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#CorrupciónInfinita | Red de desfalco por 30 mdp en el Congreso de SLP

Ciudadanos observando visitó empresas fantasmas que facturan al legislativo; todos los diputados están involucrados, dicen

Por: José Luis Vázquez y Roberto Rocha

 

En una rueda de prensa ofrecida ayer, el vocero de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, destapó una presunta red de corrupción al interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, misma que involucra a diputados, funcionarios y empleados que han facturado ayudas sociales por más de 30 millones de pesos, utilizando empresas que no existen.

González Covarrubias afirmó que los diputados que usaron más empresas fantasma fueron hasta el momento: José Luis Romero Calzada, Martha Orta Rodríguez y Esther Angélica Martínez Cardenas, del PRI; Josefina Salazar Báez y Mariano Niño, del PAN; así como Gerardo Serrano Gaviño, del Partido Verde; sin embargo, aclaró que los 27 diputados y sus suplentes están involucrados en lo que el activista bautizó como “El Honorable Gremio del Fraude”.

También mencionó que tan solo siete de esas empresas recibieron del Congreso del Estado de San Luis Potosí la cantidad de 25 millones 175 mil 928 pesos.

Esas empresas son: Comercializadora Delger, con 5 millones 168 mil pesos; Comercializadora Avidro, con 5 millones 131 mil pesos; A&M Insumos Para la Construcción, con 4 millones 558 mil pesos; Sistema de Comercialización Nava, con 4 millones 213 mil pesos; Globalizadora Universal de Mercadeo Nato, con más de 3 millones 372 mil pesos; Distribuidora de Alimentos Mafe del Potosí, con más de 1.66 millones y Grupo Zement con más de 1 millón de pesos.

“La mayoría de ellas son de reciente creación y tienen su dirección fiscal en colonias alejadas y ninguna presenta actividad comercial, ya que son realmente viviendas solas o que las habitan gente que asegura desconocer totalmente la existencia de una empresa”, dijo Lupillo González, el vocero de Ciudadanos Observando.

El documento de Ciudadanos Observando señala que las empresas que más operaciones han facturado al Congreso del Estado, sin que se encontraran operaciones en su domicilio fiscal son: Comercial Avidro, S.A. de C.V.; Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V.; A&M Insumos para la Construcción S.A. de C.V.; Distribuidora de Alimentos MAFE del Potosí, S.A. de C.V.; JOEF Innovadores, S.A. de C.V.; Comercializadora DELGER, S.A. de C.V.; Angélica Adriana Peredo Gómez; Grupo ZEMENT S. de R.L. de C.V.; Comercializadora y Distribuidora del Potosí LUSA S. de R.L.; Grupo GAHE de San Luis, S.A. de C.V.; Francisco Benjamín Lozano Canseco; Servicios Integrales CLARS, S.A. de C.V.; Servicios Globalizados OGAC, S.A. de C.V.; Consumos de Servicios Básicos, S.A. de C.V.; Construcción y Servicios de Obra Civil, S.A. de C.V.; Dimaconce, S.A. de C.V.; Smart Moon, S.A. de C.V.; Ei del Bajio S.A. de C.V.; Folmen S.A. de C.V.; Incicon RMC S.A de C.V.; Francisco Javier Acosta Ceja; Comercializadora Universal de Mercadeo Nato S.A. de C.V.; Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier S.C.; Comercializadora Ismalog S.A. de C.V.; María del Socorro Páez García; Alianza Comercial Marshall S.A. de C.V.; Construcciones y Servicios RIABRI S.A. de C.V.; Construcciones Horizontales del Potosí S.A. de C.V.; Comercializadora RIVGAR S.A. de C.V. y Centro Distribuidor de Materiales ARIEST S.A. de C.V.

