Seguridad

#Especial | Santo domingo, tiradero de cadáveres

En lo que va del año, once cuerpos han sido localizados en los límites entre San Luis y Zacatecas

Por El Saxofón

Gracias a la labor de activistas, el municipio de Santo Domingo ha logrado frenar, por el momento, la instalación de un tiradero de residuos tóxicos en un predio particular ubicado en esta localidad del Altiplano potosino, sin embargo, mientras tanto, se ha convertido en un tiradero de cadáveres para los grupos del crimen organizado que operan en la zona limítrofe de San Luis Potosí y Zacatecas.

Santo Domingo es uno de los municipios con mayor extensión territorial del estado pero, enclavado en el semidesierto, donde las condiciones de vida no son nada fáciles, está escasamente poblado. En todo el municipio hay 11 mil 333 habitantes y en la cabecera municipal viven solo 712. Pues en menos de dos meses, los escasos habitantes este municipio han atestiguado el hallazgo de seis cadáveres de personas ejecutadas.

De poco o nada ha servido el convenio de colaboración en materia de seguridad para “blindar” las fronteras, firmado por los gobernadores Juan Manuel Carreras de San Luis y Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, en marzo pasado, en lo que va del año, al menos 11 cadáveres con signos de ejecución han sido arrojados en carreteras y parajes de la zona, 9 de ellos después de la firma de dicho acuerdo.

De estos cuerpos sin vida, seis fueron hallados en Santo Domingo y cinco en Villa de Ramos, ambos en los límites con la entidad vecina. Mientras tanto, además de la detención de un presunto abigeo y un supuesto narcomenudista, los operativos de vigilancia no han arrojado mayores resultados.

La zona del Altiplano potosino no ha sido ajena a la violencia del crimen organizado. Mientras la atención mediática y de las propias autoridades se concentra en la Zona Metropolitana y en la Huasteca, los pobladores del semidesierto potosino viven su propio drama.

En febrero de este 2017 los cuerpos mutilados de dos hombres fueron dejados en sendas bolsas sobre la carretera que conduce a El Barril y La Chaparrosa, testigos afirman que vieron cuando hombres armados a bordo de una camioneta arrojaron las bolsas negras a la cinta asfáltica, incluso algunas extremidades quedaron regadas sobre la vía, para asombro de los automovilistas que pasaban por lugar y dieron parte a las autoridades.

Veinte días después, los gobernadores de Zacatecas y San Luis Potosí, acompañados de sus respectivos Secretarios de Gobierno, Procuradores y Secretarios de Seguridad Pública, y hasta de los delegados de la PGR en dichos estados, firmaron el convenio.

Un mes más tarde, concretamente el 12 de abril, sobre la carretera estatal 175, que comunica a las comunidades de Casa Blanca y La Dulce Grande, en el municipio de Villa de Ramos se localizó el cuerpo sin vida de un hombre. Al lado del cadáver, los asesinos dejaron un mensaje escrito en una cartulina en el cual amenazaban a un grupo contrario. El reporte fue recibido al número de emergencias 911 en Zacatecas, por lo que fueron autoridades de este estado los que levantaron el cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legal en calidad de desconocido.

El siguiente hecho ocurrió el 12 de junio, cuando se hallaron otros dos cadáveres embolsados. Esta vez los asesinos abandonaron los cuerpos a la altura de la entrada a la Chaparrosa, en un camino de terracería. Se trataba de dos hombres de aproximadamente 40 años de edad que tampoco fueron identificados; según los reportes periodísticos del día de los hechos, no eran habitantes u originarios del municipio potosino, pues no había reportes recientes de personas desaparecidas en la zona.

Un mes más tarde, el 16 de julio, la escena del crimen se mudó a Santo Domingo. En la comunidad de San Antonio Calihuey fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. Los victimarios la dejaron amarrada y con una pañoleta en el rostro. Vestía pantalón oscuro, blusa negra y tenis oscuros. Tampoco fue identificada.

El 8 de agosto tocó el turno a una pareja: pobladores de la comunidad de Illescas hallaron los cadáveres de un hombre y una mujer. Estaban bocabajo, maniatados y amordazados; tenían huellas de violencia y un disparo en la cabeza.

El día 29 se halló el cuerpo de un hombre en la comunidad El Arenal, perteneciente a la delegación de Illescas. Estaba amarrado de pies y manos con cinta canela. Este cadáver fue abandonado cerca de un camino que conduce al municipio de Villa de Cos, en Zacatecas, y tampoco fue identificado.

