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#Especial | ¿Qué hace realmente la ASE en SLP?

La revisión de las cuentas públicas en San Luis Potosí deja desconfianza en la sociedad, por decir lo menos

Por: El Saxofón

La revisión de las cuentas públicas es un tema constante en la agenda mediática local y en la opinión pública, año con año, al llegar a manos de los diputados, los informes de la revisión que del gasto de los recursos públicos hace la Auditoría Superior del Estado (ASE) levantan suspicacias.

El trabajo periodístico al respecto, da cuenta de la falta de confianza de los diversos sectores de la sociedad en el trabajo que realiza la ASE, pero sobre todo, del papel que juegan los diputados en este proceso.

También la prensa, en base a documentos, ha presentado posibles casos de corrupción en las auditorías del gasto público, aunque desafortunadamente, el trabajo periodístico no ha sido lo suficientemente valorado para motivar o alentar investigaciones formales por parte de las autoridades.

En 2017, el famoso video de la “Ecuación corrupta” vino a confirmar lo que todos sabían, y lo que el trabajo periodístico había evidenciado o intuido: que la revisión del gasto sigue atada al manejo político, aunque lo nieguen la ASE y los diputados.

Servidores públicos a los que se acusa de haber robado millones de pesos terminan pagando multas irrisorias por no poder solventar “irregularidades administrativas” o “financieras” de poca monta o de escaso monto.

El exdiputado Enrique Flores está bajo investigación, y sus tres presuntos cómplices, a quienes el diputado involucró con sus declaraciones, fueron absueltos a los pocos meses. Uno de ellos, Oscar Bautista, fue electo diputado federal; la opinión pública los sigue tachando de ladrones y corruptos, pero la autoridad no ha sido capaz o no ha querido (otra sospecha muy fundada) comprobar tales acusaciones; en términos legales, son inocentes.

Derivado de lo anterior he aquí una modesta proposición: ¿Por qué no quitar de una vez por todas al Congreso del Estado la facultad de revisar el ejercicio del gasto y en cambio, cedérselo a un órgano lo más ciudadano que se pueda, cuyos integrantes tengan la relación más distante posible con partidos políticos, autoridades en el gobierno y otros sujetos involucrados en la política?

¿No podría la ASE transformarse en un ente con autonomía no solo presupuestal?

Sin duda, alcanzar este objetivo, representará muchos obstáculos, el primero serán los propios partidos.

Si no llegamos allá, para empezar habría que hacer públicos los informes de la Auditoría. Cada año, los diputados aprueban dictámenes que solo ellos conocen, sobre informes que solo ellos conocen: la ciudadanía no sabe qué es lo que aprueban. Los periodistas, por su parte, tienen que estar a la espera de que alguna fuente, con quién sabe qué intenciones, les filtre un documento, para revelar que tal o cual alcalde no justificó tales o cuales gastos. Que este funcionario fue el que robó más, que aquel el que robó “más poquito”.

¿No podríamos acabar con esto quitando de una vez por todas a los diputados de este proceso?

¿Por qué los diputados tienen que aprobar los informes de auditoría de la ASE? ¿Qué necesidad hay de ello?

¿Qué hace la ASE?

En el portal web de la Auditoría Superior del Estado se lee:

En enero del año 2007 entró en funciones la Auditoría Superior del Estado, esto en razón del Decreto de creación No. 499, publicado en el Periódico Oficial el 30 de Mayo de 2006, a la que se le otorgó autonomía técnica, administrativa y de gestión, situación de la que no gozaba la entonces Contaduría Mayor de Hacienda que era considerada como una autoridad técnica y auxiliar del propio Congreso.

De igual forma hubo cambio de denominación de titulares pues en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, su titular era conocido como Contador Mayor de Hacienda y quien lo auxiliaba en sus funciones se les denominaba Sub-Contadores. Ahora el titular es el Auditor Superior del Estado y Auditores Especiales. Una de las situaciones de cambio es que el Pleno del Congreso del Estado conforme a Disposición Constitucional revisaban y aprobaban en su caso las Cuentas Públicas, situación que desapareció por la creación de la Auditoría Superior del Estado.

