Estado

#Especial | PGJE no atiende y ataca a víctimas de violencia sexual

Desde el procurador hasta los ministerios públicos hay maltrato institucional en la dependencia

Por Luis Moreno Flores

Magdalena González Vega es subprocuradora en Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE). El miércoles realizó una declaración en la que deslizó la posibilidad de que la joven que fue víctima de violación en las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), tuviera parte de la responsabilidad:

<<Se van a la Feria, se toman sus copas, a la salida se van (…) sé que esto no lo debo decir porque políticamente me pueden atacar pero esa es la realidad. Hay que tener cuidado con lo que está haciendo la juventud para divertirse (…) también fui joven y ¿a todos nos gusta divertirnos, no? Entonces tener cuidado con las conductas…>>.

Y en efecto, sus palabras fueron desafortunadas, pero no solo en un sentido político, más bien sus dichos exponen que en la Procuraduría no existe la capacitación para atender de forma correcta a las víctimas:

“Ha emitido juicios de manera irresponsable, porque ella misma advirtió que sabía que no debía decirlo y lo dijo. Sus declaraciones están fuera de lugar. Ha revictimizado no solo a la joven afectada, sino a todas las mujeres, al establecer juicios que no le corresponden a ella como subprocuradora, como autoridad encargada de administrar la justicia, de aplicar la normatividad internacionales de los derechos humanos de las mujeres debe en su discurso garantizar la seguridad y la justicia”, declaró en entrevista la activista Marcela García Vázquez, quien también es parte de la Mesa Interinstitucional para la Atención de Feminicidios organizada por la propia PGJE.

Este no es un caso aislado, de acuerdo con Marcela García, estas actitudes se replican todos los días entre los funcionarios de todos niveles de la Procuraduría:

“La violencia contra las mujeres ha rebasado a la PGJE. No pasa un día sin que alguien me llame para decirme que fue víctima de maltrato institucional. Sus estadísticas puedan dar muestra de ello. De cada 10 mujeres que denuncian 8 ya no vuelven”.

Maltrato institucional

La Orquesta logró contactar a una ciudadana que apenas ayer vivió de primera mano la falta de empatía que existe en la PGJE. Para resguardar su identidad, será mencionada como Daniela.

Esta misma semana, Daniela acudió a la PGJE para denunciar que fue y es víctima de acoso por parte de uno de sus vecinos:

“Fui a hacer la denuncia por acoso. A la persona que me atendió en la recepción le conté que uno de mis vecinos desde hace tiempo me sigue, me hace comentarios sexuales.

La última vez que ocurrió fue hace pocos días. Salí a surtir una receta de mi mamá al centro de salud. De regreso me encontré con este tipo y empezó de nuevo a decirme cosas y a tocarse sus partes. Quería tocarme. Le eché gas pimienta y me eché a correr. Me alcanzó y dijo “soy judicial cabrona, te las estoy contando todas y te las voy a cobrar”.

La persona de la entrada dijo que eso no es un delito, que no es acoso. Además me dijeron que ahí solo se atienden casos familiares. Llené una forma y me percaté que en el apartado donde pregunta quién realizó el ataque decía vecino. Se lo enseñé a la encargada y dijo que iría a consultarlo.

De ahí me pasaron con una licenciada de nombre Angélica Mendoza Muñoz. Con ella también conté que este señor tenía mucho tiempo de hostigarme. Esta señora me dijo que seguramente yo tenía algo y que por eso no había denunciado. Insistió en que eso no es acoso solo faltas a la moral.

Luego me preguntaron si sabía la dirección exacta del tipo. Prácticamente me regañaron por no estar enterada de dónde vive. Angélica Mendoza se puso a decir que sin ese dato no podían hacer nada y que era ilógico que yo no supiera si se supone que es mi vecino.

Después me enviaron a una cita psicológica. Al salir pasé a preguntarle a la licenciada qué iba a pasar y ella de nuevo salió con que sin la dirección no se puede hacer nada”.

Angélica Mendoza Muñoz, a quien se refiere la víctima, es una agente del Ministerio Público parte de la Subprocuraduría especializada en atención de delitos sexuales contra la familia y derechos humanos, de la cual es titular la subprocuradora Magdalena González Vega.

Federico Garza Herrera

Un problema de raíz

A principios de este 2017, el procurador Federico Garza Herrera virtió frente a la prensa algunas palabras con las que trató de justificar la desaparición de mujeres al decir que la mayoría de ellas “se van con el novio y vuelven por su cuenta”.

A ocho meses de ese momento, hoy se puede confirmar que existe violencia de estado contra las mujeres víctimas de abusos, pues como este texto ha dado cuenta este trabajo, el maltrato institucional comienza desde el procurador, se remifica en subprocuradores, se esparce en los ministerios públicos y hasta toca a la recepción.

Marcela García fue más allá:

“Las decisiones de quienes están a cargo de las dependencias claro que repercuten en sus subordinados. Lo vemos en el caso de la ministerio público, es la misma actitud y postura que la de Magdalena. Pareciera parte de la política del gobernador Juan Manuel Carreras para establecer está línea de justificar la ineficacia de sus acciones y ocultar lo obsoleto del aparato de justicia. El gabinete de justicia necesita oxígeno, gente nueva y convencida de la urgente necesidad de generar condiciones para que las mujeres dejemos de vivir violencia en todos los ámbitos de la vida social”.

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