González Covarrubias afirmó que comprar y expedir documentos apócrifos es un delito federal, por lo que existe una denuncia ante la Procuraduría General de la República. “Por estrategia pusimos la denuncia hace un mes, no les íbamos a avisar. Hay una denuncia en la PGR y con el SAT”, dijo, el vocero de Ciudadanos Observando y agregó que en próximos días dará a conocer los avances.

De acuerdo con un documento entregado por Ciudadanos Observando, los documentos utilizados en la investigación fueron obtenidos vía solicitudes de transparencia al Congreso del Estado, Ayuntamiento y Gobierno de San Luis Potosí.

De comercializadora Delger, la supuesta empresa fantasma que más dinero ha facturado al Congreso del Estado, el documento de Ciudadanos Observando señala: “La factura indica que en la dirección de Nicolás Zapata 570 altos se encuentra esta empresa. En cinco visitas realizadas en horarios distintos no se encontró ninguna oficina abierta, ningún rótulo, ni alguna evidencia de la existencia de esa empresa en el lugar señalado”.

Hasta ayer, Delger había facturado al Congreso 5 millones 168 mil 66 pesos, por adquisiciones hechas por los diputados José Luis Romero Calzada, Fernando Chávez Méndez, Martha Orta, Rebeca Terán y Óscar Bautista del PRI; J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD; Josefina Salazar y Enrique Flores, del PAN y Ricardo García Melo de Nueva Alianza.

De A&M Proveedora de Insumos para la Construcción S. A. de C. V., que facturó al Congreso 4 millones 558 mil 548 pesos con 25 centavos, el reporte de Ciudadanos Observando dice que en el domicilio fiscal registrado, en Cordillera Oriental 274 en Lomas 3era Sección, “no existe ninguna empresa, solo una casa abandonada que ni siquiera ha sido terminada y tiene el sello de obra suspendida. En las facturas aparece como teléfono un número con clave LADA del estado de Aguascalientes: 449 912 98 09. Al llamar, una grabación indica que no existe”.

A esta empresa están ligados los diputados Esther Angélica Martínez Cárdenas, del PRI y Sergio Desfassiux Cabello, del PRD.

Las empresas Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V. y Asesores y Consultores Potosinos Especializados, MUNA S.A. de C.V. comparten domicilio fiscal, en Nereo Rodríguez Barragán 1114 Interior 1, Col. Del Valle. San Luis Potosí, S.L.P.

Ciudadanos Observando señala en su informe que “En el lugar indicado como interior 1 se encuentra un negocio llamado DRIVE NOW (Escuela de manejo) con el teléfono 813-32-59, cuyo personal nos asegura que desconocen la existencia de la empresa Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V. y que en definitiva ese lugar fiscal nada tiene que ver con lo que se señala en las facturas que emite tanto Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V. como Asesores y Consultores Potosinos Especializados MUNA, SC”.

“Sistema de Comercialización Nava, S.A. de C.V. aparece en la lista emitida por el Sistema de Administración Tributaria por presuntamente simular operaciones y emitir facturas apócrifas y por tanto, se encuentra en forma definitiva en el listado a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B de la ley fiscal”, refiere el archivo de Ciudadanos Observando.

“A pesar de esto, la Oficial Mayor del Congreso del Estado, Beatriz Benavente, el Coordinador de Finanzas, Héctor Meraz González (hijo del diputado panista Héctor Meraz Rivera) y la Junta de Coordinación Política dieron trámite y otorgaron el visto bueno del pago a esta empresa por 4 millones 213 mil 122 pesos en lo que va de la actual Legislatura”.

“Hasta este momento hemos podido detectar siete personas que ya interpusieron denuncias penales en la Fiscalía del Estado porque aseguran les fueron falsificadas sus firmas y jamás recibieron ningún apoyo del diputado José Luis Romero, pero se pagaron facturas emitidas por la empresa Sistema de Comercialización Nava en el Congreso del Estado”, dice el documento de la organización.

A esa empresa están ligados los priistas Rebeca Terán Guevara, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Óscar Bautista Villegas y José Luis Romero Calzada y los panistas Josefina Salazar Báez, Jorge Luis Díaz Salinas, Mariano Niño Martínez y Xitlálic Sánchez Servín.

