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Congreso, a un paso de penalizar el contagio de VIH… Otra vez

Secretaría de Salud, tratados internacionales y activistas están en contra de la propuesta.

Por María José Puente

Este jueves, en el Pleno del Congreso del Estado será votado un dictamen con proyecto de decreto que plantea la adición del delito de Peligro de Contagio al Código Penal del Estado de San Luis Potosí. De aprobarse, la nueva normativa establece penas y sanciones a quien o quienes pongan a otra persona en riesgo del contagio de “una enfermedad venérea u otra grave en período infectante”.

El documento, ya aprobado por las Comisiones de Justicia; y Salud y Asistencia Social, fue presentado en el Congreso por Esther Angélica Martínez Cárdenas, de la bancada priista. Ahí, la diputada expone que es necesario que el código penal potosino tome de molde la norma federal, donde el delito mencionado sí se contempla y establece una pena que puede llegar a los 5 años de prisión, igual que lo plantea el dictamen estatal.

Textualmente, en el dictamen se lee:

“Comete el delito de peligro de contagio quien, a sabiendas de que padece una enfermedad venérea u otra grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otra persona, por relaciones sexuales, u otro medio transmisible; será sancionado de un mes a tres años de prisión, y hasta cuarenta días del valor de la unidad de medida y actualización vigente.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión. Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse por querella de parte ofendida”.

Para las organizaciones de defensa de los derechos de la población LGBT y la propia Secretaría de Salud a nivel nacional y hasta estatal, dicha homologación es no solo anacrónica, sino que pone en riesgo a la población portadora de enfermedades como las que ahí se señalan y particularmente a quienes han sido diagnosticados o podrían serlo con VIH o Sida.

ERROR REPETIDO

En octubre de 2016, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis; en conjunto con el Instituto de las Mujeres intentó una movida legislativa similar, presentando un paquete de iniciativas que tenían como objetivo prevenir la violencia contra las mujeres.

El argumento, dice en entrevista Jeús Paul Ibarra Collazo, titular de Red Diversificadores Sociales; se dirigía en el sentido de que el índice de contagio de mujeres por la vía de sus cónyuges podría ir en aumento porque parte de la población masculina, abiertamente heterosexual, en realidad mantiene relaciones sexuales con otros hombres homosexuales, contrae la enfermedad y luego, al continuar con su pareja mujer, ella también resultaba contagiada.

Ibarra Collazo reconoce que la población homosexual masculina lidera la estadística de contagio de VIH o Sida, pues al mantenerse vivo lo que él llama homofobia interiorizada, el contagio y diseminación de la enfermedad por contacto sexual entre hombres incrementa el número de casos.

Independientemente de ello, la Secretaría de Salud envió un comunicado de prensa específicamente dirigido a Juan Manuel Carreras, a quien le pidió echar un segundo vistazo sobre la iniciativa pues, según tratados internacionales a los que México está suscrito, la medida que el gobernador y el IMES pretendían impulsar es inservible.

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida de la Secretaría de Salud hace un llamado para que se analice esta propuesta en el marco de las recomendaciones internacionales y nacionales en la materia, ya que la penalización o criminalización de las personas con VIH no es una política pública que ayude a la disminución y el control de la epidemia, muy por el contrario está demostrado que el establecimiento de restricciones, señalamientos o penas a personas con VIH no impide que propague el virus y existe poca evidencia de que las sanciones penales ‘rehabilitarán’ a una persona de modo que evite un comportamiento futuro de riesgo de transmisión del VIH” sentencia el comunicado.

Recibido el documento y tras un diálogo entre las dependencias estatales, Red Diversificadores Sociales y la presión del grupo Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, la iniciativa parece haber sido retirada; sin embargo, este 16 de marzo, nuevamente y ya aprobado incluso por las comisiones mencionadas, el dictamen será votado por los 27 diputados que integran el Congreso, sin que quede claro si la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas tiene conocimiento de la iniciativa anterior.

ESTIGMA, DISCRIMINACIÓN Y ESCASA POLÍTICA DE PREVENCIÓN

 Aunque la Secretaría de Salud apunta que “imponer penas solo puede justificarse en conductas que sean jurídicamente condenables, de modo que el derecho penal basado en este objetivo solo puede aplicarse legítimamente a un subconjunto de casos de transmisión del VIH” también remata que “esto no tiene nada que ver con el objetivo principal de prevenir la transmisión del VIH”.

Eso puede también verse como lo plantea APELCS: “Es muy difícil determinar la causalidad, el dolo, la intencionalidad ya que intervienen diversos factores en la trasmisión del VIH” además, como también secunda Paul Ibarra y reafirma la Secretaría de Salud, establecer medidas punitivas por el contagio de VIH o cualquier otra enfermedad podría inhibir la voluntad de los sujetos clave para someterse a las pruebas que finalmente sí han demostrado ser un paliativo para evitar el contagio.

Es decir, que al existir una pena por el contagio, automáticamente se establece una señal de alerta sobre los sujetos portadores, sean hombres, mujeres, niños o niñas, lo que puede favorecer la discriminación y el estigma sobre una enfermedad que, con el avance de la ciencia y las políticas públicas efectivas de prevención, ha dejado de ser, para una buena parte de la población, una sentencia de muerte.

APELCS, por su parte, exhorta “a las y los integrantes de las Comisiones de Salud; Justicia y asistencia social; en particular a la Diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas a reconsiderar la penalización del VIH y a bajar esta iniciativa, pues colocarían a las personas con VIH bajo un estatus de posibles criminales, contraviniendo a su dignidad como personas, atentando a sus derechos humanos y estigmatizándoles por su condición de salud”.

Paúl Ibarra, por otro lado, señala lo que a ojos vistas parece saltar y es que existe una desarticulación entre los poderes del estado, pues el regreso de este intento de modificación al Código Penal, denota que la diputada que la promueve no tomó en cuenta el antecedente de octubre, ni tuvo conocimiento del pronunciamiento en contra hecho por la Secretaría de Salud, RDS y APELCS hace escasos 5 meses.

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