Uno de cada tres proyectos municipales, son para favorecer al “Chato” López y caciques

Por: Roberto Rocha

El abogado Carlos Covarrubias Rendón acusó ayer en rueda de prensa que las obras realizadas por la administración de Xavier Nava Palacios en la zona de Tierra Blanca solo buscan llevar a la modificación del uso de suelo en ese sector de la ciudad, esto en beneficio de los constructores Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.

En total, del paquete de 82 obras públicas declaradas por el gobierno de Nava Palacios, que se iniciaron entre octubre y diciembre del año pasado, 29 fueron en Tierra Blanca. Covarrubias Rendón dijo que “Xavier Nava hace obras de relumbrón para cambiar el uso de suelo. Le decimos claramente que nos decepciona”.

Esas 29 obras representan más de la tercera parte del total de los proyectos que inició el Ayuntamiento en todo el municipio. Para obras en la zona de Tierra Blanca, que corresponde a la comunidad de San Juan de Guadalupe, la administración que encabeza Xavier Nava Palacios ha invertido 13 millones 397 mil 69 pesos con 60 centavos.

El abogado, que representa a comuneros de Tierra Blanca y San Juan de Guadalupe, mencionó en rueda de prensa que el alcalde Xavier Nava ya decidió hacer el cambio de uso de suelo en los terrenos de esas comunidades, sin que hasta el momento se haya modificado el Plan del Centro de Población Estratégico para San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Covarrubias Rendón presentó a La Orquesta documentos en los que las empresa Espacios en el Horizonte SA de CV  e Inmobiliaria Cañada de Lobos, propiedad de Alejandro Tamayo Ibarra, entregaron como prueba a la Procuraduría Agraria una decisión tomada en sesión de cabildo del 28 de febrero de 2013, durante la administración de Mario García Valdez, en la que se aceptaba la viabilidad del proyecto, pero no se autorizaba el cambio de uso de suelo en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito. “La sacaron del escombro del Plan de Desarrollo de Mario García Valdez”, dijo Covarrubias Rendón.

La prueba de Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos, que no tiene efectos legales al no existir el cambio de uso de suelo, es parte de una solicitud de opinión de la Procuraduría Agraria, sobre la cesión de 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, a la sociedad mercantil de nombre Reserva San Luis SA de CV, también propiedad de Tamayo Ibarra.

Con esos antecedentes, Covarrubias Rendón explicó que existe ya una convocatoria para que la comunidad de San Juan de Guadalupe determine en asamblea la cesión, aún no autorizada de esos terrenos, para el próximo 13 de enero, algo que no puede hacerse debido a que no se ha cambiado el uso de suelo.

“Que no nos sorprenda que en la próxima sesión de cabildo se actualice el Plan de Población en San Juan de Guadalupe y sea autorizado el cambio de uso de suelo, es necesario si se quieren aventar la asamblea del 13 de enero”, dijo el representante de las comunidades. “Ya se escucha en el fondo la música de romance que se están dedicando Xavier Nava y los constructores, que ya tienen su idea de cómo será el municipio para 2020, 2030 y 2040”.

Para Covarrubias Rendón y sus representados, comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, lo que realiza el Ayuntamiento de Xavier Nava y los desarrolladores de vivienda, con las construcciones municipales en Tierra Blanca es “una guerra de baja intensidad”, con la que buscan la apropiación de esos terrenos a partir del asistencialismo manipulable, a través de la obra pública, “para lo que usan toda la fuerza del estado, la inteligencia. Al final, el resultado que buscan es que los hijos de los comuneros no estén inconformes con la cesión de los terrenos a empresas particulares”.

En respuesta a las obras del Ayuntamiento, Xavier Nava Palacios obtendría de Alejandro Tamayo Ibarra y Carlos “El Chato” López Medina favores políticos: “Nava espera ser gobernador en 2021, en su entorno hay desarrolladores de vivienda, que de alguna u otra manera significaron la suma de recursos para su triunfo electoral del 1 de julio pasado. Los desarrolladores de La Garita pusieron dinero en el cochinito de la campaña de Xavier Nava, quien ahora funge como facilitador para esas empresas”.

Los avalúos que Tamayo Ibarra y López Medina han hecho a las tierras comunales en San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito dan un costo por metro cuadrado en esos terrenos de 83.63 pesos, mientras que en la misma zona, en Club de Golf La loma, Desarrollo del Pedregal, Residencial La Tenería o Peña Blanca, venden en costos superiores a los 10 mil pesos el metro cuadrado. “Con la cesión de derechos a las constructoras, ellos controlan el 60 por ciento de la escritura social, tiene todo el peso específico. Así le van a hacer, esto genera movilidad financiera para poder vender al precio que les venga en gana”.

