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El optimismo injustificado de Carreras sobre inseguridad

El gobernador aseguró que “sigue siendo un reto”, pero que “es un desafío de dimensión nacional”

Por El Saxofón

Con un incremento del 44 por ciento en la incidencia delictiva en el mes de agosto, previo a la presentación de su tercer Informe de Gobierno, a Juan Manuel Carreras no le quedó más remedio que reconocer que la inseguridad sigue siendo “un reto”, para su administración.

El mandatario, o quien le haya escrito el discurso para la ceremonia, recurrió al ya bastante esgrimido pretexto de que “Se trata de un desafío de dimensión nacional y que tiene también alcances internacionales”; en este orden de ideas, que “San Luis no es ajeno a esta difícil realidad que nos afecta en el país”, ya fue un remate previsible.

El párrafo siguiente del texto, fue otro lugar común en el discurso bastante gastado de políticos y funcionarios que hablan sobre el problema de seguridad:
“Es imprescindible continuar sumando esfuerzos con el gobierno federal, con gobiernos estatales, con autoridades municipales, inclusive con gobiernos de otros países, y por supuesto con la sociedad, para enfrentar este reto común”.

Luego, el mandatario volvió por un breve instante su mirada hacia las víctimas y reconoció, no sin matizar, que “aunque nuestro Estado se encuentra por debajo de la media de los índices delictivos observados en el resto del país, estos indicadores no subsanan el dolor de quienes son afectados por la delincuencia”.

Después de este esquivo mea culpa, Carreras López recobró el talante optimista, y mencionó las acciones que su gobierno ha realizado para tratar de contener al avance de la delincuencia.

Citó la puesta en marcha de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, la creación de la Fuerza Metropolitana Estatal; la entrada en operación del nuevo Centro de Control de Confianza, el C3; el fortalecimiento del Centro de Atención y Llamadas de Emergencia 911; la creación del nuevo Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, el C5i2, que estará en operación en el primer semestre de 2019.

Como otras medidas en el mediano plazo, mencionó “la Red Metropolitana ampliada de cámaras de video vigilancia, así como los centros regionales de Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y Matehuala, lo que permitirá que en 2019 contemos con un sistema de seguridad interconectado para todo el Estado”.

Anunció que “la Secretaría de Seguridad Pública contará con una nueva sede en los próximos meses que le permitirá mejorar sus capacidades operativas. Seguiremos modernizando su equipamiento e impulsando la profesionalización policial”.

El informe de Carreras destaca que «se puso en funcionamiento la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta; se creó la Fuerza Metropolitana Estatal; entró en operación el nuevo Centro de Evaluación y Control de Confianza C3.

Estas acciones pueden ser reales, comprobables, sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad, es evidente que no han dado resultados. El número de delitos se reduce en un mes, y al siguiente repunta de nuevo.

La delincuencia marca la pauta, el estado reacciona sin conseguir dar un buen golpe. Las corporaciones, desde luego, hacen su trabajo: hay detenciones, desarticulación de bandas, decomisos, aseguramientos, pero estas acciones no se reflejan en el número de delitos, que con reducciones esporádicas, mantiene una tendencia a la alza.

El discurso del Ejecutivo marca una distancia abismal con la percepción de los ciudadanos:
“Las acciones realizadas en estos tres años, nos permiten contener la incidencia delictiva con respecto a la tendencia nacional, lo que coloca al Estado por debajo de la media nacional y en el vigésimo lugar en la materia”, reza el informe.

Es probable, pero la percepción de inseguridad ha llegado a alcanzar al 89 por ciento de los potosinos, en este año. Es decir, en las circunstancias actuales, prácticamente 9 de cada diez ciudadanos tienen temor de convertirse en la siguiente víctima.

Afirma Carreras en su informe que en comparación con los primeros tres años “de las dos últimas administraciones de gobierno en la entidad, la incidencia delictiva se sitúa también por debajo, en un 27 y 17 por ciento, respectivamente”.

Es probable que así sea, sin embargo, también hay que considerar lo siguiente:
En los primeros tres años del gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, se registraron 4 mil 336 delitos de alto impacto (Homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículos).

La cifra acumulada en los primeros tres años de Juan Manuel Carreras alcanza las 6 mil 981 denuncias por delitos de esta naturaleza (contando solo hasta agosto de 2018).

La cifra sí es inferior a la de Fernando Toranzo, en cuya primera mitad de mandato, se registraron 9 mil 350 delitos de alto impacto, aunque cabe recordar que a esta administración le tocó enfrentar los años más aciagos de la inseguridad en territorio nacional y, citando a Juan Manuel Carreras, y a tantos otros que igual opinan, “San Luis no fue ajeno a esta difícil realidad”.

Cabe señalar que en la segunda mitad de ambas administraciones, la de Marcelo de los Santos y la de Fernando Toranzo, la incidencia delictiva fue a la baja, cabría esperar, por el bien de los potosinos, que así ocurra con Juan Manuel Carreras.

Las cifras oficiales revelan un comportamiento similar, al inicio de los gobiernos estatales, la incidencia delictiva crece, hacia la recta final, disminuye.



Algunas cifras del informe
Dentro de las detenciones relevantes en este año se destaca la detención de 258 personas dedicadas al narcomenudeo, 226 por portación de arma de fuego y 132 por robo de vehículo; asimismo destaca la recuperación de mil 299 vehículos y 196 motocicletas con reporte de robo y el aseguramiento de 232 armas de fuego.