El hallazgo más reciente ocurrió apenas el pasado 4 de septiembre, otra vez en Arenal, en la carretera que va de Illescas a Villa de Cos. Los cuerpos estaban en la batea de una camioneta con placas de Zacatecas. La identidad de las víctimas no fue establecida. Uno de los fallecidos parecía ser un joven, quien fue encontrado con un short con rastros de sangre sobre la cabeza y un cinturón en el cuello; la otra víctima tenía el rostro cubierto con una bolsa negra y un orificio a la altura de la sien izquierda.

En la localidad de Illescas hay 1 mil 727 habitantes.

El convenio

Por lo que respecta a los límites con Zacatecas, el gobierno de esa entidad y el de San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración en materia de procuración de justicia y seguridad pública, a fin de fortalecer el combate a la delincuencia de manera eficiente en los municipios limítrofes de ambos estados de la República.

El gobernador Alejandro Tello visitó San Luis Potosí para participar en una reunión interinstitucional en materia de seguridad pública Zacatecas-San Luis Potosí, donde, junto con su homólogo Juan Manuel Carreras López, planificaron una estrategia conjunta en materia de seguridad, según informaron las autoridades de aquella entidad.

Ambos mandatarios firmaron como testigos de honor un convenio de colaboración signado entre los titulares de la Procuraduría de Justicia de Zacatecas y San Luis Potosí, así como las Secretarías de Seguridad Pública de ambas entidades.

Alejandro Tello solicitó a las autoridades de seguridad de ambos estados generar una sinergia para combatir el delito y ofreció toda la disposición y garantía de la administración a su cargo para darle resultados a los zacatecanos y a los potosinos.

El mandatario zacatecano agradeció la posibilidad de realizar el convenio de colaboración, puesto que -dijo-, la seguridad es el gran tema de Zacatecas, donde, informó a su homólogo Juan Manuel Carreras, cada lunes se reúne el Grupo de Coordinación Local para tomar decisiones en esta materia.

Tello Cristerna destacó que su administración, en coordinación con otras autoridades, ha logrado desarticular bandas de secuestradores, detener narcomenudistas, decomisar armas y droga; sin embargo, aún hay retos importantes y de ahí la necesidad de coordinarse con el gobernador Carreras para combatir los incidentes que ocurren en la carretera Zacatecas-SLP.

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, consideró que en la medida que se tenga mayor comunicación y coordinación entre los dos gobiernos vecinos, habrá mejores resultados en el combate al crimen, por lo que agradeció el acuerdo logrado.

El convenio firmado consiste en adoptar políticas anticriminales de manera integral, que permitan diseñar y ejecutar estrategias conjuntas para abordar el fenómeno de la delincuencia.

Ambas administraciones acordaron tener intercambio de información, consultas, análisis, actualización de la misma, crear bases de datos de utilidad mutua para que esté disponible en forma ágil y oportuna, a través de los enlaces que cada parte designó para tal efecto.

El convenio toma en cuenta la prevención del delito, ya que ambas partes se comprometen a identificar factores criminógenos que permitan diseñar estrategias para combatir el fenómeno delictivo.

También realizarán investigación conjunta de hechos delictivos, ejecución de órdenes de aprehensión, reaprehensión u órdenes de presentación y, para ello, mantendrán actualizado el intercambio de información sobre dichas órdenes.

Ambos gobiernos podrán realizar detenciones en flagrancia, operativos conjuntos, servicios periciales y compartir experiencias e información en la implementación del sistema penal acusatorio y oral, todo con base en el respeto de los derechos humanos.

Altiplano: focos rojos

Como se decía en líneas arriba, el Altiplano potosino no está exento de la violencia que propagan en la entidad las células del crimen organizado, ante la inercia de las autoridades. Tan solo en Matehuala, el municipio más importante de la región, en lo que va del año se han registrado, 13 homicidios con señales de ejecución, según un recuento periodístico.

Durante este año, mes con mes, se ha registrado por lo menos un caso de ajuste de cuentas: en enero se halló el cuerpo de un joven en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Santa Lucía, cerca de las instalaciones del CBTA 52. El cadáver no fue identificado al momento del hallazgo, pues en su cartera no portaba ninguna identificación, aunque sus asesinos si le dejaron dos envoltorios con polvo blanco.

En febrero, otro joven de 25 años, este sí identificado, murió tras ser baleado cuando viajaba a bordo de su automóvil en la calle Santa Ana y camino Viejo a la Paz, en la colonia Guadalupe.

En marzo se registaron tres ejecuciones. Dos cuerpos sin vida fueron hallados en el camino a la comunidad de Sacramento, el 22 de marzo, y el 25, se halló un cadáver más en un camino cercano a la comunidad de El Chamizal, en los límites con Villa de la Paz.

En abril ocurrieron otros tres casos, el 3, 4 y 9 de abril respectivamente. En mayo y junio se perpetraron dos ejecuciones cada mes, en julio no se registró ninguna, y en agosto se registró una más, con lo cual suman un total de 13.

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