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#Especial | SLP entre los 11 estados más corruptos

Según la ASF la entidad se posiciona como la que presenta mayor cantidad de observaciones relacionadas con presunto daño patrimonial.

El saxofón

 

Del total de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de San Luis Potosí, entre 2000 y 2014, en el 15.63 por ciento hay presunción de daño patrimonial, según el estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción en México, Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Con este porcentaje, San Luis Potosí se ubica en el lugar número once, entre las entidades con mayor porcentaje de observaciones relacionadas con presunto daño patrimonial.

El estudio explica que “Las observaciones relacionadas con presunto daño patrimonial permiten establecer cuáles entidades federativas presentaron mayores problemas en la justificación y comprobación del gasto, y tienen más casos de daño patrimonial o comisión de otros hechos ilícitos”.

La lista de entidades en donde este porcentaje es mayor es encabezada por Baja California Sur (18.74%), Chiapas (18.23%), Guanajuato (17.14%), Chihuahua (16.53%); Michoacán (16.24%), Morelos (16.16%); Guerrero (16.13%); Zacatecas (15.86%), Puebla (15.80%), Sinaloa (15.77%) y San Luis Potosí (15.63%).

En contraste la Ciudad de México se posiciona como la de menor porcentaje de observaciones por presunción de daño, con el 6.29%, seguida por Tabasco y Nayarit con 9.35 y 9.59 por ciento respectivamente.

De acuerdo con la CNDH, el índice de gravedad de las observaciones de la ASF a las cuentas públicas de San Luis Potosí es de .237133; el mayor índice lo registra Chiapas con .359183, y el menor es la Ciudad de México con .146361.

En este indicador, San Luis Potosí supera a estados de la región como Aguascalientes y Querétaro, que presentan índices de .197205 y .183063, respectivamente.

La CNDH advierte que “Es llamativa la brecha entre el contexto de alta percepción de la corrupción que hay en México y los números tan bajos del índice de gravedad de las observaciones emitidas por la ASF. Pese a lo anterior, se observa un aumento en la gravedad de las observaciones con el paso del tiempo, a la par que hay un mayor número de averiguaciones previas iniciadas por denuncias de la ASF en los últimos años”.

Precisa que “Pese a que los valores del índice pueden ir de 0 a 3, el rango obtenido fue de 0.05 a 0.61. El hecho de tener valores tan bajos en el índice que construimos se debe a que la mayoría de observaciones preventivas supera a las correctivas, y dentro de las correctivas hay escasez de observaciones de la ASF relacionadas con las faltas más graves: el fincamiento de responsabilidad resarcitoria y la denuncia de hechos.

Se preguntó a la Procuraduría General de la República (PGR) cuántas denuncias han sido promovidas por la ASF: 139 entre el 2000 y el 2014, de las cuales 72 son por peculado. Se observa un aumento de la presentación de averiguaciones previas de no más de 10 averiguaciones entre el 2000 y el 2010 (con ceros en el 2000, 2002 – 2006), a 84 en el 2014.

Adrián Vázquez Méndez

Adrián Vázquez Méndez

Los datos anteriores cobran relevancia en el escenario potosino, ante los casos de corrupción revelados recientemente en San Luis Potosí:

El primero, el que relaciona al coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, con el pago de un soborno de 1 millón de pesos, descontando el respectivo “moche” de 500 mil pesos, a un distribuidor de periódicos para que no continuara la circulación impresa de La Orquesta.

El segundo, un video en el que el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, Enrique Flores Flores, explicaba, casi didácticamente al alcalde, también panista, Crispín Ordaz el esquema para el blanqueo de las cuentas públicas.

El segundo caso, restó atención al primero: de parte del sistema hubo respuesta inmediata a manera de un reacomodo en el Congreso del Estado y en la Auditoría Superior: Flores Flores se vio obligado a renunciar a la coordinación de los diputados del PAN y por ende a la Junta de Coordinación Política; se desmanteló la Comisión de Vigilancia, encargada de la revisión de las cuentas públicas y se integró con otros diputados.

El viernes vino la cereza del pastel: la renuncia del Auditor José de Jesús Martínez Loredo, que había esquivado todos los embates en su contra y que estaba a punto de retirarse con “dignidad”, de no ser por el desafortunado video donde con el rostro compungido, Enrique Flores, resumió todo lo que se había dicho de Martínez Loredo y de sus subordinados en una sola frase: “esa lana también es para ellos (para la ASE)”.

Si en septiembre el auditor estuvo a punto de caer con en base a “especulaciones”, todo parece indicar que dichas especulaciones, ahora son hechos comprobados.

