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#Escándalo | Un PAN podrido en el Congreso

Cinco diputados blanquiazules están acusados de fraude fiscal por más de 300 mil pesos

Por La Orquesta

 

El día de ayer integrantes de la organización Ciudadanos Observando presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí en contra de los diputados Mariano Niño y Josefina Salazar Báez por un presunto desvío de recursos.

“Pudimos comprobar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que facturas que ya fueron cobradas el 28 de octubre de 2015 al Congreso del Estado ya están canceladas por el proveedor Angélica Peredo Gómez el 29 de febrero de 2016, siendo esto un fraude fiscal”, señalaron.

Aseguraron que las comprobaciones que utilizaron los legisladores quedan sin soporte por lo que deberían devolver el dinero y enfrentar el proceso penal correspondiente.

Esta denuncia se suma a la ya presentada en contra de los congresistas Héctor Mendizábal Pérez, Enrique Flores Flores y Héctor Meráz, también del PAN, por la misma situación.

“Los cinco diputados utilizaron las mismas facturas consecutivas emitidas en la misma fecha del 28 de octubre de 2015. Se podría considerar el delito de asociación delictuosa además de dañar los recursos públicos”.

Afirman que tan solo en el mes de octubre del 2015, los cinco diputados presentan un daño por 327 mil 458 pesos, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

 

*Mariano Niño: $75.596.00

*Josefina Salazar: $68,882.00

*Enrique Flores: $64,950.00

*Héctor Meraz: $59,552.00

*Héctor Mendizábal: $58, 478.00

Los problemas se acumulan para Enrique Flores

El asunto no quedó ahí. Además de los señalamientos provenientes desde el plano ciudadano, también hubo un movimiento de ficha a nivel institucional. Ayer mismo, durante rueda de prensa en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, Jorge Vera Noyola, afirmó que en el caso que se sigue al diputado Enrique Flores Flores por el delito de cohecho hay otras tres investigaciones abiertas.

“Se están investigando los hechos, hay al menos otras tres carpetas de investigación y si se determina que existen elementos para vincular a alguna persona se tendrá que proceder”, señaló Vera Noyola, quien se mostró reservado durante el evento argumentando que la PGJE no quiere “litigar el caso en medios”.

Cabe mencionar que la defensa de Flores Flores señaló que la Procuraduría cometió errores de procedimiento en la solicitud de su desafuero y la integración de la averiguación previa a su vinculación a proceso por lo que pretende que ello tumbe el caso en su contra e incluso fincar responsabilidades al titular de la dependencia, Federico Garza Herrera.

Al respecto, Vera remató que “si no hubiera elementos en la carpeta, no habría sido vinculado a proceso”.

 

El caso de Mariano Niño

El propio Jorge Vera Noyola declaró el lunes que el diputado Mariano Niño acudió ya a la Fiscalía General del Estado para declarar en torno a las acusaciones sobre su gestión de dinero “destinado” para apoyos a personas que no recibieron nada en realidad. Se sabe de al menos de cinco casos al respecto que han levantado gran revuelo mediático y que, hasta el momento, el legislador blanquiazul no ha podido aclarar.

El episodio más célebre ocurrió a finales del año 2016, cuando Marino Niño gestionó un apoyo en despensas por 86 mil pesos para un hombre de Ébano ya fallecido. Dicho apoyo quedó registrado en un documento firmado también por el diputado Fernando Chávez Méndez (PRI) y el ahora diputado con licencia Enrique Flores (PAN).

El delirio alcanzó tintes mayores en un documento adjunto a los registros: un texto de agradecimiento supuestamente firmado por el beneficiario el 19 de diciembre de 2016, algo imposible dado que él había fallecido el 11 de octubre de ese mismo año.

Pese a la evidencia documental, Marino Niño ha optado por desviar el tema y apuntar más bien a una posible conspiración en su contra.

“Lo que buscan es incriminarme”, fue su respuesta  al ser cuestionado sobre las solicitudes de gestoría aprobadas por el Congreso del Estado que resultaron, aparentemente, fraudulentas.