Sistema de Comercialización Nava tiene como socios a Sergio Muñoz Castillo y Martín Fermín Nava Castillo, que también aparecen como socios de la empresa Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier, S. C.

La dirección fiscal de Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier es Vallejo 786 Barrio de San Miguelito, San Luis Potosí, SLP. Ese domicilio lo comparte con Globalizadora Universal de Mercadeo Nato, S. A. de C. V. “cuyos socios aparecen con los nombres de Humberto Sánchez Zárate y Héctor Castillo Díaz. Esta empresa ha facturado hasta el momento $3,372,648.11 al Congreso del Estado en material para ayudas sociales”.

“Al presentarnos en este lugar, la persona que habita esta casa mencionó que ahí no existe ninguna empresa con ese nombre, ni tampoco existe empresa alguna en esa vivienda, situación validada por un vecino de nombre Ricardo P. que tiene su lavandería desde hace años a un lado”, menciona el documento de Ciudadanos Observando.

La organización liga a los diputados Gerardo Serrano Gaviño y Dulcelina Sánchez de Lira con Globalizadora de Mercadeo Nato.

A J. Guadalupe Torres Sánchez se le vincula también a la empresa Distribuidora de Alimentos MAFE, S. A. de C. V., que según Ciudadanos Observando, “La dirección fiscal que aparece en las facturas actuales (Avenida Ferrocarril 508-G) ya no existe porque desde hace muchos años esa calle cambió de nombre a Avenida Hernán Cortés”.

“Al presentarnos en la dirección real que es Hernán Cortés y en el local G, nos atendió la encargada de una lavandería y nos asegura que desconocen completamente la existencia de la empresa Distribuidora de Alimentos MAFE, S. A. de C. V. y que en ese lugar no es”.

De la empresa Comercializadora Avidro, S. A. de C. V., con dirección en Madrid 135, Colonia Jardines de Oriente San Luis Potosí, SLP, Ciudadanos Observando dice: “De acuerdo a la dirección que se muestra en el acta constitutiva de Juan Andrés Martínez Hernández, nos presentamos en ese lugar y una persona que vive en esa casa nos mencionó que él estaba trabajando en un bar de nombre Beto´s Blues que está en Avenida Venustiano Carranza número 910, comentando que no tiene ninguna empresa y que tal vez usaron sus datos. Nos indicó que era mejor que recurriéramos a su su primo de nombre Gerson Neftalí Hernández Delgado”.

“Al presentarnos en la dirección fiscal que se muestra en las facturas de Madrid 135 en la Colonia Jardines de Oriente, en San Luis Potosí, SLP nos atendió una señora que asegura vive ahí desde hace años y que en ese lugar no existe ninguna empresa de nombre Comercializadora Avidro, S. A. de C. V. y desconoce completamente las razones por las cuales aparece su dirección en esas facturas. El hermano de ella, que vive frente a este domicilio, valida también que en ese lugar nunca ha existido la empresa señalada”, menciona el documento.

A Comercializadora Avidro, Ciudadanos Observando liga a los panistas Enrique Flores y Xitlálic Sánchez; los priistas Óscar Bautista, Martha Orta, Rebeca Terán y Fernando Chávez; el perredista J. Guadalupe Torres y Ricardo García Melo, de Nueva Alianza.

A ella además se vincula a Adrián Jaramillo Portales, quien es empleado del Congreso del Estado y fungió como chofer de la oficial mayor del Poder Legislativo, Beatriz Benavente, cuando ella era titular de Inpojuve.

