Estado

Emite CEDH otra recomendación a la DGSPE por tortura

El 14 de marzo de 2013, este Organismo Estatal recibió la queja de una víctima solicitando la investigación de posibles violaciones a sus derechos humanos y el de su acompañante, en relación con la detención irregular y el maltrato en la detención que realizaron agentes de Seguridad Pública del Estado.

Manifestaron que el día anterior a las 12:00 horas, se encontraban afuera de un Condominio en la Colonia Rural Atlas de la Capital, cuando fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública del Estado, quienes lo subieron a la azotea de ese edificio, donde comenzaron a golpearlos, mientras que otros policías ingresaron al domicilio de la segunda víctima.

Precisaron que después los trasladaron a una bodega, donde le dieron golpes con una tabla en los glúteos, en las costillas y en el estómago, al tiempo que lo interrogaban sobre “la persona que vendía la droga”, y al no proporcionar datos, uno de los agentes dijo “a éste me lo sacan y lo tiran”; siendo llevado a la localidad El Peñasco, donde lo dejaron en un lugar despoblado.

La otra víctima precisó que en la azotea del condominio le dieron golpes en el estómago, al momento que le preguntaban “dónde estaba la droga y quién la vendía”, y que  junto a su acompañante fue trasladado a un lugar donde los policías bajaron una cortina metálica negra, que al introducirlo a ese lugar le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, golpeándolo en el estómago y en la espalda hasta que se desmayó, agresiones que realizaban mientras le preguntaban “para quién trabajaba… te vamos a  matar y te tiraremos al monte”. Al recobrar el conocimiento le pegaron en las rodillas y en el estómago además de pisarlo en los pies.

Lo trasladaron al edificio de Seguridad Pública del Estado, y antes de pasarlo con el médico legista, los agentes aprehensores le advirtieron que no dijera nada sobre las agresiones, ya que nuevamente lo golpearían. Posteriormente fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se radicó en su contra la Averiguación Previa. Los Derechos Vulnerados son: Libertad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica,  integridad y seguridad personal, y a la inviolabilidad del domicilio

De acuerdo con los datos que recabó personal de esta Comisión Estatal, se observó que la primera víctima, presentó hematoma de color violáceo en ambos glúteos, así como en ambas regiones de cara posterior del muslo; escoriaciones rojizas en el muslo derecho en forma de ovalo; hematoma rojiza que abarca la región lumbar y en la región  sacra; petequias en la región infraescapular izquierda y hematoma que comprende todo el abdomen.

La segunda víctima de acuerdo con las certificaciones médicas que le practicaron el 13 de marzo de 2013, por el perito de la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, señala que dicha persona presentó escoriación en codo izquierdo, equimosis vinosa en región escapular derecha y escoriación en ambas rodillas, información constatada con la certificación ministerial que realizó el  Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Combate al Narcomenudeo de la PGJE. Al igual que la certificación médica del 15 de marzo de 2013, que realizó personal de la Subdirección Médica.

La CEDH recomienda a la DGSPE: reparación del daño en favor de las dos víctimas que incluya el tratamiento médico y psicológico;  integración de la Averiguación Previa con motivo de los hechos de la vista que realice este Organismo; integración del Expediente Administrativo  que se inicie en la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública;  colaboración con este Organismo en el seguimiento e inscripción de las víctimas en el Registro Nacional Víctimas, previsto en la Ley General de Víctimas, y se incluya en el programa de capacitación a los elementos operativos así como a los médicos dictaminadores de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, el tema de derechos humanos, los derechos que prevalecen durante la detención, los procedimientos de certificación médica de los detenidos, así como de prevención de la tortura.

La tortura constituye una violación de lesa humanidad, que atenta contra la  seguridad e integridad personal, ejecutada directa o indirectamente por quienes  debieran prestan un servicio público, y en el presente caso, los agentes de policía, garantes de la conservación del orden y seguridad pública, tenían el deber de proteger a las personas, lo que no aconteció, ya que se causó dolor y sufrimiento  ambas víctimas.

Se trata de una acción reprobable cuya investigación es oficiosa al adecuarse con la  descripción del tipo penal que señala el artículo 282 del Código Penal del Estado  de San Luis Potosí, en relación con el numeral 2 de la Ley para Prevenir la Tortura  en el Estado de San Luis Potosí, de que la comete el servidor público que con  motivo de su cargo inflige a una persona dolores o sufrimientos sean físicos o  psíquicos, para obtener información o una confesión, o castigarla por un acto que cometió o se sospeche que haya cometido.

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