Eso mismo se busca en otros sectores de la ciudad, de acuerdo con Covarrubias Rendón. “Además del proceso en Tierra Blanca, el equipamiento en varias zonas como La Pila lleva el objetivo de transferir ‘obra’ por impuestos”.

“Las ganancias para el sector empresarial serán del 60% y de los comuneros del 40%, desde luego sin que exista opinión emitida sobre el proyecto de desarrollo, ni tampoco se conozca fielmente el manejo financiero del proyecto esto será controlado al gusto de los fraccionadores”, explica un documento enviado por comuneros de San Juan de Guadalupe al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Además, Covarrubias Rendón mencionó que es necesario revisar quiénes son los constructores que la administración municipal asignó directamente, sin proceso de licitación, para las 29 obras que realiza el Ayuntamiento en la zona de Tierra Blanca, pues seguramente serían de inversionistas ligados a “El Chato” López y a la empresa Century 21, propiedad de Tamayo Ibarra.

El defensor de los comuneros de Tierra Blanca y San Juan de Guadalupe además dijo que es una afrenta que la administración municipal no considere una declaratoria de protección a esa zona de la ciudad.

 

LA MISMA HISTORIA

Covarrubias Rendón ejemplificó para La Orquesta que el tratamiento que las desarrolladoras de vivienda y las autoridades municipales quieren hacer en Tierra Blanca es una réplica de lo ocurrido hace años en La Garita de Jalisco.

En aquel momento, hace más de 25 años, además de la creación de obra pública en aquella parte de la ciudad, se había prometido entregar dos terceras partes del terreno en donación para reservas ecológicas, explicó el abogado. “Pero este es el negocio del siglo. Pasaron por encima de quien gobernaba la ciudad y San Luis Potosí les quedó chiquito”. Al final, siguieron fraccionando hasta que la reserva de La Garita fue reducida a cero.

“Por eso, el edificio del Poder Judicial de la Federación está en los fraccionamientos de la Garita; allá hay también hay terrenos a destinar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, todo esto como pago de favores tras el uso del que era entonces una zona protegida. En aquel momento, los navistas eran regidores, cuando el terreno tenía 200 hectáreas de reserva ecológica”.

Para San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, de las 2 mil 64 hectáreas, Reserva San Luis SA de CV, del “Chato” López y Alejandro Tamayo, pretende poner solamente 720 hectáreas vendibles, con la promesa de otorgar el resto, dos terceras partes, a reservas ecológicas, pero con la intención de ir reduciendo esa reserva conforme avance la venta de terrenos, explicó el abogado.

AMLO, UNA SALIDA

Comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito entregaron al presidente López Obrador un texto en el que explican la situación en esa zona de la ciudad y le solicitan que investigue a la directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Agraria, Alejandrina Gámez Rey, acerca de su actuación en este caso y se le destituya en caso de que se le encuentre responsable de alguna ilegalidad.

Además que se investigue a la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), por su actuar respecto a las tierras de la comunidad de San Juan de Guadalupe y que la Procuraduría Agraria declare la nulidad de la asamblea comunal del próximo 13 de enero, para aportar las tierras de uso común de esas localidades a Reserva San Luis SA de CV.

“Los empresarios señalados, encabezados por Carlos López Medina, intentaron acercarse a Usted en su última visita a nuestra Ciudad, y desplegaron una estrategia para obtener una opinión favorable para constituir la “Inmobiliaria Reserva” ante la Procuraduría Agraria”, menciona el texto enviado por comuneros al presidente López Obrador, el 8 de enero de 2019.

“No se trata de que “El Chato” le dé un dossier a Esteban Moctezuma Barragán y se tome una foto con López Obrador detrás”, dijo Carlos Covarrubias Rendón. “Ya su equipo tiene una carta y Andrés Manuel nos tiene que escuchar, es un asunto muy serio, tendría que ser un escándalo nacional”.

“Tenemos mucha fe en que se resolverá en favor de los comuneros de San Juan de Guadalupe”, mencionó Covarrubias Rendón, “en la rueda de prensa de ayer nos reunimos muchos grupos de comuneros, algo que no es nada fácil: estaba el Grupo Emiliano Zapata, el grupo de Aniceto Jasso y la Familia García, quienes han peleado por sus tierras por muchos años, por ejemplo”.

 

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