Estatal del Agua no avanza a pesar de las pruebas. La Fiscalía omite citar autoridades, no hay perito nombrado para acreditar los delitos y tampoco exigen informes al Registro Agrario Nacional para cotejar las firmas denunciadas. Teniendo evidencias para judicializar la carpeta de investigación, sospechosamente esto no ha sido posible.

Pero no es el único caso. En la terrible violación a derechos humanos contra habitantes de La Noria, hay una indiscutible parcialidad de Federico Garza Herrera a favor de gobierno. El fiscal fue Secretario de Gobernación en 1993, donde actúo como parte contra la problemática en La Noria y en 2015 litigó los juicios agrarios contra los habitantes del lugar, representando al gobierno del estado, señalan las víctimas.

Con estos antecedentes, en 2016 Federico Garza otorga medidas de protección a la Inmobiliaria Parques American Industries S.A. de C.V. para que lleve a cabo un ilegal desalojo, en contubernio con exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas y Horacio Lobo del equipo jurídico en el gobierno. En esos hechos del pasado 28 de diciembre de 2016 fueron detenidas ilegalmente 30 personas, pero solo reconocidas 10 como víctimas.

La Recomendación 17/2018 publicada por la CEDH (organismo supuestamente autónomo) señala a Federico Garza Herrera como violador de derechos humanos al demostrar la dilación en la integración de las carpetas de investigaciones contra de las acciones de la inmobiliaria y los exfuncionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Cesar García Meléndez y Eduardo García Colunga, este último burlescamente hoy es asesor de víctimas en la Comisión Ejecutiva Federal.

La reforma legal buscaba transitar de una procuraduría al servicio del Ejecutivo a una Fiscalía autónoma, que al ser elegida por el Congreso del Estado, fuera encabezada por una persona idónea alejada de compromisos políticos. Se buscaban periodos claros y se preveía la remoción en el cargo para el caso de situaciones anómalas graves, cuyos conflictos de intereses afectaran los de la sociedad.

A esto agreguemos la petición expresa del diputado Edgardo Hernández Contreras, quien desde la tribuna del Congreso local emplazó al fiscal Federico Garza Herrera para el caso de no resolver el lamentable feminicidio de la dentista Érica Muñoz Villareal, cuyo trágico asesinato cimbró la opinión pública.

Las federicosas por resolver son muchas, pero el uso faccioso del poder es intolerante en la figura de un fiscal.

@DDHHSamuelRuiz

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