#Si Sostenido

#Especial | La crisis sociopolítica en Nicaragua

Protestas, violencia y  desesperación mantienen en vilo al país centroamericano

Por: Erick Nielssen Maravilla

Nicaragua se encuentra sumido en uno de los momentos más turbulentos de su historia. Las protestas surgidas contra las medidas tomadas por el presidente Daniel Ortega han dejado un saldo de varias decenas de muertos. En exclusiva para La Orquesta, el periodista Erick Nielssen, quien vive en Managua, explica para el público mexicano lo que está sucediendo en sus tierras.

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Ya es más que una crisis política, es una insurrección popular que clama por la salida del gobierno sandinista de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La década de gobierno sandinista había comenzado favorable, pero pronto comenzaron a aparecer anomalías políticas, nepotismo, acusaciones de corrupción y la constante represión a cualquier intento de protesta o crítica. Los 76 muertos que dejaron las protestas del último mes es lo que mantiene la rebelión civil.

Todo explotó a partir de una manifestación ciudadana en contra de una medida que desfavorecía a la clase trabajadora; una reforma que buscaba evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a través de un impuesto desfavorable para pensionados, empleadores y trabajadores.

Gran parte de los primeros protestantes fueron ancianos jubilados y jubiladas. Incluso contra estos ciudadanos comenzaron a actuar los grupos pro-gubernamentales (la llamada “Juventud Sandinista” y unas problemáticas bandas de motorizados). La mayor violencia estalló en Managua: primero en un plantón con centenares de ciudadanos, ancianos, jóvenes y miembros de organizaciones políticas, luego contra estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), quienes tuvieron que refugiarse en su recinto universitario debido a los ataques con piedras, tubos y garrotes por parte de las turbas. Según Rosario Murillo, la “Juventud Sandinista” había actuado en “legítima defensa” y denunciaba que había grupos de “desestabilización” promoviendo las agresiones.

También hubo periodistas que sufrieron ese día 18 de abril, punto que marca un golpe a la libertad de prensa junto con la subsiguiente censura de algunos canales de televisión independientes que duró varios días.


El segundo día, 19 de abril, al ver el primer ataque en contra de la UCA, los grupos de estudiantes de otras universidades se autoconvocan, no sólo para protestar en contra de la Reforma del INSS, sino ahora en contra de la represión por parte del gobierno. Dos grupos grandes fueron acorralados: el de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el de la Universidad Politécnica (UPOLI). Ambos grupos se atrincheran en sus respectivos recintos después de recibir balas de goma y bombas lacrimógenas de los antimotines.

Y se observa una constante ilegal: las turbas pro-gubernamentales agrediendo a los manifestantes en complicidad de la Policía Nacional. Esto incrementa el malestar social en gran parte de la población que desemboca en protestas masivas y “cacerolazos” en todos los departamentos del país, incluyendo ciudades históricas para el Frente Sandinista como León y Masaya, que se enfrentaron por más de seis horas con antimotines y turbas.

Estos son los hechos más alarmantes. Los que dejan las primeras decenas de heridos, desaparecidos, apresados y al menos 40 personas asesinadas. Ya es una masacre. Álvaro Conrado, de 15 años, y el periodista Ángel Gahona, fueron las víctimas mortales que causaron mayor conmoción en la población. Ambos recibieron disparos certeros de tipo profesional al igual que otro gran número de víctimas.

No obstante, el Gobierno siembra dudas sobre estas víctimas y afirma que son “grupos vandálicos de la derecha” los que están generando caos y manipulando al pueblo con “noticias falsas”. Canal 4, medio oficialista, incluso llegó a proclamar que los videos de Facebook que mostraban heridos y pánico de los estudiantes atrincherados en la universidad UPOLI, eran puro “teatro”. Una parte de la población pro-gubernamental opina igual, pero los enfrentamientos siguen dejando muertos en varios puntos del país.

Se vivió una victoria con la derogación de la Reforma del INSS por parte de Daniel Ortega pero la rebelión ciudadana no se detiene porque se considera que Ortega ya no tiene autoridad moral para gobernar. Ya es visto como un “genocida”, como lo reclama el Movimiento Estudiantil 19 de abril.


Se forma la “Comisión de la Verdad” que actualmente sigue encargándose de investigar los crímenes de las protestas de abril. Tal Comisión es mal vista por los ciudadanos anti-gubernamentales porque es considerada leal al Gobierno de Ortega.

El Diálogo Nacional del 16 de Mayo inicia en medio de mucha tensión social. Mediado por obispos católicos el inicio del Diálogo es sorprendido por una intervención del líder del Movimiento Estudiantil 19 de abril, Lesther Alemán, quien exige a Ortega que dé la orden del cese de los ataques represivos por parte de la Policía y turbas adeptas al gobierno, además de la liberación de los “presos políticos”, como declara el estudiante.

Ortega asegura que la Policía ya tenía orden de no disparar pero además expresa que hay grupos de manifestantes que han usado armas de fuego. Lo más sorprendente fue su acusación hacia los estudiantes de la universidad UPOLI que él denominó como “bandas paramilitares” en posesión de un arsenal armamentista.

En la fecha de la publicación de este artículo los enfrentamientos se han vuelto a intensificar debido a una falta de consenso en el Diálogo Nacional. Los delegados de Ortega expusieron la afectación económica que está provocando el nuevo tipo de protesta: los tranques o barreras en carreteras que han puesto campesinos, universitarios y la sociedad civil. Luego de la negativa de quitar tales tranques comenzaron las agresiones por parte de grupos paramilitares, mientras que la Policía dispersaba a los manifestantes. En contraparte, los medios oficialistas declararon que fueron “grupos delincuenciales de la derecha” los que agredieron a pobladores que demandaban la eliminación de los tranques.

Es una situación complicada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya indicó en su informe preliminar que hubo “graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas”. Y que sí es cierto que la respuesta represiva del Gobierno dejó 76 personas muertas, 868 heridos y 438 detenciones arbitrarias. El Gobierno repite su versión de un complot desestabilizador pagado por la “derecha opositora” y la “oligarquía empresarial”, pero no presenta evidencias de ello.

Hay división en la población: un sector pro-gubernamental que cree en tal complot pero también un gran número que pide la salida del Gobierno de Ortega, algo que se pudo verificar con las tres marchas nacionales Azul y Blanco que llenaron las calles.

 

Erick Nielssen Maravilla es un escritor y periodista nicaragüense.

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