Sobre Grupo Zement S. de R. L. de C. V., con dirección fiscal en Amazonas 150-46 Colonia El Cortijo, en la ciudad de San Luis Potosí, y cuyos socios son Gilberto Turrubiartes Higuera, José Arturo Pérez Ramírez y Jorge Alberto Rodríguez Montaño, Ciudadanos Observando dice “al presentarnos en ese lugar no se pudo localizar a nadie, los vecinos validan que en ese lugar jamás se ha instalado o iniciado operaciones ninguna constructora o negocio de venta de materiales ni tampoco imprenta. El Congreso le ha pagado hasta el momento 1 millón 120 mil 863 pesos. Esta empresa fantasma comparte domicilio fiscal con la empresa Comercializadora y Distribuidora del Potosí Lusa S. de R. L. de C. V., de la cual tampoco hay evidencia de su existencia”.

Ciudadanos Observando ligó con esta empresa a los diputados José Belmarez, del PT y Jesús Cardona, de Morena. Según Ciudadanos Observando, “el diputado Jesús Cardona Mireles, del Partido Morena utilizó la factura 547, con fecha del 31 de octubre del 2017 por un monto de 38 mil pesos para supuestamente justificar la entrega de material de Construcción. Ha facturado en general al Congreso 1 millón 71 mil 263 pesos utilizando la dirección Circuito Interior Amazonas 150-46 Col. El Cortijo”.

“El apoderado legal de Grupo Zement, S. de R. L. de C. V. es José Arturo Pérez Ramírez y presenta ahora un domicilio fiscal diferente y asegura estar legalmente establecida en la dirección Amapolas número 200 de la Colonia Santa Rosa, San Luis Potosí. Además asegura contar con la capacidad jurídica, técnica y financiera para proporcionar los servicios contratados”.

“Al visitar personalmente el domicilio de Amapolas Número 200 Colonia Santa Rosa, nos atendió un señor de aproximadamente 47 años con playera negra que vive en el domicilio mencionado desde hace cinco años y asegura que en esa dirección no existe la empresa de nombre Grupo Zement S. de R. de C. V., ni tampoco vive ahí José Arturo Pérez Ramírez”.

“Una tercera dirección aparece en una factura pagada por la Secretaría de Cultura el 27 de marzo de 2017, pero ahora con la dirección de Circuito Lyon 144 Col. San Lorenzo en Soledad de Graciano Sánchez, SLP. En este tercer domicilio la vivienda está deshabitada desde hace más de 5 años, según nos aseguró el policía que controla el acceso al fraccionamiento. Vecinos también validan que esa casa lleva muchos años abandonada y que nunca ha sido ninguna empresa. Se puede observar en la entrada de la vivienda la palmera que impide el acceso a la vivienda lo que muestra que lleva muchos años deshabitada”.

La investigación de Ciudadanos Observando, en su sección de conclusiones, señala: “Todas las empresas que investigamos tienen en común que en los domicilios fiscales no existen realmente como empresas ni que vendan ni despensas, uniformes ni material de construcción. No existen datos ni información en medios que muestren una actividad comprobable y den cuenta que sean realmente empresas”.

“Muchas de estas empresas son ofrecidas mediante un catálogo por agencias de las llamadas outsourcing, varias de ellas ligadas directamente con diputados o funcionarios del propio Congreso del Estado de San Luis Potosí. También se detectó que pueden burlar con gran facilidad las leyes y al SAT para operar impunemente”.

 

ES CULPA DEL SAT: CONGRESO

Mediante un boletín de prensa, el Congreso del Estado respondió ayer que las contrataciones y pagos que se realizaron a proveedores de Gestoría Institucional, suspendidos desde enero de 2018, cubren los requerimientos que marca la ley para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El comunicado del Poder Legislativo explica que los proveedores son sujetos a procedimientos que marca el Código Fiscal de la Federación, y señaló que están debidamente dados de alta ante las autoridades hacendarias, sin embargo, acusó que la verificación del domicilio es responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Sobre una empresa boletinada en la “lista negra” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Congreso estableció que la relación con dicho negocio concluyó en marzo de 2017, “con fecha anterior a la que las autoridades hacendarias publicaron la información en el Diario Oficial”.