El escándalo fue tan grande que incluso su propio partido pidió a las autoridades una investigación de fondo. Alejandro Fernández Hernández, presidente en funciones del Comité Directivo Estatal del PAN, declaró que el partido desea que se investigue al diputado Mariano Niño por el uso de recursos públicos, y que se aplique la ley en caso de que resulte culpable.

Si bien el suceso salió a la luz hasta 2018, no fue la primera vez que algo similar se asociaba a Mariano Niño. En diciembre de 2017, Óscar David Reyes Medrano denunció al diputado por usurpación de identidad y falsificación de firmas de supuestos beneficiarios de los recursos gestionados ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Entre los afectados estaba el caso de Alicia Zapata Anguiano que mediante un oficio pidió 12 mil pesos a Mariano Niño para completar los gastos de traslado de su hijo que falleció en otra ciudad pero en los documentos recibidos viene una factura por 38 mil 836 pesos a nombre de la afectada con su firma y la del diputado. La supuesta beneficiaria apuntó que el diputado, a través de su oficina de enlace, le negó el apoyo solicitado, por lo que ni siquiera recibió la primera cantidad.

Otro caso similar sucedió con la profesora Alma Delia Terrones Flores, quién afirma no haber hecho ninguna solicitud de gestión al diputado y, sin embargo, en dichos documentos aparece una solicitud, la copia de su IFE, su firma y la del diputado, solicitando 5 cisternas y una factura de compra por 38 mil 500 pesos.

El turbio uso de recursos en el congreso

El manejo de recursos en el Congreso del Estado es un tema que ya ha levantado revuelo con anterioridad. El dinero utilizado por los diputados por diversos conceptos es avalado por ellos mismos y los organismos de fiscalización aún carecen de la habilidad, rigor o voluntad para exigir cuentas de manera efectiva.

La dinámica no se limita a un solo partido y más bien corresponde a un clima generalizado de despilfarro que busca la menor oportunidad para encontrar un cauce de aprovechamiento. Uno de los eventos más sonados fue el del año pasado, relacionado con los gastos aprobados para los informes de los propios legisladores quienes no escatimaron en rascar del erario para impresión de trípticos y otros materiales. En eso se fueron al menos dos millones de pesos, que, para mayor desdicha, fueron otorgados en su mayoría a empresas de dudosa procedencia.

De este modo, por ejemplo, se presentaron casos como el del diputado Sergio Desfassiux Cabello (PRD) al que en julio de 2017 le aprobaron un gasto de 74,994.41 pesos por la producción de un video, a los que hay que sumar 75,005.60 pesos por la impresión de trípticos a color relativos al informe. Un doblete que sumó un gol de 150,000.01 mil pesos.

Caso similar es el de la diputada Xitlálic Sánchez Servín, a quien en septiembre le aprobaron dos gastos para el informe. Primero, el de 75 mil 168 pesos por impresión de trípticos y, segundo, el de 74 mil 831.99 pesos, por una producción y postproducción audiovisual que en total suman 149,999.99 pesos.

Habría que preguntarse cómo es que los diputados eligen a sus proveedores de servicios, toda vez que los gastos son bastante elevados. Pareciera que al tratarse de recursos públicos (y no dinero de sus propios bolsillos) no hay cuidado ni limitaciones a la hora de elegir. Podrá haber diversidad entre las empresas contratadas, pero el costo siempre es alto.

Los proveedores de servicios son un detalle al que se le debería prestar más atención. No hay un filtro que ayude a encontrar la mejor opción ni se somete a concurso la solicitación de los trabajos. Los elegidos no son siquiera empresas líderes en su ramo, lo cual haría entendible sus altos precios. La norma son empresas desconocidas, de las que no existen mayores datos en línea y que dejan una incógnita. Otras de las facturas emitidas provienen de particulares, nombres de personas que lo mismo podrían ser ingenieros que diseñadores gráficos o médicos. Imposible saberlo.

Algunas de estas “empresas” que han facturado para congresistas y a las que se destinan cantidades que en suma resultan millonarias, son Comercializadora Zadro, Servicios Especiales La Comercial, Servicios OJEDI, Office Expres, Master Cparq, Multiasesores estratégicos, Guti Innovación publicitaria y Expertos En Servicios Corporativos Integrales, de los que no existe mayor registro ni referencia confiable.

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