Antes había que imaginarse cómo los diputados y auditores se confabulaban para rescatar o hundir a alcaldes y funcionarios, hoy ya no es necesario: el lenguaje vulgar y el cinismo de Flores Flores que parecen sacados de una película de Luis Estrada, son reales y quedarán para la posteridad.

perfiles

Enrique Flores Flores y Crispín Ordaz

Difícil panorama 

México pasó de tener 35 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en el 2014 y 2015; a 30 en el 2016. Esto supuso una caída de 28 posiciones pasando del lugar 95 al 123 de los 176 países analizados. La caída sucedió justo en los años en que se concretó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Correlación entre corrupción objetiva y violaciones a los DH

De acuerdo con el estudio:

“Hay varias formas en que la corrupción puede desembocar en violaciones a los derechos humanos. La primera relación entre la corrupción y la violación a los derechos humanos es la solicitud de sobornos como condición el acceso a los derechos, ya sea el acceso a la justicia o, en general, a los servicios públicos.

“La segunda relación es el pago de sobornos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos. Casos como el pago de un soborno a un supervisor de condiciones laborales, o a un evaluador de impacto de una obra de infraestructura son ejemplos de esta segunda relación.

“La tercera forma en que la corrupción genera violaciones a los derechos humanos se da cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de los recursos públicos y, por ende, se tendrán menos bienes y peores servicios que abiertamente transgreden las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos; así como las obligaciones de progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles.

La disminución de recursos públicos se puede dar por medio del desvío o malversación de los mismos; o a través de la solicitud del pago sobornos en la adjudicación de compra de bienes o prestación de servicios públicos, lo que genera sobreprecios u otro tipo de cargas en la calidad de los procesos de adquisición de bienes o servicios.

“Finalmente, la cuarta relación entre corrupción y la violación a derechos humanos sucede cuando estamos frente a la captura estatal. Lo que sucede en estos casos es la distorsión de los procesos de diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público y, por ende, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos humanos.

José de Jesús Martínez Loredo

Mil rostros de la corrupción 

Las omisiones correlacionan con todos los indicadores de corrupción. A más observaciones de la ASF, mayor gravedad en éstas, o más servidores públicos sancionados (a mayor corrupción), más omisiones (más violaciones a derechos humanos). La correlación más alta se dio con los servidores públicos sancionados.

Las quejas por detención arbitraria correlacionan con los cinco indicadores de corrupción objetiva. A más corrupción, más quejas por detención arbitraria.

El total de recomendaciones, el valor global del IDH, el factor de educación del IDH, el índice de rezago educativo del CONEVAL, y la mortalidad infantil correlacionaron con 4 de los 5 indicadores de corrupción.

A mayor corrupción medida con los indicadores de la ASF y la SFP, más recomendaciones de la CNDH, menos valor global del IDH, menos acceso a la educación, más rezago educativo y mayor mortalidad infantil.

El total de quejas de la CNDH y el acceso a la salud (CONEVAL) correlacionan con 3 de los 5 indicadores de corrupción. El total de quejas tiene un nivel muy alto de correlación. A más corrupción, más quejas ante la CNDH y más personas sin acceso a la salud.

Se observan 34 correlaciones de 65 posibles combinaciones (52.3%) con los derechos económicos y sociales; 20 de 35 posibles casos en los derechos civiles y políticos (57.1%); y 7 de 10 en los indicadores generales de DH (70%).

Por su parte, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, siglas en inglés) le interesa observar quién comete el acto de corrupción: mandos altos, medios o bajos. Por ende, su propuesta de clasificación de la corrupción se construye por medio de dos tipos: pequeña y gran corrupción. Denomina como pequeña corrupción, o basada en necesidades, a aquella donde los servidores públicos de mandos bajos, normalmente con malos salarios, solicitan sobornos para recibir bienes o servicios públicos. En cambio, la gran corrupción, o sustentada en la avaricia, es la que realizan los altos servidores públicos que otorgan contratos y licitaciones.

Recomendación

Entre las recomendaciones que la CNDH genera en el documento, resalta la Generación de datos oficiales sobre corrupción, pues actualmente “no se cuenta con datos oficiales sobre corrupción”.

Aunado a ello se advierte que “Si bien los datos construidos provienen de fuentes oficiales, no son utilizadas por el Estado mexicano como línea base para analizar el fenómeno de la corrupción, ni el impacto que las políticas y estrategias anticorrupción tienen. Esto limita la generación de diagnósticos fiables, de decisiones de política pública sustentada en evidencia, y de realización de evaluaciones de impacto.

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