A la pregunta ¿Quiénes Somos?, la ASE responde:

La Auditoria Superior del Estado es el órgano del Congreso del Estado que tienen a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas de los entes auditables a través de las acciones y obligaciones que se establecen en la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

 

¿Qué hacen los diputados con las cuentas públicas?

Los diputados llevan más de diez años aclarando que “el Congreso no aprueba las cuentas públicas”, y nadie parece haberlo entendido. Al día siguiente de la sesión en la que se lleva a cabo el procedimiento, invariablemente hay medios que cabecean: “Aprueba Congreso las cuentas públicas”.

En días pasados, previo a la aprobación de los informes de las controvertidas auditorías del 2016, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Héctor Mendizábal, explicó:

“Se malentiende que aprobar los informes es aprobar la cuenta pública y no es cierto, lo que se aprueba es el informe de auditoría”.

Abundó que “si ustedes revisan los informes, están llenos de observaciones tanto financieras como administrativas, entonces al aprobar estos informes se obliga a todos los entes auditables a rendir cuentas sobre estas observaciones”, explicó.

Lo que esto quiere decir es, que los diputados, como quien dice, dan el “visto bueno”, al trabajo de la ASE, y efectivamente, los entes auditables, aún tienen que solventar o en su caso, cumplir con las sanciones derivadas de las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto que consten en dichos informes.

Bajo esta lógica, días después el Congreso aprobó los informes de las cuentas municipales, excepto el correspondiente al municipio de Ébano, donde gobierna Crispín Sánchez Ordaz, el alcalde panista que grabó en video a su compañero de partido, el diputado Enrique Flores, ofreciéndole impunidad en las posibles irregularidades que eventualmente se detectarían en su cuenta pública.

En un comunicado de prensa el Congreso informó que “se ordena a la Auditoria Superior del Estado la realización de un nuevo proceso de auditoría a la cuenta pública 2016 del Ayuntamiento de Ébano”, pues “Se advierte que se omitió observar las disposiciones legales a que estaba obligado en el desempeño de su cargo el personal de la Auditoria Superior del Estado encargado de la fiscalización a la cuenta pública del municipio de Ébano, acreditándose lo dicho con las inconsistencias detectadas por el Despacho Externo en la integración de las observaciones notificadas al ente auditable”.

En pocas palabras, el despacho externo encontró deficiencias e irregularidades, específicamente en la revisión que hicieron los auditores al municipio de Ébano.

Ante ello, además de que la ASE tendrá que reponer el proceso, “se ordena dar vista a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia para que en el ámbito de sus atribuciones investigue y, de ser el caso, sancione la conducta de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado que participaron en la fiscalización de la cuenta pública del municipio de Ébano correspondiente al ejercicio fiscal 2016”.

En un contexto de “sospechosismo” como el que actualmente se vive, resulta curioso que de 113 entes auditables (entre ellos los 58 municipios) el despacho externo solo haya encontrado irregularidades en la auditoría realizada al municipio de Ébano.

Las observaciones financieras encontradas en la administración del municipio huasteco son del orden de los 41 millones de pesos.

Enrique Flore Flores captado en video en el escándalo de la Ecuación corrupta

Flash Back

En este punto, cabe recordar la memorable conversación sostenida entre el exdiputado Enrique Flores y el alcalde Crispín Ordaz. En el extracto que se expone a continuación, Flores Flores expone a Crispín Ordaz el monto de observaciones que tendría que solventar:

Crispín Ordaz: ¿Te acuerdas que me hablaste para decirme que había observaciones como de 50 millones de pesos? Tú sabes que ahí en la ASE nosotros desahogamos.