Carreras destaca en el último año la recuperación de mil 299 vehículos robados.

Puede considerarse una buena cantidad, sin embargo, el gobernador omitió el dato de cuántos vehículos se robaron entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, pero para que lo sepa, amable lector, esta es la cifra: 2 mil 398.

Esto quiere decir que se recuperaron, aproximadamente 6 de cada diez vehículos robados en el último año.

Podría ser una buena cifra también, sin embargo, cabe mencionar que, según lo confirman los boletines remitidos por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la mayoría de los vehículos «recuperados», son hallados después de haber sido abandonados por los delincuentes, en cualquier punto de la ciudad, ya desvalijados por supuesto.

Y por qué no decirlo, además de que los ciudadanos que «recuperan sus vehículos» los hallan ya desvalijados, a estas alturas hay al menos 822 potosinos que no han recuperado las unidades que les han sido arrebatadas por los delincuentes.

Peor aún es el caso del robo de motocicletas:
Reporta Carreras en su informe la recuperación de 196 unidades, solo que le faltó decir que el total de unidades robadas entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, fueron 1 mil 158, lo cual quiere decir, que apenas se recuperaron el 16.92 por ciento de las motocicletas hurtadas.

Cabe decir que estas unidades son empleadas en diversos delitos, entre ellos los homicidios, y que, dadas las cifras presentadas por el gobernador, los dispositivos de seguridad orientados a la recuperación de estos vehículos no han funcionado.

En el texto del Tercer Informe, se lee que “Durante este periodo, con una inversión superior a los 3 mil 200 millones de pesos se implementó una nueva estrategia contra la delincuencia, que privilegia la coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y optimiza todos los recursos disponibles para la contención de la criminalidad”. Las acciones parecen claras, pero, ¿los resultados?


MÁS ROBOS, HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS QUE EN 2017

El índice delictivo de San Luis Potosí ha tenido variaciones poco significativas, ya que en la comparación de los periodos enero-agosto de 2017 y 2018, de los 11 delitos que registra la organización Semáforo Delictivo, solo cuatro: secuestro, extorsión, lesiones y robo a casa; han bajado sus cifras.

Los datos que arroja el Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en los ocho meses que van del 2018 se ha presentado un incremento en comparación con los ocho primeros meses de 2017 en temas como: feminicidio, que pasaron de 12 en 2017 a 19 en 2018; homicidio, de 298 de 2017, a 330 de 2018; narcomenudeo de 172 en 2017, a 316 en 2018; violación, de 314 en 2017 a 338 en 2018.

Según el reporte de incidencia del Semáforo Delictivo, en cuanto a feminicidios, violencia familiar y violaciones, las cifras han crecido. Ni siquiera en comparación con un mes y otro se han podido combatir de forma relevante, pues en lo que respecta a feminicidios, las últimas cifras de julio y agosto del 2018 indican que se mantuvieron tres casos en cada mes, las violaciones incrementaron de 43, ocurridos en julio, a 50 en agosto; y sobre violencia familiar, en agosto hubo solo 48 casos menos: 533, contra de los 581 de julio.

A pesar de las cifras mostradas por la organización Semáforo Delictivo, cuya fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General del estado tiene contemplados 42 muertes dolosas contra mujeres, de los cuales 21 han sido considerados feminicidios.

El último caso de muerte violenta de una mujer, clasificado como feminicidio en el estado, fue precisamente en agosto, con el caso de Macarena Márquez, abuela de la menor Mya Fernanda, y quien murió tras ser apuñalada en el tórax. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en la comunidad “El Zapote” del municipio de Rioverde.

 


MALOS DATOS SOBRE HOMICIDIOS

San Luis Potosí fue el séptimo estado del país que mejor recaba su estadística sobre asesinatos, pero solo alcanzó una calificación reprobatoria de 5.625 puntos, de 10 posibles, en el Índice de Datos sobre Homicidios de la organización Economics and Peace.

El rubro de la “calidad de datos” que aportan las autoridades potosinas sobre los homicidios ocurridos en el estado obtuvieron una calificación de 6, y la “convergencia entre las fuentes”, que mide que los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean los mismos que registra el Inegi, fue de 7.5, mismo puntaje que obtuvieron 27 de las 32 entidades de la República.

De acuerdo a Economics and Peace, una importante carencia para San Luis Potosí -y en general todo el país- es la falta de estadística acerca de homicidios que presumiblemente fueron cometidos por el crimen organizado. De este modo, la falla en los protocolos estadísticos se vuelve una negligencia que impide formular planes de fondo para aminorar el problema.

En el rubro de “definición” San Luis Potosí solo tiene 5 de 10 como calificación. Ese indicador califica que los datos se registren víctima por víctima “y no a partir del número total de víctimas o el número total de casos de homicidio. Las muertes que se registran en los datos sobre homicidios deben incluir las muertes por agresión, las muertes por intervención policial, las muertes en guerras internacionales o la intervención militar, las muertes en conflictos internos y disturbios civiles así como las muertes en legítima defensa. Los datos sobre homicidios no deben incluir suicidios, accidentes o muertes que no se hayan determinado como homicidios”.

 

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