México

#Especial | Juicio político: el apantalla pendejos

Pese a su sonoridad, la medida solo se ha aplicado contra ocho personas en más de 100 años

Por Luis Moreno Flores

Las palabras juicio político son espectaculares, más en estos días cuando el videoescándalo en el que, sin su consentimiento, fue grabado el diputado Enrique Flores mientras instruye al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, sobre cómo surfear en la ola de corrupción que existe entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que estos órganos limpiaran sus cuentas públicas que están manchadas por observaciones que alcanzan los 40 millones de pesos.

La opinión pública no perdona y de inmediato se han alzado las voces de cámaras empresariales, organizaciones civiles y fuerzas políticas rivales a los diputados Manuel Barrera Guillén, Oscar Bautista, J. Guadalupe Torres, Enrique Flores; el exauditor José de Jesús Martínez Loredo y el edil Crispín Ordaz, que piden el desafuero para que estos personajes puedan ser juzgados.

Apenas hace unos días, mediante un desplegado en el diario Pulso, se anunció la creación del frente ciudadano contra la corrupción. Entre los firmantes de las peticiones de este movimiento destacan Wikipolítica (organización fundada por Pedro Kumamoto), Ciudadanos Observando, Nuestro Centro, Canaco Servytur, entre otras. Pero, ¿qué oportunidades tiene de generar acciones reales este frente?

¿Qué son el juicio político y el desafuero?

De acuerdo con la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, un juicio político es el proceso en contra de los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Aquí cabe apuntar que un juicio político no procede por la mera expresión de ideas.

El desafuero, también conocido como declaración de procedencia, es la conclusión de los juicios contra los servidores públicos acusados, con el objetivo de retirarles el fuero político (protección de los servidores públicos para ser procesados judicialmente que tiene como objetivo darles la posibilidad de ejercer de forma libre y autónoma sus funciones sin ser coaccionados por alguna persona o institución) para ponerlos a disposición de una autoridad judicial y sean juzgados por delitos cometidos durante el desempeño de su cargo.

Solo 8 desafueros en 108 años

En marzo de este año, el Poder Judicial impuso una sanción a la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, esto debido a que no había sesionado sobre 364 casos de juicio político. De inmediato 109 de ellos fueron desechados.

La inmovilidad y las respuestas negativas son las constantes de los juicios políticos en México: en 108 años, desde que en 1909 se dio el primer caso, solo se ha desaforado a ocho funcionarios públicos.

Es la Cámara de Diputados, mediante Subcomisión de Examen Previo, la encargada de revisar las solicitudes en contra de servidores. Esta división, que está integrada por catorce diputados federales, se reactivó en el 2016, ya que no sesionaba desde el 7 de abril del 2005, cuando el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue desaforado debido a que su gobierno abrió un camino en un predio privado para comunicar un hospital.

Durante un discurso previo a la votación del Pleno, López Obrador acusó a Vicente Fox, entonces presidente de la República, y a Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de haber orquestado su desafuero para impedir que llegara a presidencia.

Desde el episodio, Andrés Manuel ha sido dos veces candidato a la presidencia y fundó su propio partido político, el Distrito Federal pasó a llamarse Ciudad de México, desapareció la figura de jefe de gobierno y el Congreso tiene un rezago de doce años en las solicitudes de desafuero, ya que desde entonces solo desaforó en 2010 a Julio César Godoy Toscano, que había sido electo como diputado federal, pero jamás pudo rendir protesta porque se le señaló por tener vínculos con el grupo criminal La familia; y en 2016 para el asunto de la diputada panista Lucero Sánchez López, por vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente el haber utilizado una credencial de elector falsa para visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El primer caso

El primer desafuero en la historia de México ocurrió en 1909 y el afectado, que pasó cinco meses en prisión, fue José López Portillo y Rojas, abuelo del expresidente José López Portillo.

López Portillo era senador. En la versión oficial lo acusaron, le retiraron el fuero y lo encarcelaron por cometer fraude en contra de una mujer de la cual era apoderado legal. Otros señalan que el congresista era perseguido por manifestar su apoyo al general Bernardo Reyes, a quien proponía como vicepresidente.

 

El caso de San Luis Potosí 

Desde hace algunos años, eliminar el fuero se convirtió en una bandera de campaña, sin embargo, el avance para dar ese paso es poco claro. Recientemente Gerardo Serrano, diputado local por el Partido Verde, admitió que en el Congreso de San Luis Potosí existe un bloqueo por parte de los legisladores para evitar que la medida se apruebe.

Aunque Serrano no los mencionó por nombre, se sabe que la propuesta se encuentra congelada en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Óscar Vera Fábregat (Conciencia Popular) y en la de Gobernación, a cargo de Oscar Bautista (PRI).

Tampoco existe interés ciudadano, más allá de las declaraciones frente a la prensa, para presentar juicios políticos, ya sea por desconocimiento del protocolo, temor o apatía.

En entrevista, uno de los representantes de los grupos que firmaron el comunicado del frente ciudadano contra la corrupción, Lupillo González de Ciudadanos Observando, dejó entrever que las siguientes acciones que tomarán contra los diputados y trabajadores de la ASE implicados en supuestos actos de corrupción, no están encaminadas a buscar su desafuero (en el caso del José de Jesús Martínez Loredo no tendría que pasar por dicho proceso, ya que al haber renunciado a su cargo ha perdido su protección).

La Orquesta: ¿Cuáles son las acciones que tienen planeadas?

Lupillo González: Un combate real a la corrupción. Solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que venga y audite. Pedir que se nombre un fiscal anticorrupción surgido y elegido por la sociedad civil, que no sea nombrado por políticos. Queremos que el titular de la ASE no tenga compromiso y que no sea nombrado por diputados. Además pedimos una revisión de todas las cuentas públicas y que se haga partícipe a la sociedad civil.

LO: ¿Van a presentar la solicitud de juicio político?

LG: No, vamos por demandas penales y a exigir que se aplique la ley a fondo. Vamos a pedir la separación de los diputados de sus cargos hasta que se termine la investigación.

LO: ¿La figura de juicio político funciona?

LG: Hay pocos antecedentes, pero creo que con la presión social y poner este frente contra la corrupción como un ejemplo nacional, creo que va a funcionar bien.

 

¿Quién puede presentar un juicio y cómo se realiza?

A continuación se presenta una infografía que detalla los pasos que deben seguirse para solicitar un juicio político contra un funcionario público y los diferentes procesos por el que esta solicitud debe pasar:

 

 

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