El Poder Legislativo informó que como requisito, cada uno de los cheques que se expiden como pago a proveedores, es nominativo y con abono a cuenta del beneficiario, es decir, que se pueden pagar solo a la persona cuyo nombre se indica en el documento. Sin embargo, el comunicado del Congreso no menciona si dichos cheques pueden ser endosados a terceros.

TODO ESTUVO EN ORDEN

La información dada a conocer ayer por Ciudadanos Observando explica que, de los 27 diputados, solo el nombre de Óscar Vera Fabregat y el de Lucila Nava Palacios no aparecen involucrados en los desvíos de recursos mediante empresas fantasma; sin embargo, Lupillo González dijo que ambos legisladores son cómplices, ya que pertenecen a la Junta de Coordinación Política, el órgano del Congreso que aprueba dichos apoyos.

Vera Fabregat dijo que estos señalamientos son una cortina de humo por parte del gobernador Juan Manuel Carreras López. “Desde allá es fuego amigo para tener entretenida a la gente… revisen allá y a los gobiernos municipales. Le mandan todo al Legislativo y arreglan para que todos los medios estén contra del Congreso”.

El presidente del partido Conciencia Popular aseguró que Congreso del Estado maneja una mínima cantidad de recursos comparado con el gobierno, “manejamos el 0.37 por ciento del presupuesto y Gobierno maneja 45 mil millones y no tienen una sola falla” dijo con sarcasmo.

NO SOY AUDITOR: TEKMOL

El diputado con licencia José Luis Romero Calzada señaló que los legisladores pertenecientes a la Junta de Coordinación Política son quienes aprueban las ayudas sociales, por lo que se deslindó de las acusaciones que hizo el vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González, por presuntos desvíos superiores a los 30 millones de pesos en el Congreso del Estado.

“Yo me deslindo totalmente de eso, yo no apruebo las cosas, ni yo soy de la Jucopo, ni soy de la Oficialía Mayor, todo eso tiene revisiones, no tengo nada que ver”, dijo.

Además, Tekmol aclaró: “No le digo mentiroso (a Guadalupe González Covarrubias), al contrario, aplaudo el trabajo que hace, pero creo que hay una mala información, en mi caso, yo verifico que la empresa que me ofrece el servicio tenga lo que me está vendiendo y que llegue a las personas”.

Romero Calzada reiteró que al final de todo ese proceso, quien autoriza lo que las personas piden es la Jucopo, y quien verifica si las empresas existen o no, es la Oficialía Mayor, “culparme a mí de eso no le veo ningún sentido, mi labor es otra, hacer leyes y gestionar, no andar de auditor”.

Romero Calzada aseguró que son “sentimientos personales” los que tiene Lupillo González en su contra; agregó que el vocero de Ciudadanos Observando no tiene un cargo en el estado de San Luis Potosí, “vivimos en un estado de derecho, no sé qué cargo tiene Lupillo para que lo que él diga sea ley. (…) Me apego a las leyes de mi estado, no tengo nada que ver, a mí no me depositaron el dinero, yo no tengo el dinero, yo no lo pagué, paga la Oficialía Mayor del Congreso y lo revisa la Jucopo”.

PAN PIDE CASTIGO PARA LOS INVOLUCRADOS

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) del municipio de San Luis Potosí, Maximino Jasso Padrón, señaló que será la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción la que determine un proceso para castigar a los que resulten responsables por los desvíos de recursos de más de 30 millones de pesos.

“Acción Nacional siempre se ha promulgado por la transparencia, nosotros hemos sido muy responsables en señalar incluso a nuestros funcionarios públicos que incurren en este tipo de arbitrariedades”, dijo el dirigente del PAN municipal.

Jasso Padrón mencionó que la imagen del Congreso del Estado se verá afectada a nivel nacional y agregó: “la propia Junta de Coordinación Política debería de tener mayor vigilancia en este tipo de uso de facturas”.

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