(…)

Enrique Flores Flores: Con todo y los desahogos no sé cuantos (millones) te restan procedentes, no sé cuántos vergas…

CO: ¿Cuántos?

EFF: Pos cuarenta millones de pesos

CO: ¡Ah chingao!

Tras la expresión de incredulidad del alcalde, Enrique Flores expone el esquema del soborno para solventar las irregularidades antes de que se conviertan en observaciones en el informe que la ASE entregará al Congreso, luego, le ofrece otra opción:

EFF.– (…) O ve a que te chinguen, wey, y ya a la mera hora, ya negociaremos las cuentas públicas nosotros (los diputados)…

Más adelante explica que al periodo de desahogo de observaciones a que tienen derecho los alcaldes antes de que los informes pasen al Congreso, sigue otra parte del proceso, donde la ASE notifica al alcalde cuáles observaciones lograron solventar y cuáles no.

En este sentido, Flores le ofrece: “Lo que queremos hacer es, a los cuates que están entrando al negocio con estos weyes (Oscar Bautista, José Guadalupe Torres y Manuel Barrera Guillén) es, a ver: esta es tu notificación, si jalas yo ahorita doy la instrucción para que todo este cagadero quede limpio. Y te notifican que desahogaste todo”.

El diálogo es claro sobre el papel que juegan los diputados en el proceso, en primer término pueden intervenir (ilegalmente) desde el proceso de auditoría y “limpiar” de irregularidades el informe que llegará el Congreso; si no se hace así, queda la opción de “negociar” la aprobación del informe entregado por la ASE, ya en la Comisión de Vigilancia, que es la que dictamina los informes antes de que pasen al pleno.

Es decir, la presunta autonomía de la ASE no es obstáculo para que los diputados sigan interviniendo en la “aprobación” de las cuentas públicas, en teoría no deberían hacerlo, pero en la práctica es posible seguir lo haciendo.

Rocío Cervantes, titular de la ASE

Kafkiano escenario

En noviembre de 2017, luego de las acusaciones de corrupción al interior de la ASE, que habían venido acrecentándose en los últimos años, y que se vieron colmadas con el escándalo de la Ecuación corrupta, la fiscalización de los recursos públicos derivó en un escenario kafkiano (absurdo): el órgano creado para auditar el manejo de los recursos públicos, fue sometido a una auditoría por las sospechas de malos manejos por parte de sus auditores.

Ante la desvergüenza de uno de sus compañeros, que explicó con pelos y señales cómo opera el blanqueo de cuentas públicas, los diputados tomaron la decisión de contratar un despacho externo que auditara el trabajo que realiza la Auditoría y que, no está de más decirlo, cuesta más de 220 millones de pesos en presupuesto anual.

Si seguimos por este camino, habrá que contratar otro despacho externo que audite al despacho externo que auditó a la ASE, y luego contratar otro despacho que audite al despacho que auditó al despacho… y así hasta el infinito, hasta que haya alguien con la suficiente credibilidad para dar certeza a la ciudadanía de cómo se gasta el dinero público, sin importar si quien lo ejerce pertenece a uno u otro partido político.

El último invento para tratar de darle credibilidad a la revisión de las cuentas públicas es la llamada Unidad de Evaluación y Control, órgano de auxilio para la Comisión de Vigilancia: recientemente los diputados eligieron para presidirla, nada más y nada menos que a Héctor Mayorga Delgado, el primer titular de la ASE, que si bien cumplió el periodo para el cual fue electo, su trabajo también fue cuestionado.

En fin, lo que nadie puede negar es que la parte del proceso de revisión de las cuentas públicas que corresponde a los diputados, no abona en nada a la credibilidad del trabajo que hace la Auditoría, sobre la cual, de por sí, ya pesan suficientes y probadas sospechas: antes, al contrario, lo enturbian más.

Por cierto, ¿alguien sabe cuánto cobró el despacho De la Paz Costemalle DFK, S. C., por auditar a la Auditoría Superior del Estado?

 

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