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#Estancado | El crimen impide que el estado crezca 25%

La violencia cuesta a SLP 103 mil millones al año, una cuarta parte del PIB de la entidad

Por Redacción

 

La violencia en San Luis Potosí le cuesta a cada ciudadano un promedio de 31 mil 237 pesos, de acuerdo con el Índice de Paz México 2018 del Institute for Economics and Peace. Eso significa que en total, la violencia le cuesta a todos los potosinos 103 mil 100 millones de pesos. Solo por comparar, el presupuesto que se otorgó al estado de San Luis Potosí con recursos estatales en 2018 fue de aproximadamente 43 mil 835 millones de pesos.

Eso quiere decir que los homicidios, los delitos con violencia, el crimen organizado, el miedo, el encarcelamiento, los delitos con armas de fuego, además de los gastos en seguridad privada, el gasto militar, en seguridad interna y del sistema judicial tienen un costo que para el año pasado representó el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Para San Luis Potosí esa proporción es superior, pues el PIB estatal se calculó para 2017 en 399 mil 257 millones de pesos, mientras que el crimen en el estado tuvo un costo de 103 mil 100 millones de pesos, es decir, un 25.8 por ciento del Producto Interno Bruto del estado.

De ese porcentaje, el 46.2 por ciento fueron costos ligados a homicidios; 40.3 por ciento por delitos con violencia, como robo, asalto y violación.

Los gastos del sistema judicial, con 4.35 por ciento; militar, con 4.2 por ciento; y de seguridad interna, de 1.9 por ciento; representan en total, como gasto gubernamental en la contención de la violencia, un aproximado del 10.45 por ciento del costo total de la violencia en el país.

Otros costos son los que representa el crimen organizado, del 0.39 por ciento del total del valor; el miedo, de 1.67; el encarcelamiento, de 0.04 por ciento; los delitos con armas de fuego, con 0.35 y los gastos en seguridad privada, un 0.53 por ciento.

Es decir, los delitos con violencia y los homicidios representan el 87 por ciento del costo que tiene el crimen para la nación.

Según el Índice de Paz 2018, México solo invierte el 1 por ciento de su Producto Interno Bruto en su seguridad interna y el sistema judicial. Eso es solo el 60 por ciento del promedio de la inversión que realizan en ese rubro los países de la OCDE.

Para San Luis Potosí, el Índice de Paz 2018 lo identifica como el 18vo estado más pacífico del país, a media tabla. En la región Bajío, Querétaro, en lugar 10 y Aguascalientes, en el 13, están mejor ubicados que San Luis Potosí. En cambio, Guanajuato ocupa el puesto 19 a nivel nacional, apenas por debajo de San Luis y Zacatecas es el número 28.

Para el Índice de Paz 2018, San Luis Potosí empeoró su calificación respecto al mismo estudio de 2017.

Además, el texto del Institute for Economics and Peace encontró que en San Luis Potosí ocurren en promedio 1.1 homicidios por cada investigación judicial. Eso significa que hay más de un asesinato en un solo caso, por lo que la organización tiende a considerar esas muertes como responsabilidad del crimen organizado.

Por ese dato, San Luis Potosí ocupa el lugar 16 a nivel nacional por más homicidios por cada investigación judicial.

En el Bajío, solo Guanajuato y Zacatecas superan a San Luis en ese rubro.

En cuanto al costo per cápita de la violencia, San Luis Potosí también está a media tabla en comparación con la región Bajío. Los 31 mil pesos por cada potosino superan a los 29 mil 88 de Aguascalientes y 29 mil 719 de Querétaro. Sin embargo, están por debajo de los 38 mil 821 de Guanajuato y los 44 mil 351 de Zacatecas.

Por otro lado, en el llamado Índice de Paz Positiva, publicado en el mismo estudio, San Luis Potosí tiene el lugar 13 a nivel nacional, aunque Aguascalientes y Querétaro son los puestos 3 y 4. Guanajuato es el lugar 18 y Zacatecas el 21.

 

+El Coro Dice

 

Más que el miedo

 

La estrategia contra la delincuencia sigue sin funcionar. Cuando el clima de violencia pega incluso en el bolsillo de la población significa que las autoridades no han estado a la altura de lo que se requiere. En todo el país existe una alza en la demanda de seguridad privada, lo cual delata que desde la perspectiva de la población la tarea del gobierno no es suficiente. Para el lado administrativo esto no parece importar. Hace poco el SAT se pavoneó por aumentar en un 62% la recaudación por fiscalización durante 2017. Se trata de un desfalco al bolsillo del contribuyente que sin embargo no reditúa en un  cambio mínimo en materia de bienestar. Los mexicanos de plano tienen que subsanar las falencias de los cuerpos policiacos con la contratación de servicios empresariales como sistemas de alarmas o contratación de personal de vigilancia. A través de impuestos y a través de contrataciones externas, se hace un doble gasto que pega de lleno en el desarrollo económico del individuo. Es dinero que no se invierte, que no se puede dirigir a al desarrollo personal y que más bien se destina a la mera supervivencia. #AsíCómo

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